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Trabajo sucio

Mientras un trabajador intenta demostrar que se enfermó por trabajar en Arrozal 33, la Institución Nacional de Derechos Humanos concluye que los organismos estatales no son eficientes a la hora de velar por la salud de aquellos que conviven con la producción agrícola. En ese marco, su presidenta, Mariana Mota, plantea que es hora de “ponerse a hablar en serio” sobre la afectación por plaguicidas.

“Usted tiene cada vez más cosas”, cuenta Julio que le dicen cada vez que va al médico. El jueves 6 estuvo todo el día de consulta en consulta y anoche no pudo dormir.

Julio toma ansiolíticos para dormir, sin embargo ayer estuvo toda la noche vomitando. Pero decir que Julio toma ansiolíticos no da cuenta ni de una ínfima parte de su medicación. No sabe cuántas pastillas son, “es un disparate la cantidad que tomo”, y además está el oxígeno, el Ventolín, la insulina.

Julio empezó con una micosis pulmonar, o por lo menos ese fue su primer diagnóstico cuando el año pasado los médicos le dijeron que le encontraron polvillo de arroz y hongos en los pulmones.

Neumopatía pulmonar por enfermedad ocupacional” y “micosis por agrotóxicos”, dejó asentado el médico en su historia clínica.

Enfermedades “casuales”

Ahora sabe que tiene fibrosis pulmonar, que perdió un 30 por ciento de sus pulmones, que tiene una diabetes que tanto le produce una baja de glucosa en sangre como un aumento –“cuando me baja, quedo todo ensopado, cuando me sube empieza el ardor en las piernas, el dolor de cabeza, también me sube la presión”.

Sabe, además, que tanto esfuerzo le agrandó el corazón y que tiene arritmia; lo último es que se le agarrotan las manos, los brazos, y los médicos exploran si también tiene reuma.

En Arrozal 33, Julio era herrero. Durante cuatro años cortó tanques de plaguicidas con soplete y respiró el humo blanco que desprendían, reparó máquinas que se usan para aplicar herbicidas o levantar la cosecha, vivió en el pueblo de los trabajadores, al lado de las plantaciones, usando el agua contaminada.

“Cuando me enfermé mandaron limpiar todo, hasta los ranchos de barro y madera” del poblado. “Pintaron las casas y hasta cortaron el pasto, salvo en la nuestra, que ni pintaron ni cortaron, y yo, que quedé inútil y me canso enseguida, tampoco podía con la cortadora.”

Un recipiente con un plaguicida vencido a metros de un cauce de agua que desemboca en la laguna Merín.

Pero Julio guarda fotos y videos que muestran las casas de los trabajadores rodeadas por las plantaciones de arroz, los recipientes de plaguicidas tirados en el piso, mojando la tierra, al lado de un curso de agua que conecta con la laguna Merín.

O muestran que del hangar sale la avioneta, fumiga, pega la vuelta por el pueblo, en ocasiones descarga los restos de químicos arriba de las casas de los trabajadores o, sin vueltas, directamente arriba de los trabajadores (véase parte del material documental en brecha.com.uy).

Siempre el glifosato

Julio guarda cuentos también, como cuando arreglando un mosquito se empapó de glifosato, y un compañero se acercó a advertirle, y su encargado no le permitió ir a cambiarse.

En esta historia intervino la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), porque “la situación familiar narrada era grave y requería del esfuerzo y la coordinación de diferentes organismos del Estado”; según se da cuenta en una resolución del 31 de julio.

Los médicos del Banco de Seguros del Estado le decían que tenía que irse del pueblo de Arrozal 33, porque allí seguía en contacto con lo que lo había enfermado.

“Parecía a propósito: antes de que nos viniéramos (a San José), un día contamos que el avión pasó 32 veces por arriba de la casa. Había días que andaban de a tres avionetas”, cuenta ahora el trabajador.

Julio no tenía plata para irse, “la Intendencia de Treinta y Tres no respondió ni demostró interés en la situación del trabajador” y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no encontró durante 2017 una solución.

“No hay viviendas disponibles actualmente en el departamento. La familia no reúne condiciones para ser derivada a los programas de proximidad”, reportó el Mides a la Inddhh. Finalmente, en abril de este año Julio accedió a un subsidio de alquiler y pudo mudarse a San José.

Pero tampoco es que su situación esté resuelta. Los 11.164 pesos de prejubilación se le van en medicamentos.

Su compañera, Susana –que trabajaba en la arrocera cargando una mochila y aplicando glifosato a las veredas–, también está enferma y con licencia médica, es madre de dos hijas y cobra una cifra similar.

Julio tiene 43 años y no va a poder volver a trabajar.

Un recipiente de plaguicida es utilizado como ducto de desagüe. Estos envases eran cortados por Julio en los galpones.

Los otros

Desde la Institución se hizo un racconto de la situación de Julio y también se “consideró importante verificar los controles estatales realizados en la empresa” para determinar la situación del resto de los trabajadores y de los habitantes de la zona, además de una “eventual contaminación ambiental”.

Para eso, se pidió a la Intendencia de Treinta y Tres y a los ministerios de Salud (MSP), Trabajo (Mtss), Ambiente (Mvotma) y Agricultura (Mgap) información sobre anteriores denuncias, controles y actas de inspección.

El Mvotma y el Mgap no contestaron. En el primer ministerio, el trámite pasó por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), desde donde la empresa fue multada el año pasado por no renovar su autorización ambiental de operación.

Luego fue elevado a la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), ya que en el sistema se indicaba que esa dirección había recibido una denuncia contra la empresa.

Allí se traspapeló “por un cambio en el sistema de expedientes electrónicos”, dijo a Brecha Daniel Greif, quien se encuentra al frente de la Dinagua, y luego aseguró que se dará una respuesta a la Inddhh a la brevedad.

La denuncia, que era vieja, no tenía que ver con contaminación por agroquímicos, sino con el uso del agua. Un vecino se quejaba de que la empresa tomaba agua de un curso y le disminuía la cantidad que le llegaba”.

Mientras tanto, “el ministro (de Agricultura, Enzo Benech) nos dijo durante una reunión, ‘ay, qué barbaridad, yo pensé que ya estaba contestado’, pero le mandamos de nuevo el oficio y nada”, contó a Brecha Mariana Mota, presidenta de la Inddhh.

Y abundando sobre respuestas insatisfactorias agregó que desde la Intendencia de Treinta y Tres “cuando les preguntamos si hacían inspecciones a los pozos de agua, nos dijeron ‘sí, sí’, y cuando les consultamos si las hacían de oficio, nos contestaron que únicamente a pedido de la empresa. La empresa no te va a pedir que le hagas inspección, salvo que la necesite para alguna habilitación”.

Fumigación permanente

Las casas del pueblo donde viven los trabajadores están rodeadas de plantaciones de arroz que son permanentemente fumigadas.

Por su parte, el MSP respondió, pero no adjuntó el acta de la inspección que realizó el 19 de abril de este año.

Fueron algunos trabajadores del ministerio los que acercaron una copia y permitieron conocer que la empresa no tenía “un plan integral de salud ocupacional” ni un “plan de vigilancia médica”, y otras carencias.

Ahora, ante la consulta de Brecha, desde el MSP informaron que se comparten las recomendaciones de la Inddhh.

Es decir que es necesario “fortalecer la actuación articulada de los organismos”, que “resulta fundamental la participación activa de la Dinama”, que hay que “dar énfasis a la propuesta de definir subcategorías dentro de la zona rural que permitan delimitar perímetros de exclusión” a la producción agropecuaria y “mejorar los procedimientos administrativos atendiendo a la celeridad”, además del “acceso a información de la población”.

Desde el ministerio explicaron que no se han aplicado sanciones a la empresa, pero se realizará una nueva inspección –de la que participará personal de Salud Ambiental y los fiscalizadores que asistieron el 19 de abril–, y que el ministerio está trabajando en la formulación de un plan de vigilancia de trabajadores expuestos a plaguicidas.

Ignorancia y temor

En el basurero del pueblo se queman cajas de glifosato en polvo.

Mientras tanto, el Mtss informó a la Inddhh que en 2017 existían ocho expedientes abiertos sobre Arrozal 33, por los que ya se habían dispuesto cuatro sanciones.

Según dijo Gerardo Rey a Brecha, “es de las empresas del sector que comete incumplimientos más seguido”, y añadió que hoy existen cinco nuevos expedientes abiertos que posiblemente terminen en nuevas sanciones.

Los trabajadores no conocen el grado de exposición que tienen a los productos ni que están arriesgando su salud, planteó Mota, “ni siquiera les parece que esté mal porque desconocen las condiciones en las que deberían trabajar”.

Sin embargo, “cuando nos reunimos con los trabajadores había miedo de lo que podía pasar, porque no se sienten protegidos. Lo que se ve es que el Mtss aplica multas y todas han sido recurridas, mientras tanto no pagan, y mientras tanto no cambia nada. Habría que ponerse a hablar en serio de cómo se está trabajando este tema”.

Para la presidenta de la Inddhh “la prevención tiene que ser la primera línea de trabajo. Es importante que haya un diálogo entre los organismos para ver qué se tiene que hacer, más cuando aparecen casos” como el de Julio.

El juicio laboral

Sentar un precedente

La primera audiencia de conciliación entre Julio y los abogados de Arrozal 33 es el lunes 10.

“La empresa ha negado todo y hasta contrató un estudio en el que se sostiene que la enfermedad de Julio puede haber sido previa (a su trabajo en el arrozal). Ha estado muy reacia incluso a hacer algún tipo de ofrecimiento”, cuenta el abogado Justino Moraes, que presentó una demanda laboral y espera que al trabajador se le pague por daños y perjuicios.

“Los médicos que lo atendieron son contestes en decir que la enfermedad fue producto de su actividad laboral, a partir de la exposición a agentes químicos. Entendemos que la actividad desarrollada en Arrozal 33 fue la causa de los graves daños de salud que él tiene, que realmente lo dejó incapacitado, que le truncó la vida”.

Además del testimonio de los médicos, Moraes apelará al acta de una inspección del Banco de Seguros del Estado, en la que queda asentado que cuando Julio ya no trabajaba para la empresa, todavía no habían instalado extractores industriales en los galpones para sacar el humo que se generaba al soldar los tanques de plaguicidas.

“Los médicos dicen que el contacto con sustancias tóxicas le provocó la enfermedad pulmonar que tiene, y que fue esa enfermedad la que derivó en problemas de diabetes y cardíacos”, aclaró.

“No hay control”, concluye, “entonces no están cumpliendo. Yo puedo entender los temas presupuestales, que hay pocos inspectores, todo tiene una explicación, pero eso demuestra que el Estado no está siendo eficiente en este tema.”


(Convenio Brecha-Rel-UITA. Publicado el viernes 7 de septiembre de 2018. Los intertítulos son de La Rel).