(…) Vivimos una coyuntura histórica, política, económica y social muy particular, ya que éste es un año electoral.
En pocos meses más los argentinos concurriremos a las urnas para decidir sobre la continuidad o no del actual gobierno, y este es un tema sobre el cual los trabajadores tenemos mucho que decir.
Hoy es más que claro que a la clase trabajadora argentina no le puede resultar indiferente la continuidad o no del plan económico, ni la profundización del modelo social y laboral del macrismo.
Casi cuatro años después que asumiera la presidencia del país el ingeniero Mauricio Macri tenemos a la vista datos más que suficientes para juzgar su labor de gobierno, y para conocer los valores y principios con los que él y sus funcionarios se manejan.
Podemos entender, y hasta justificar, que un sector importante de la sociedad argentina haya pensado en 2015 que votar al ingeniero Macri era la opción correcta, pero persistir hoy en el error es imperdonable.
Apenas asumió y designó su gabinete, debimos darnos cuenta de la orientación que tendría su gobierno: vimos a un empresario que llenó los ministerios y secretarías de gerentes de los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros.
No era muy difícil adivinar qué intereses iban a defender. Los de la clase trabajadora y los de los sectores sociales más vulnerables, seguro que no.
Los resultados están a la vista.
Se registra una inflación galopante e indomable que día a día nos come el salario; transitamos 2019 con una economía en recesión por segundo año consecutivo; se destruyeron empleos y creció la desocupación; aumentó la pobreza; tenemos un producto per cápita inferior al de diez años atrás.
Las tarifas de los servicios públicos se han hecho impagables; volvemos a depender de una buena cosecha para poder generar divisas e ingresos fiscales que permitan sostener el brutal endeudamiento del país, mientras el Fondo Monetario Internacional nos dice lo que tenemos o no tenemos que hacer.
Además, el gobierno está esperando acumular mayor poder político y mejorar su representación parlamentaria para imponer una “reforma laboral”, eufemismo que quiere decir despojar a los trabajadores y trabajadoras de sus derechos y conquistas.
Se busca aplicar un modelo de relaciones obrero-patronales en el cual la vida laboral y personal del trabajador está condicionada por las necesidades de la producción y la demanda del mercado, en un marco de inestabilidad e inseguridad en el trabajo.
En el plano colectivo se profundizará el proceso para debilitar y disciplinar el movimiento sindical (recordamos las multas multimillonarias a Camioneros y otros gremios), reprimir las huelgas y los conflictos sociales, y condicionar la negociación colectiva a “techos” salariales arbitrariamente impuestos por el gobierno.
No es aventurado predecir que también se continuará utilizando a la justicia penal para intervenir sindicatos, eludiendo el procedimiento regulado por la Ley Sindical 23.551.
Los jubilados ya han padecido, con este gobierno, una “reforma previsional” arbitraria e injusta, y todo hace suponer que se intentará una nueva vuelta de tuerca.
Son los que, junto a los trabajadores y trabajadoras, soportan el peso del ajuste, mientras los bancos y el poder financiero ganan fortunas, como nunca en la historia.
Por todo lo dicho, es claro que no hay otra opción que confrontar con este gobierno y trabajar para impedir su reelección. Asi de simple.
Claro que para ello es imprescindible la unidad de la clase trabajadora y el movimiento sindical argentino, confluyendo con los movimientos sociales y demás organizaciones populares, sin sectarismos ni prejuicios ideológicos.
Confiamos plenamente en la capacidad de organización, movilización, resistencia y lucha de los trabajadores y trabajadoras, que no permitirán la continuidad de un modelo económico y social, que sólo genera hambre, desocupación y opresión.