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Amplían zona de exclusión de fumigaciones tras denuncias de vecinos

Acorralando a los agrotóxicos

“Está en cuestión la salud de niños y adultos”, consideró un juez federal argentino al definir “un límite restrictivo y de exclusión” para las fumigaciones de agrotóxicos en la localidad de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. En su fallo, el juez Carlos Villafuerte Ruzo amplió a 3.000 metros la distancia mínima de las zonas pobladas para la aplicación de fumigaciones áreas de plaguicidas y a 1.095 metros en las fumigaciones terrestres.

El magistrado se pronunció tras conocer estudios que hallaron “glifosato en sangre y en orina de personas, con un incremento en los marcadores sanguíneos de daño cromosómico”.

Las investigaciones desarrolladas también encontraron “un amplio cúmulo de moléculas de plaguicidas en aguas y suelo” y confirmaron que “el agua no resultaba apta para consumo humano”.

En junio pasado, un informe de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires había determinado la presencia de 18 sustancias tóxicas en el agua potable de Pergamino.

Villafuerte extendió con su fallo, emitido a comienzos de mes, una restricción anterior al uso de “plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos” que prohibía fumigar esos productos a menos de 600 metros de las viviendas.

Entre los formulados comerciales afectados figuran tres variantes del RoundUp, el famoso agrotóxico fabricado por la transnacional Monsanto, adquirida por Bayer.

La decisión del magistrado de la localidad de San Nicolás se suma a otra de julio pasado de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que prohibió las fumigaciones en el municipio de General Pueyrredón a menos de mil metros de los centros poblados y ordenó crear zonas de “desarrollo agroecológico”.

Decisiones similares habían sido emitidas en otra de las provincias sojeras de Argentina, la de Entre Ríos, que no fueron cabalmente respetadas por el gobierno local.

Prueba viviente

Rocafuerte intervino en este caso tras denuncias de dos vecinas gravemente afectadas en su salud por las fumigaciones con glifosato.

Una de ellas, Sabrina del Valle Ortiz, perdió un embarazo en 2011 justo después que un avión fumigador lanzara su carga de agrotóxicos sobre una plantación de soja transgénica vecina a su casa.

Un médico le aseguró que había sido intoxicada por los agroquímicos, pero se negó a certificarla por miedo a que “lo mataran”, según le dijo a Del Valle.

También sus hijos fueron contaminados y se les encontró 100 veces más de glifosato en sangre que lo tolerado, de acuerdo a informes toxicológicos. Su hija estuvo dos años en silla de ruedas.

“Somos pruebas vivientes de los daños que causan estas porquerías”, dijo la mujer meses atrás.

Sabrina del Valle se recibió luego de abogada y hoy es uno de los puntales de Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, una asociación hermana de otras que operan en otras localidades del “núcleo sojero” de Argentina e intentan hacer valer los derechos de los habitantes.