Así lo plantea una nota publicada recientemente en la revista Ozy, que vincula uno de los pilares del modelo agrícola, el uso de agrotóxicos, al deterioro de la salud de los brasileños.
En 2019, recuerda el texto, “el Instituto Nacional de Cáncer preveía que habría alrededor de 600.000 nuevos casos de cáncer, la segunda causa de muerte en Brasil”, un aumento de 75 por ciento respecto al año 2000.
“Es probable que algunos de esos cánceres estén vinculados al uso de plaguicidas. Pero eso no es todo: en las zonas agrícolas del país, donde más se utilizan los agrotóxicos, hay una mayor incidencia de defectos de nacimiento”, señalaba la autora del artículo, la periodista y escritora Beatriz Miranda, citando investigaciones sobre el tema.
“Y mientras en los últimos años otros países han adoptado medidas para restringir el uso de plaguicidas — teniendo en cuenta los efectos que tienen no solo en los seres humanos sino también en fauna esencial, como son las abejas polinizadoras — Brasil está avanzando rápidamente en la dirección opuesta”.
El año pasado, las autoridades brasileñas autorizaron 474 plaguicidas, la mayor cantidad desde 2005. Sólo en los primeros cien días del mandato de Bolsonaro, iniciado el 1 de enero de 2019, se concedieron licencias a 52 productos de ese tipo.
Miranda destaca que 28 de las 96 sustancias que contienen los plaguicidas que ingresaron al mercado brasileño están prohibidas en la Unión Europea y 30 en India.
El gobierno del ultraderechista Bolsonaro, apunta Alan Tygel, coordinador de la Campaña Permanente contra los Agrotóxicos y por la Vida, una red de más de un centenar de asociaciones brasileñas que promueven la agroecología, está “desmantelando todas las políticas desarrolladas para promover la agroecología y la agricultura familiar”.
La idea del Ejecutivo ultraderechista, dice a su vez Antonio Andrioli, profesor de agroecología y desarrollo rural sostenible de la Universidad Federal de la Frontera Sur, es convencer de que los plaguicidas no son peligrosos.
A tal punto que se propone prohibir la utilización en los centros educativos públicos del concepto de “agrotóxicos” y remplazarlo por el de “defensivo fitosanitario”.
No sólo se proponen las autoridades prohibir términos. También censurar a investigadores que han probado la nocividad de estos productos, como ha sido el caso de Mônica Lopes Ferreira, inmunóloga del afamado Instituto Butantan autora de una investigación donde se demuestra que diez de los plaguicidas más comunes en Brasil son dañinos incluso en pequeñas cantidades.
“Me dijeron que ya no soy la directora del laboratorio que dirijo hace tres años. Sostienen que he realizado ‘investigaciones independientes’ y que me he ‘insubordinado’, lo cual no es cierto. Solo respondí a un pedido de investigación del Ministerio de Salud”, dijo la especialista, citada por Ozy.
En línea con las transnacionales productoras de los agrotóxicos, como Bayer-Monsanto, Dow o Syngenta, la ministra de Agricultura, Tereza Cristina, afirmó que los nuevos productos autorizados serán benéficos para el medio ambiente, porque al ser “más eficaces se utilizarán en menor cantidad”.
Pero los agrotóxicos son realmente tóxicos, dice Tygel. Son “como armas químicas” altamente contaminantes y mortíferas.
De acuerdo a un documentado estudio presentado por la Campaña Permanente contra los Agrotóxicos y por la Vida, “uno de cada cuatro municipios de Brasil está contaminado por 27 plaguicidas, 16 de los cuales son extremadamente tóxicos según la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil”.
El informe también muestra, sostiene Miranda en su nota, “que los límites brasileños de residuos de plaguicida en el agua son hasta 5.000 veces superiores a los de Europa”.
Las aguas brasileñas son “como un cóctel tóxico” por la masiva presencia de plaguicidas en ellas, afirma a su vez Mônica Lopes Ferreira.
“Si solo el 10 por ciento de lo que se invirtió en plaguicidas en los últimos 60 años se hubiera invertido en agroecología, Brasil sería hoy totalmente agroecológico”, subraya Tygel.