Brasil | DDHH | Violencia en el campo

Con el sacerdote Paulo César Moreira, de la CPT

Brasil: Tierra sin ley

Según el último informe de la organización humanitaria Global Witness, 2017 fue el año donde se registraron más asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente en América Latina. El de la agroindustria es el sector de negocios más vinculado a los asesinatos. Brasil, es el país que lidera las muertes violentas en el campo. Sobre esto hablamos con el sacerdote Paulo César Moreira, coordinador nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

“El informe de Global Witness es muy importante porque nos acerca la realidad de violencia de distintos países”, evalúa el padre Paulo.

“En Brasil la situación es crítica y preocupante –continúa– el informe habla de 57 asesinatos según la metodología utilizada, porque ellos acotan a defensores de la tierra y el medio ambiente. Ya en la CPT el año pasado registramos 71 asesinatos por conflictos en el campo, porque incluimos a los pueblos originarios también”.

Según el padre Paulo, la importancia del informe de Global Witness es que expone a la sociedad la gravedad del conflicto y el vínculo directo entre los asesinatos y la concentración de la tierra y expropiación de los territorios en Brasil.

“Somos herederos de un proceso de colonización, algo que a partir del 2015 se acentúa con el inicio de un proceso de ruptura política que se agudiza con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y una posterior implementación de nuevas leyes que buscan fragilizar o desestructurar las políticas del campo y consecuentemente fortalecer el agronegocio y la bancada ruralista que domina el Congreso Federal”, analiza.

Violencia institucionalizada

“Son leyes que retiran recursos de los organismos responsables por la demarcación de tierras y por el proceso de reforma agraria como el INCRA, la Funai y el propio Ministerio de Desarrollo Agrario, con esto los latifundistas, terratenientes, madereros, grileros*, empresas mineras se ven favorecidos en detrimento de las comunidades rurales y los pueblos originarios”.

Para el sacerdote esto favorece las persecuciones contra estas comunidades, la expulsión y los ataques por parte de milicias armadas y de la propia policía nacional que ha estado involucrada en casos de persecución y asesinato de activistas y líderes comunitarios.

El caso emblemático de la masacre de Pau D’Arco en Pará, es un ejemplo del contubernio de las fuerzas públicas con los poderosos de turno. Solo en 2017 hubo cinco masacres involucrando a trabajadores rurales y pueblos indígenas”, recordó.

“El escenario en Brasil es de una violencia institucional muy fuerte, marcado por el avance de políticas contrarias a los derechos de los pueblos del campo y en un clima de tierra sin ley, donde los coroneles se creen en el derecho de ampliar su riqueza y su concentración de tierra y poder a costa de estas comunidades”, explica el padre Paulo.

“Por otra parte –matizó– se nota la articulación y la fuerza de las comunidades que se vienen organizando para hacer frente a este contexto.

Impunidad y ausencia del Estado

“Los juicios a los mandantes y a los ejecutores de estos crímenes es algo complejo porque en Brasil la fuerza de las bancadas ruralista y de la bancada de la bala (terratenientes y armamentistas) favorecen un clima de odio contra las minorías, contra las personas que luchan por el derecho a la tierra, a esto hay que sumar el poder de las oligarquías locales y la omisión del Estado, en especial del Poder Judicial”.

Según investigaciones realizadas por la CPT el historial de impunidad es inmenso y son muy pocos los ejecutores que van a prisión, mucho menos los autores intelectuales.

En la mayoría de los casos de crímenes contra líderes rurales o ambientalistas permanecen sin aclararse y los mandantes y sicarios se fortalecen ante tal impunidad que legitima y favorece la perpetuación de este tipo de crímenes.

Democracia fragilizada

Este es un año particular por las elecciones de octubre, donde se tiende a pensar que habrá una caída en los conflictos.

Este es un año clave, hay gran preocupación que se dé continuidad a este Congreso conservador que promueve el odio y la violencia y que ha fragilizado la democracia en Brasil.

Cabe a los movimientos sociales y sindicales dar batalla para que aquellos legisladores o partidos que promovieron todas estas reformas nefastas no vuelvan a ocupar un escaño en el Congreso”, enfatiza padre Paulo.

Sobre si disminuirán los casos de violencia contra las comunidades del campo, el sacerdote dice no creer que el año electoral distraiga a los promotores del agronegocio, quizá los ponga en pausa por un tiempito pero lo ideal sería sacarlos de las esferas de decisión política porque quizá la violencia in situ disminuya pero la violencia institucional aumente.

Las organizaciones sociales, humanitarias y sindicales tenemos que luchar contra esta onda conservadora y de cuño fascista para que no se perpetúe en el Congreso Nacional”, concluyó.

sacerdote Paulo César Moreira | Foto: archivo personal


*Grilero: usurpador de tierras públicas