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Con Jair Krischke
A un año de las amenazas del Comando Barneix

El ensordecedor silencio del gobierno uruguayo

Este domingo se cumplió un año de la amenaza de muerte contra activistas y defensores de los derechos humanos realizada por el denominado Comando Barneix. Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre y asesor de la Rel-UITA, que figura entre las personalidades amenazadas, dijo que la responsabilidad de que no se haya investigado y condenado a los autores de las amenazas es del gobierno de Tabaré Vázquez.

“Por cada nuevo procesamiento de un militar” -decía el mensaje del Comando Barneix– serán asesinadas tres personas de la lista”

Los nombres que aparecían mencionados eran los del ministro de Defensa Jorge Menéndez, el fiscal de Corte Jorge Díaz, la exfiscal Mirtha Guianze, la exvicecanciller Belela Herrera, los abogados Oscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Pablo Chargoña, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé, el jurista francés Louis Joinet, la investigadora italiana Francesca Lessa y Jair Krischke.

“Pasó un año y lamentablemente nada fue hecho por parte del gobierno uruguayo con relación a las amenazas que recibimos. Por qué nada se hizo es la principal interrogante que me planteo siendo uno de los involucrados”, dijo Jair.

Según analiza el activista es sorprendente que el gobierno actual, uno de cuyos integrantes más notorios, el ministro de Defensa, estuvo entre los amenazados, no haya siquiera participado de una audiencia por este caso que se llevó a cabo en mayo del año pasado en Buenos Aires en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

No tengo explicación para este silencio ensordecedor del gobierno uruguayo que al fin y al cabo resulta en la protección y promoción de la impunidad”, declaró.

Omisiones oficiales
Nada por aquí, nada por allá

El caso de las amenazas de muerte y la pasividad con que las autoridades se muestran ante los hechos, además de la notoria carencia de investigaciones serias al respecto, también afectaron el trabajo que venía desarrollando la investigadora italiana Francesca Lessa, quien llevaba adelante una pesquisa académica para la Universidad de Oxford en Uruguay.

Lessa debió abandonar el país luego que tanto desde Oxford como desde la embajada italiana considerasen que Uruguay no ofrece las debidas garantías para que dé continuidad a su trabajo.

“Teniendo en cuenta que pasó un año y no hubo ningún tipo de señal positiva desde el gobierno, un grupo de afectados decidimos escribir una carta abierta al presidente Vázquez donde enumeramos la serie de casos que antecedieron al nuestro y también donde exigimos una postura que ponga fin a la impunidad de este grupo”, contó Jair.

Entre otras cosas la nota recuerda que “lamentablemente esta amenaza no es un hecho aislado sino ya es parte de un patrón alarmante de eventos que han venido ocurriendo en el Uruguay en los últimos años en contra de periodistas, operadores judiciales, defensores de derechos humanos, y antropólogos forenses”.

Jair recordó además que cuando tuvo que viajar a Uruguay en julio de 2017 para la presentación de un libro, solicitó protección de la Cancillería y no obtuvo más que silencio.

La militancia de Krischke está íntimamente vinculada con Uruguay.

Durante la dictadura salvó a miles de compatriotas de las garras del Plan Cóndor. El caso de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez, dos uruguayos secuestrados en Porto Alegre en 1977 junto a dos hijos de Lilián, fue el más emblemático.

Es por eso que Jair no disimula su incredulidad y decepción por la postura del gobierno de Vázquez y en contraposición agradece la actitud siempre comprometida de la Rel-UITA en este caso.

“El primer apoyo que recibimos fue de la Rel-UITA. Asimismo fue esta organización la primera en alertar al mundo sobre el asunto y en divulgar, denunciar y prestar su solidaridad, en especial conmigo”, destacó.