Brasil | DDHH | VIOLENCIA EN EL CAMPO

“Marcados para morir”

Carlos Cabral Pereira, presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales de Rio Maria, fue ultimado este martes 11 por sicarios cuando llegaba a su casa en la región de Planalto, en el sur de Pará.

Desde 2001 su nombre constaba en una lista de “personas marcadas para morir”, elaborada por la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (CONTAG) y la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de Pará.

Con Cabral ya son 12 los líderes comunitarios y sindicales asesinados en lo que va de 2019.

Entre 1985 y 2018, 1.938 personas fueron ejecutadas por conflictos por la tierra, el agua y el trabajo en Brasil y 1.789 (92 por ciento) de estos casos permanecen impunes.

La información se desprende de una investigación realizada por la CPT. El trabajo deja en evidencia la impunidad que protege a mandantes y sicarios desde hace tres décadas.

La mitad de las muertes registradas en el campo se producen en los estados del norte. De cada cinco homicidios, dos se cometen en Pará, 40 por ciento del total.

Según declaraciones de Jeanne Bellini, religiosa vinculada desde hace 40 años a la CPT y coterránea de la hermana Dorothy Stang, asesinada por pistoleros en 2005, la falta de investigación y de recolección de pruebas son los principales factores para la impunidad.

Bellini afirma además que hay un subregistro de los asesinatos porque la CPT lleva una lista solo de los casos que puede comprobar debidamente.

“Sabemos que el número real de víctimas por conflictos en el campo es mayor, pero nuestro equipo, a pesar de que cuenta con presencia en varios estados brasileños, no llega a cubrir todo este inmenso territorio”, dijo en declaraciones a la prensa.

Agronegocio sin fronteras

La mayoría de los asesinatos se da por conflictos por la tierra. El avance de las fronteras del agronegocio es el principal causante de estas disputas.

Según datos del Instituto de Manejo y Certificación Forestal y Agrícola (IMAFLORA), el equivalente a 10 por ciento del área del país corresponde a tierras públicas no mapeadas por la reforma agraria.

De ellas es que los grileiros (usurpadores) pretenden adueñarse, entrando en conflicto con las comunidades que desde hace años están asentadas en la zona.

“Muchas veces, incluso cuando el desalojo de trabajadores rurales es autorizado por la justicia, los pistoleros aparecen en el lugar junto a los policías. Esa es la cara de la tierra donde el Estado no llegó”, dice Bellini.

La violencia en Pará es el efecto colateral del modelo agropecuario industrial y salvaje que se instaló en la región desde hace ya medio siglo.

Su avance incontrolable desprecia el ambiente, la vida de las personas, está terminando con la selva amazónica y naturalizó la violencia.

El presidente Jair Bolsonaro facilitó, apenas llegó al poder, el porte de armas a los propietarios rurales.

“La propiedad vale más que la vida. Esta es la línea de quien hoy gobierna Brasil”, lamenta Bellini.

En realidad esta es la máxima del capitalismo.