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STF, gobierno y patronal ignoran el carácter público de los sindicatos

El Supremo Tribunal Federal (Suprema Corte) decidió, a fines de junio, que la Contribución Sindical no se configura en un impuesto, siendo por lo tanto facultativo su pago. La decisión atiende a la demanda del sector patronal, idealizador de la Reforma Laboral de Temer, pero evidencia grandes contradicciones.

En primer lugar, debemos recordar que la contribución vuelca parte de los recursos al Fondo de Amparo al Trabajador, y al Estado brasileño. El fin de la obligatoriedad creó una situación de renuncia fiscal, capaz de sacudir las políticas públicas de protección al trabajador. Tal problema no mereció un único segundo de reflexión por parte del gobierno o de la patronal.

Debemos recordar que el fin de la obligatoriedad de la contribución sindical fue tomado por medio de la ley ordinaria, sin el sello de una elección constitucional. Nueve de cada diez juristas apuntaban el absurdo de una votación así, hasta que la Suprema Corte la validara.

Como en otras oportunidades, el Tribunal que debería resguardar la Constitución y las leyes, tomó partido político, en una pretensión de tutelar la relación “Capital/Trabajo”, ante la fragilidad del gobierno.

Ya se habían tornado públicas las divergencias entre grupos de la Suprema Corte en el análisis de Habeas Corpus relativas a la Operación Lava Jato, con reos rezando para que sus procesos caigan en manos de determinados jueces.

En el caso de la Contribución Sindical, los ministros arrojaron a la basura el texto del relator Edson Fachin, que apuntaba sobre el riesgo que representa para la defensa del trabajador, la quiebra del financiamiento sindical, y también sobre el absurdo jurídico de un impuesto extinto por ley común. Esto fue solemnemente ignorado. Le hicieron la gauchada a Temer, limpiando su suciedad.

Pero el movimiento sindical no debe aceptar tal derrota. Ni puede, pues la clase obrera depende del coraje y la tenacidad de sus dirigentes en este momento.

En primer lugar, es necesario buscar el financiamiento con los compañeros y compañeras para dar continuidad a las actividades sindicales de la defensa laboral, ajustando equipos y optimizando la estructura. No podemos claudicar.

En segundo lugar, también debemos resistir la tentación fácil de excluir a los no afiliados a la organización sindical, de las negociaciones y beneficios. Es esto lo que el Capital quiere, aliado al gobierno y bajo la anuencia de la Suprema Corte.

Aislar a las organizaciones sindicales de su carácter público, convirtiéndolas en clubes de servicio, donde se recibe lo que se paga. ¡No! Si a ellos les falta, a nosotros nos sobra la conciencia pública de esta misión.

Saldremos de esta guerra de cabeza erguida, realizando políticas públicas que el Estado nunca soñó hacer. Seguiremos transfiriendo renta a los más necesitados, ofreciendo servicios y luchando por la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras.

Si la incomprensión sobre este papel viene de una elite cruel y de un gobierno corrupto, es señal que estamos en el camino correcto.