¿Quién nos cuida de la pandemia del agronegocio? Desde el corazón sojero de Argentina, un centenar largo de organizaciones sociales y campesinas lanzaron la pregunta para denunciar que ni siquiera la cuarentena obligatoria ha congelado las fumigaciones y enfatizan en la necesidad de promover la producción familiar y sustentable.
Son trabajadoras y están organizadas…
Para intentar frenar las decenas de miles de juicios que enfrenta por el uso del Roundup, la transnacional alemana Bayer podría gastar al menos unos 12.000 millones de dólares.
Desde 2004 el Estado brasileño exonera de impuestos a los agrotóxicos, una medida que le resta a las arcas públicas miles de millones de reales.
Amanhã 19 de fevereiro, o STF julgará o fim da isenção de impostos para agrotóxicos.
El gobierno anterior de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la macrista María Eugenia Vidal, había autorizado a fines de 2018 fumigar con agrotóxicos en las cercanías de centros poblados y escuelas rurales.
Durante 30 años, la inmunóloga Mônica Lopes Ferreira se destacó en el Instituto Butantan, una institución pública centenaria vinculada al Departamento de Salud de São Paulo, que actúa como un centro de investigación biológica.
Un equipo de científicos argentinos concluyó que, en combinación con el arsénico, el glifosato, el más “popular” de los agrotóxicos, potencia sus efectos y produce daños aún más graves que los ya probados y denunciados.
Los productores sojeros de Entre Ríos podrán seguir fumigando agrotóxicos a cien metros de escuelas y centros poblados. Lo decidió el Superior Tribunal de Justicia de la provincia litoraleña argentina, siguiendo el punto de vista del gobernador y de las cámaras empresariales y desoyendo estudios científicos independientes.
El dicloruro de paraquat o gramoxone, un compuesto orgánico fabricado por la transnacional Syngenta y prohibido en Europa, sigue siendo altamente utilizado en América Latina a pesar de los daños que causa a humanos y animales, dijo a La Rel el médico uruguayo Ricardo Elena.