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Con Guillermo Rivera, directivo de Sintrainagro

“No hay voluntad de resolver la seguridad de nuestros dirigentes”

En marzo de este año, el secretario regional de la UITA Gerardo Iglesias solicitó públicamente al gobierno de Juan Manuel Santos que cesara el desmantelamiento de los esquemas de seguridad ofrecidos a los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro).

La solicitud fue realizada luego que un integrante del Sindicato sufriera un atentado que por poco le cuesta la vida.

Sintrainagro ha sido blanco frecuente de los grupos paramilitares. Al menos 750 de sus afiliados fueron asesinados en las últimas décadas.

En octubre la Rel-UITA reiteró su preocupación por los recortes de los esquemas de seguridad, la disminución de escoltas y la utilización de vehículos que poco garantizan la integridad física de los directivos de Sintrainagro.

Esta vez se dirigió al Ministerio de Defensa.

La cartera respondió el 31 del mismo mes que remitió la denuncia interpuesta por la Secretaría Regional al Departamento de Policía Regional de Urabá y a la Fiscalía local de Apartadó.

Para Guillermo Rivera, presidente de Sintrainagro, la respuesta enviada por el Comando General de las Fuerzas Militares demuestra que “no hay voluntad del gobierno de garantizar la seguridad de los dirigentes” del sindicato.

Aquí toda la seguridad se la están dando a los desmovilizados de las FARC y a sus comandantes y en nuestra región todavía hay grupos armados, lo que presupone un gran riesgo para la seguridad de nuestros directivos”, afirmó.

Según Rivera, Presidencia, Ministerio de Defensa y Policía se pasan la pelota y no ofrecen una solución real al problema.

“Uno le dice el al otro que le escribe al otro y nadie resuelve nada. Lo cierto es que nos siguen suspendiendo los escoltas de seguridad a todos los directivos. La respuesta del Ministerio de Defensa no es válida”, enfatizó.

Ante las dilatorias del gobierno, el dirigente propone que la UITA realice una denuncia ante los organismos internacionales de derechos humanos para que éstos exhorten al gobierno de Colombia a tomar de inmediato medidas de protección y seguridad en favor de los dirigentes sindicales.