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Monsanto acorralada en la justicia

Principio(s) tienen las cosas

A Monsanto se le puede venir la noche. Sólo en Estados Unidos deberá enfrentar más de 8.500 juicios por las consecuencias sobre la salud humana del uso de dos de sus productos “estrella”, el Roundup y el RangerPro. Pero sigue insistiendo en que sus agrotóxicos son inocuos.

La empresa ya fue hallada responsable en los últimos dos meses en dos instancias distintas.

En agosto pasado un tribunal de San Francisco la condenó por haber “considerablemente contribuido” al Linfoma No Hodgkin (LNH), un cáncer linfático incurable, que padece el jardinero Dewayne Johnson.

La semana pasada la jueza federal Suzanne Bolanos ratificó esa decisión en sus fundamentos de fondo.

Intentando minimizar el alcance de la decisión, Monsanto -y un sinfín de medios de prensa ligados en un grado u otro al agronegocio- hicieron énfasis en uno solo de sus aspectos: la rebaja de los montos de las indemnizaciones que debe pagar la empresa.

El fallo de agosto había sido claro al establecer -basándose en documentación especializada y en testimonios- que el glifosato, el principio activo del Roundup y el RangerPro, había sido la causa del cáncer que se le diagnosticó a Johnson en 2014.

El jardinero de 47 años -al que no le quedarían más de dos de vida- había utilizado sin precaución alguna esos productos entre 2012 y 2014 en los jardines de escuelas de una pequeña localidad de California.

Monsanto -decía el fallo- actúa con “malevolencia” porque sabe desde hace mucho tiempo -documentos internos filtrados de la empresa lo demuestran- que el glifosato sí tiene efectos negativos sobre la salud de los humanos y sobre el medio ambiente y pese a ello lo oculta y manipula a los ciudadanos asegurando lo contrario.

Esa decisión judicial fue considerada histórica, al tratarse de la primera en el mundo que vincula al glifosato con enfermedades sufridas por quienes lo manejan y rocían y porque permitió que se presentaran documentos que contradicen los informes que la empresa exhibe como favorables a su afirmación de que sus productos son inocuos.

Este octubre la jueza Bolanos ratificó los fundamentos del fallo, aunque redujo de 289 a 78 millones de dólares el total del dinero que debe pagar Monsanto por el daño causado.

Pero le negó a Monsanto la posibilidad de abrir un nuevo juicio.

En la cola

A Monsanto -o a Bayer, la compañía alemana que compró la firma estadounidense- le esperan otros miles de juicios en todo el planeta.

Y el contexto, con el fallo del tribunal californiano, ha dejado -tal vez- de serle favorable.

La transnacional tiene unos 8.700 expedientes abiertos sólo en Estados Unidos. En Francia tiene otros.

Para diez de esos casos estadounidenses ya hay fecha de juicio -se escalonarán entre 2019 y 2020- y todo hace prever que la empresa será nuevamente condenada.

Alberta y Alva Pilliod, ella de 74 años y él de 76, deberían estar entre los primeros en llevar a Monsanto otra vez ante un tribunal.

Ambos sufren distintas formas de Linfoma No Hodgkin que médicos que los han tratado atribuyen al uso prolongado de Roundup en los jardines de su casa.

Sus abogados pidieron que, por la gravedad de sus casos y su edad, el juicio se realice rápidamente. La empresa se niega, argumentando que los dos ancianos han remitido de sus enfermedades, cosa que los especialistas desmienten.

Otro que espera declarar prontamente es John Barton, un granjero californiano al que le fue diagnosticado un LNH en 2015, también por el empleo prolongado y sin precauciones de Roundup.

Y está igualmente en esa lista Barbara Brooks, viuda de Dean Brooks, agricultor que murió en 2016, seis meses después que sus médicos le descubrieran un cáncer linfático. Siempre por la misma causa: el glifosato.

Brooks piensa que si los tribunales son imparciales y hacen bien su trabajo, como aparentemente lo hizo el que trató el caso de Dewayne Johnson, Monsanto nunca podrá ganar un juicio.

El Roundup es como un asesino serial”, comentó al diario inglés The Guardian (9-10-18).

Manipulaciones

El fallo de Bolanos “es una señal de alarma importante para la empresa”, dijo al Guardian Jean M. Eggen, profesora emérita en la Facultad de Derecho de la Universidad de Widener.

Esa decena de juicios son muchos para un solo año y permitirán además que “los demandantes presenten ante los jurados pruebas importantes que aún no se conocen”, dijo por su lado la abogada Aimee Wagstaff.

A fines de setiembre pasado, recuerda el diario británico, la revista científica Critical Reviews in Toxicology expresó su “preocupación” porque en muchos de los estudios que aseguran la inocuidad del glifosato hubo “participación activa” (en claro: manipulación de datos) de parte de Monsanto.

Varios de esos análisis habían sido abundantemente utilizados por la empresa para criticar la imparcialidad y la probidad de la decisión de 2015 de la Organización Mundial de la Salud de incluir al glifosato en la lista de productos cancerígenos para los humanos.

Lars Noah, profesor de derecho de la Universidad de Florida, piensa que a la larga, a golpe de juicios, de dinero perdido y de que sus manipulaciones y mentiras ya no puedan ser negadas, Monsanto se verá obligada a pactar acuerdos extrajudiciales con sus demandantes y a incluir advertencias en sus productos sobre su peligrosidad.

Aunque sea como estrategia de reducción de daños. La empresa está recibiendo, dijo a The Guardian, “un toque de atención” de que la que “está usando no es realista”.

Mucho por allá, poco por acá

La casi totalidad de los juicios previstos tendrán lugar en países desarrollados, y no en América Latina, donde el Roundup es utilizado para tratar los cultivos transgénicos producidos con semillas patentadas por Monsanto y otras transnacionales del agronegocio sin que a ninguna autoridad aparentemente le preocupe.

En Argentina, uno de los países más “glifosateados” del planeta (se utilizan más de 200 millones de litros del herbicida al año, aplicados en unas 28 millones de hectáreas), se espera todavía fecha de juicio por la contaminación colectiva denunciada hace varios años por vecinos del barrio Ituzaingó Anexo, en la provincia de Córdoba.

Allí, una asociación local -apoyada por la Red de Médicos de Barrios Fumigados y equipos universitarios- documentó casos espeluznantes de afectaciones a la salud de decenas de vecinos, incluidas malformaciones fetales.

Poco después del primer fallo por el caso Johnson murió en Argentina Fabián Tomasi.

Tenía 53 años y pesaba poco más de 30 kilos. Lo mató su exposición a diversos agrotóxicos, entre ellos el glifosato, que él había rociado por años cuando trabajaba para una empresa de fumigación de Entre Ríos, una provincia del eje sojero argentino.

Tomasi se había convertido en los últimos tiempos en un activo denunciante de los productos y las metodologías de Monsanto y sus pares.

Hace justo dos años, en octubre de 2016, Damián Verzeñassi testimonió en La Haya ante el Tribunal Monsanto, que terminó condenando a la transnacional por “crímenes contra la humanidad”.

Director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, Verzeñassi dirigió el proyecto “Campamento sanitario”, que realizó una serie de estudios en 27 localidades de cuatro provincias argentinas inundadas de cultivos transgénicos tratados con glifosato.

Su equipo examinó a casi 100.000 habitantes de esas zonas (96.874 para ser exactos) y descubrió que allí se presentaban ciertos tipos de cáncer y otras enfermedades en tasas mucho más elevadas que en otras regiones del país.

Guerra química

En Paraguay se han denunciado casos del mismo tipo.

“Vivimos en una situación de guerra química, teniendo en cuenta que en los últimos 20 años alrededor de 50 millones de litros de agrotóxicos se arrojaron sobre enormes plantaciones y fuentes de aguas y considerando que a su vez se perdieron más de 5 millones de hectáreas de bosques”, dijo a la publicación Noticias Aliadas (NA, 15-10-18) el ambientalista paraguayo Ernesto Benítez.

En zonas fumigadas del país -y son muchas- “han aumentado las muertes por problemas cardiovasculares, seguidas del cáncer, que podrían estar asociadas a los desequilibrios que producen la mala alimentación y alimentos contaminados a consecuencia de un desarrollo productivo basado en la destrucción de los bosques y la exposición a los agrotóxicos”.

Marta Figueredo, dirigente de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), se radicó hace siete años en el Asentamiento Suizo Kue, departamento de Canindeyú.

Desde entonces, declaró a NA, es testigo de cómo las tierras que ocupan las 350 familias que allí viven son constantemente fumigadas con productos a base de glifosato.

“En tres ocasiones se hicieron denuncias en las unidades de salud, pero nunca son atendidas por las autoridades sanitarias, quedan en los archivos”, denunció.

Y agregó: “Los más afectados son los vecinos de los límites de las plantaciones de sojales porque los responsables no respetan las resoluciones y decretos que establecen una franja de seguridad de 100 metros y barreras vivas de protección”.

En Paraguay, de acuerdo a la organización Base Investigaciones Sociales, el glifosato es utilizado en unas 3,5 millones de hectáreas sembradas con soja transgénica, una enormidad.

Para Joel Filártiga, un inmunólogo de 88 años que hace décadas analiza los efectos de la contaminación por plaguicidas y herbicidas, el suyo es “el país más contaminado silenciosamente” por esos productos, algo que se ve en “el aumento de casos de muertes de peces, niños con malformaciones, cuadros de alergia severa, enfermedades del riñón”.

Imbricaciones

Rafaela Benítez Leite, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, viene llevando a cabo investigaciones sobre la relación entre la exposición a los agrotóxicos y el daño genético en niños.

Los agroquímicos -declaró la médica a Noticias Aliadas– pueden tener un efecto inmediato, desde leves, como dolores de cabeza, para luego causar lesiones en la piel, problemas respiratorios con convulsión, pérdida de la conciencia, encefalitis y hasta la muerte, dependiendo de la cantidad y del grado de exposición y de la clasificación del producto”.

Pero nada de todo eso ha sido tratado por la justicia de Paraguay, un país en el que “la imbricación entre el agronegocio y los poderes fácticos llegan a niveles insólitos”, según no se cansa de repetir Francisco de Paula Oliva, “el Pai Oliva”, un veteranísimo sacerdote jesuita español que vive hace largo tiempo en barrios de la periferia de Asunción expuestos a fumigaciones.

En algunos sectores de las sociedades latinoamericanas hay un cierto avance en la comprensión de esta problemática, pero hasta que las propias víctimas no comiencen a reaccionar -un buen ejemplo por estos lares son las asociaciones argentinas- no habrá mayores avances, dice.

“Las transnacionales del agronegocio -apunta el “Pai”- son más poderosas que muchos estados y tienen intereses que coinciden con los de los más poderosos. Sin que se las denuncie y combata no cederán”.