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A seguro lo llevaron preso

El 11 de agosto un tribunal de California condenó a la transnacional Monsanto a indemnizar a un jardinero que contrajo cáncer tras haber estado en contacto con el Roundup, un herbicida a base de glifosato. Días después el Grupo de Trabajo Medioambiental de Estados Unidos (EWG) encontró rastros de glifosato en barras de cereales fabricadas por Kellog’s, Quaker Oats y General Mills y pidió retirarlas del mercado.
Monsanto

En todas las ocasiones las empresas involucradas se defendieron usando el mismo argumento. Básicamente: “el glifosato es seguro. Ergo, nuestros productos también lo son”.

Se basan, para decirlo, en estudios realizados en su mayoría por científicos pagados por las propias empresas y por análisis realizados por comités públicos de evaluación que reconocen como válidos a aquellos estudios.

Uno de esos organismos estatales que han considerado hasta ahora inocuo al glifosato, y al que las empresas citan abundantemente como aval, es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

“Nuestra visión es que los estándares establecidos por la EPA suponen un riesgo real para la salud en particular de los niños, que son más sensibles a los efectos de químicos tóxicos que los adultos”, dijo por estos días Ken Cook, presidente del EWG, luego que se difundieran los análisis que el grupo hizo de las muy “seguras” barritas de avena tan consumidas en todo el mundo.

El EWG examinó 45 muestras de barras de cereales elaborada con avena cultivada de manera convencional, es decir no transgénica.

En 43 de ellas halló niveles de glifosato más elevados que los que el organismo considera tolerables para el consumo, sobre todo infantil.

“Quisimos medir los problemas de contaminación en productos populares que niños y adultos comen todos los días”, dijo a BBC Mundo la toxicóloga Alexis Temkin, autora del informe.

El glifosato conlleva un riesgo elevado de cáncer y creemos que un producto como el glifosato no debería estar presente en la comida de los niños, especialmente en alimentos que se consideran saludables para su nutrición”.

Lo coherente es que no debería estar presente en ningún alimento.

Peligrosos y atrasados

Peligrosos, había llamado Ken Cook a los estándares de la EPA. Y también atrasados.

Más atrasados están aún desde que, al llegar Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se hizo cargo de la agencia Scott Pruitt.

En marzo de 2017, este ex fiscal de Oklahoma declaró al canal CNBC que no existe ninguna “prueba fehaciente” de que las emisiones de dióxido de carbono causadas por los combustibles fósiles sean responsables del cambio climático.

Lo del cambio climático es un cuento chino, dijo, repitiendo palabras de Trump de cinco años atrás, y reiteró que los “hogares del país” se seguirán calentando con carbón, con petróleo, con gas, como lo han hecho hasta ahora. Son combustibles seguros, afirmó.

En julio pasado Pruitt renunció, acosado por escándalos de todo tipo con el manejo de los fondos de la EPA.

Pruitt tenía fuertes lazos con la industria energética, como los tiene su sucesor, Andrew Wheeler, que apenas asumió puso el pie en el acelerador para “liberalizar” las regulaciones ambientales sobre los automóviles.

Interrogado sobre el glifosato después del fallo que condenó a Monsanto, Wheeler dijo que “nadie ha demostrado todavía que su uso no sea seguro para los humanos y menos aún que provoque cáncer”.

Cientos de litros de Roundup en un día

Dewayne Johnson se convirtió dos semanas atrás en la primera persona en el mundo en lograr que un tribunal establezca un vínculo entre glifosato y cáncer.

Dos años le costó a Johnson, un jardinero afroestadounidense de 46 años, que un jurado de la ciudad de San Francisco atendiera su demanda.

Tuvo “suerte”. La ley californiana obliga a la justicia a tratar casos como el suyo en vida del demandante, y a Jonhson, padre de dos niños de 11 y 13 años, los médicos le han dado muy pocas esperanzas de llegar al año 2020.

Ambientalistas que respaldan al denunciante afirman también que el hecho que Monsanto haya sido adquirida por la alemana Bayer, y que por tanto haya dejado de ser estadounidense, puede haber facilitado que la justicia de la súper potencia haya sido menos sensible a las presiones de los abogados de la transnacional para dilatar el juicio.

Entre 2012 y 2015, mientras era jardinero en Benicia, en la periferia de San Francisco, Dewayne Johnson fumigó Roundup, y su versión profesional, el Ranger Pro, en los patios, jardines, canchas de las escuelas de la zona.

No tomaba recaudo alguno, porque los prospectos de esos productos nada advertían acerca de la peligrosidad de su uso.

El jardinero llegó a fumigar muchas veces centenas de litros de Roundup juntos, y en un par de oportunidades el aparato con el que lo hacía le funcionó mal y el producto le cayó sobre su cuerpo.

En 2014 Johnson consultó a un médico porque le habían aparecido manchas en la piel que se le fueron extendiendo y le causaban dolor. Le diagnosticaron un linfoma No Hodgkin en fase terminal.

“Cuando le comuniqué a mi superior lo que tenía me dijo: ‘se necesita por lo general dos años para agarrar un cáncer con esos productos’. Nunca antes había oído hablar de esos riesgos”, contó el jardinero ante el tribunal.

Foto: Gerardo Iglesias

Reveladores papeles

Este juicio permitió a los abogados de Johnson elevar un pedido de información a Monsanto para que entregara cientos de documentos hasta entonces secretos.

Publicados el 31 de mayo por el diario francés Le Monde se los conoció como los “Monsanto Papers” y dejan el desnudo la forma de actuar de la empresa para defender la inocuidad de su producto estrella, el Roundup, el herbicida más utilizado en los campos del mundo.

Se confirmaron entonces infinidad de denuncias anteriores: que Monsanto pagaba estudios para demostrar que el glifosato no presentaba riesgos, que realizaba campañas de desprestigio a científicos que cuestionaban esas “investigaciones”, que presionaba a gobiernos y a instituciones de contralor estatales…

Las maniobras en ese sentido databan de varias décadas atrás pero se habían acentuado desde que en 2015 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, dependiente de Naciones Unidas), había incluido al glifosato entre las sustancias “potencialmente cancerígenas para los humanos”.

El IARC se convirtió en blanco predilecto de la transnacional, como antes lo había sido, en el sur, el biólogo molecular argentino Andrés Carrasco, que al frente del Laboratorio de Embriología de la Universidad de Buenos Aires desarrolló investigaciones sobre los efectos del glifosato en el desarrollo de vertebrados.

En los años previos a su muerte, en 2014, Carrasco había manifestado de todas las maneras posibles su solidaridad con los pueblos fumigados del cinturón sojero argentino y denunció ataques de representantes de Monsanto que llegaron hasta el sabotaje de su laboratorio.

Los “Monsanto Papers” revelaron también que la transnacional sabía desde mucho tiempo atrás -comienzos de los años ochenta- que el glifosato era capaz de producir tumores malignos, según lo habían demostrado pruebas con animales.

Principio de precaución

Comisiones de la EPA estuvieron en la época al tanto de esas pruebas y manifestaron su preocupación al respecto, pero presiones realizadas por la industria surtieron efecto y el organismo eliminó las objeciones aceptando como buenas investigaciones de “dudosa calidad”, señaló en 2008 el doctor Brian John, portavoz de la ONG británica GM-Free Cymru.

“Si se hubiera actuado según el principio precautorio en lugar de cerrar los ojos a la mala praxis científica, el glifosato nunca habría sido autorizado y podrían haberse salvado miles de vidas”, estimó John (rebelión.org, 14-5-2015).

Así lo consideró igualmente el tribunal de San Francisco que condenó a Monsanto a pagarle a Dewayne Johnson 289 millones de dólares (230 millones por daños y perjuicios y 59 millones por concepto de intereses).

La transnacional -que en poco tiempo es posible que desaparezca- apelará, pero esperan en fila para iniciar su camino en los tribunales unos 4.000 campesinos sólo en Estados Unidos.

Y ya le han iniciado juicio un par de familias en Francia.

Bayer deberá hacerse cargo de todas las condenas que sufra eventualmente en Estados Unidos la compañía fundada en Misuri y de las demandas civiles que están siendo tramitadas en Francia (no así de las penales, debido a la legislación vigente en el país europeo).

Apenas se conoció la condena a Monsanto las acciones de Bayer se desplomaron en la bolsa germana: en espacio de una semana cayeron 18 por ciento.

Y una semana antes del fallo en el “caso Johnson” y dos antes del escándalo de las barritas de cereales, un juez brasileño había suspendido el registro de nuevos productos en base a glifosato y dado un plazo de 30 días para que los que ya estaban distribuidos en el mercado fueran retirados.

El motivo de la decisión del magistrado de Brasilia fue similar al del tribunal estadounidense: existe suficiente evidencia para inferir que el glifosato es potencialmente cancerígeno para los humanos.

El fallo será apelado y es probable que en segunda instancia, visto el poder de las grandes empresas agrícolas en Brasil, incluidos el parlamento y el Poder Ejecutivo, sea revocado, pero algo, tal vez, esté cambiando.

Estamos ante el comienzo del fin de un imperio”, dijo la investigadora francesa Émilie Gaillard.

“Un sistema de producción inviable como éste está dando sus últimos pasos”, vaticinó, quizá con un optimismo desmedido, esta integrante del Tribunal Monsanto, una instancia informal de la sociedad civil que en octubre de 2016 condenó a la transnacional como “ecocida”.