El periódico brasileño Folha de São Paulo publicó un artículo del presidente del Consejo Indigenista Misionero
Ruralistas amenazan la Constitución
El periódico brasileño Folha de São Paulo publicó un artículo del presidente del Consejo Indigenista Misionero
La Propuesta de Enmienda Constitucional – PEC-, que transfiere al Ejecutivo la demarcación de las tierras indígenas, así como tantos otros proyectos, busca favorecer a los intereses del agronegocio.
Artículo firmado por Don Erwin Krautler, presidente de CIMI y por Don Enemesio Lazzaris[1], presidente de la CPT, en respuesta al artículo de la senadora y presidente de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA ), Katia Abreu (PSD-TO).
A los ruralistas, sea en la tribuna del Congreso Nacional de Brasil o en los periódicos, no hay nada que los descontrole más que la causa indígena.
El descontrol se percibe a través de una escalada de recursos contra los derechos de estos pueblos y comunidades tradicionales, garantizados por una Constitución Federal que está a punto de completar 25 años.
Uno de estos recursos es la Propuesta de Enmienda Constitucional215/00 (PEC), que transfiere la competencia de la demarcación de las tierras indígenas del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.
Esa PEC 215/00, de acuerdo con la nota técnica del Ministerio Público Federal (MPF) es violatoria de «cláusulas de afianzamiento de la Constitución de la República Federativa de Brasil» del núcleo de los derechos fundamentales, lesiona el principio de la división de poderes y anula el derecho original a la tierra, siendo la demarcación un acto administrativo, según los juristas Carlos Frederico Marés y Dalmo de Abreu Dallari.
A esta PEC se suman decenas de otros proyectos de ley que buscan impedir el reconocimiento de las tierras indígenas, para que puedan ser utilizarlas por el agronegocio.
Nada parece detener a los ruralistas, que ostentan una bancada de 214 diputados y 14 senadores. Hay que tener en cuenta, además, el financiamiento de campañas electorales por el capital extranjero de Monsanto, Cargill y Syngenta, y por la industria de armas y frigoríficos, según datos de la ONG Transparencia Brasil.
¿Qué pueden hacer los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales frente a eso, que no sea seguir resistiendo, como David contra Goliat, en defensa de sus derechos?
Y fue lo que pasó en abril, cuando los indígenas ocuparon la Cámara de Representantes, intentando de esta manera retomar sus tierras tradicionales teniendo en cuenta que los procedimientos de demarcación se encuentran paralizados por el Ejecutivo.
Este es el caso de la tierra indígena tupinambá de Olivença (BA), que no tiene evolución alguna desde 2009. El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, sin embargo, se niega a avanzar en el tema. En todo el país la situación es dramática.
En Mato Grosso do Sul, la tierra Kadiwéu, demarcada hace cien año, y homologada hace casi 40, sigue invadida. Un informe del CIMI registra que, entre 2003 y 2012, hubo 317 asesinatos de indígenas en este estado, sobre un total de 563 ocurridos en el país durante este período.
Con relación a la muerte de Nísio Gomes Guarani Kaiowá, el MPF señaló como mandantes por lo menos a seis “productores rurales”. El confinamiento en los márgenes de las rutas o en reservas minúsculas llevó al suicidio, entre 2000 y 2012, de 611 jóvenes indígenas de entre 14 y 25 años, según datos del Distrito de Salud Indígena (DSEI).
La Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) convocó a una movilización nacional contra la ofensiva a la Constitución y a los derechos indígenas entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre.
La senadora Katia Abreu (PSD-TO), en nota dirigida al diario Folha (“Causa indescriptible”, 7/9), trata de descalificar la acción de estas pastorales, acusándolas de “ideológicas».
El asentamiento de familias en tierras indígenas, incluyendo la emisión de los títulos de propiedad del Estado, no borra el hecho que estos territorios hayan sido robados a los nativos.
Esto ocurre no sólo en el caso de las tierras indígenas tradicionales. La senadora Abreu y sus familiares han sido beneficiados por el gobierno de Tocantins con tierras ocupadas por poseros. Además de atentar contra los derechos a la tierra de los pueblos y de los poseros, Katia Abreu milita contra el derecho a la identidad colectiva.
La senadora pidió a la Casa Civil que la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) paralice el proceso de identificación étnica de pueblo Kanela del Tocantins.
Los indígenas no están solos en sus movilizaciones. La sociedad sigue con atención este escándalo de la apropiación indebida de tierras indígenas por los terratenientes ruralistas brasileños.
Foto: CIMI