En Guatemala más de un millón de niñas y niños, menores de cinco años, padecen desnutrición crónica. El país ocupa el sexto lugar en el mundo con peores índices de malnutrición infantil (Banco Mundial).

En la tierra de los hombres y mujeres del maíz, en 2018 el 43,6 por ciento de la población, es decir 7,4 millones de personas, se encontraba en situación de inseguridad alimentaria, solo superado por Honduras con un 49,3 por ciento (FAO).

“Estamos viviendo un momento crítico. Guatemala está en un laberinto político, con problemas estructurales en el plano social y económico, enfrentando asimismo una persistente impunidad, más la falta de vigencia plena de los derechos humanos”, comienza diciendo Lacho, con su característica cadencia campesina.

“En este país, el 1 por ciento de las personas más ricas tienen los mismos ingresos que la mitad de la población y 70 por ciento sobrevive del empleo informal”.

En la economía más grande de Centroamérica, 6 de cada 10 personas viven en la pobreza. Eminentemente agrícola sólo el 46 por ciento de los trabajadores de plantaciones está afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)*.

Tres cuartas partes de su población rural, que representa a su vez casi la mitad de la población total del país, vive en la pobreza (Instituto Nacional de Estadísticas) y en lugares como Alta Verapaz (a 200 km de la capital) la brecha y severidad de la pobreza es mayor, alcanzando al 89,6 por ciento de la población (Mapa de Pobreza Rural 2011).

“En lo que llevo de vida no identifico a un gobierno tan ladrón como el actual, favorecido por el paso de huracanes y luego la pandemia del Covid donde ingresaron recursos por préstamos”, destaca quien fuera siete veces secretario general del icónico sindicato de Coca Cola (STECSA).

En 2020, a 11 meses de asumir el gobierno de Alejandro Eduardo Giammattei, se producen importantes manifestaciones contra la aprobación —entre gallos y medias noches— del mayor presupuesto en la historia del país: unos 11.742 millones de dólares.

La exorbitante suma desapareció por arte de magia en “el combate contra la pandemia” y en las “partidas destinadas a infraestructuras en concesiones para el sector privado, algo que históricamente permite el enriquecimiento de grupúsculos próximos a los gobernantes (El País, España).

“A todos los que quieren impartir justicia los hostigan de tal forma que terminan saliendo del país. ¿Cuántas personas por denunciar la corrupción, los privilegios que los empresarios están hoy en el exilio? No te asesinan como en el pasado, pero te matan políticamente”, asegura Lacho.

Iván Velásquez** , al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue expulsado.

Juan Francisco Sandoval, exfiscal anticorrupción; la exfiscal general Thelma Aldana; la exmagistrada de la Corte de Apelaciones Claudia Escobar; el exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Andrei González; el exprocurador de Derechos Humanos Jordán Andrade Rodas y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras; Claudia Paz, fiscal general que enjuició al dictador Efrain Ríos Montt, se fueron de Guatemala y viven ahora exiliados.

Los distintos grados de hostigamiento y amenazas procedentes “del pacto de corruptos” llevan un mensaje implícito: nada ni nadie detendrá la robadera ni la criminalidad funcional a las elites.

Esa cofradía mafiosa cuya maquinaria delictiva abastece combustible en las dependencias de un Estado prebendario, depredador y represivo, no perdona la osadía de que se pretenda terminar con el gran y próspero negocio.

“Espero que gane Bernardo Arévalo, que respete el legado de su padre, se combata el robo descarado, el saqueo perpetuo de las arcas de nuestro país y el pueblo gane en bienestar y esperanza. Lo merecemos”, anhela Lacho.

* Encuesta sobre trabajo en plantaciones (ASIES, 2022).
**Hoy ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro.