Hace unos 30 años, “AMLO” parecía otro de los tradicionales políticos de México con arraigo popular.
Inició muy joven su carrera en el PRI a principios de los años 80. Para 1988 ya era del círculo que apoyaba a Cauthémoc Cárdenas, el primer candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática, recién escindido del PRI, cuando éste sufrió el grave apagón que muchos identificaron como un fraude electoral.
En esas elecciones resultó vencedor Carlos Salinas de Gortari.
En enero de 1992, en la víspera que se firmarían los Acuerdos de Paz de El Salvador en el Castillo de Chapultepec, un joven político amenazaba con arruinar la fiesta.
AMLO -como ya se le conocía- encabezaba entonces una caravana de miles de personas que iban caminando desde Tabasco hasta el Distrito Federal, denunciando un nuevo fraude electoral a nivel estatal.
La resistencia civil pacífica, que presentó como su principal táctica de lucha, logró la no consumación del fraude y así asegurarse la gubernatura de su natal estado de Tabasco, donde destacó por el trabajo social a favor de las comunidades campesinas e indígenas, históricamente excluidas.
Años después sorprendería a todo el país al ganar la presidencia del DF, donde realizó una gestión que incluyó programas sociales en favor de los sectores más desprotegidos e implementó transformaciones en el transporte público y el ordenamiento urbano esenciales para una mega urbe de la dimensión de la Ciudad de México.
Tuvo dos intentos de acceder a la presidencia previos a este de 2018: en 2006, cuando denunció anomalías y acciones fraudulentas y conformó un “gobierno legítimo”, y en 2012, cuando fue privado del triunfo por un sistema masivo de compra de votos puesto en marcha por los partidarios de Enrique Peña Nieto.
México nunca vivió un momento tan complejo como el actual.
El desarrollo de los grupos criminales del narcotráfico a pesar de la llamada “Guerra contra el narco” impulsada desde 2006 se ha llevado por delante los derechos humanos de la población.
El país está regado de una multitud de cadáveres, y se han multiplicado las desapariciones, como las de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de miles de mujeres en la frontera.
Está casi consumada una reforma laboral que quiere destruir los pocos derechos laborales vigentes y algunas reformas esperanzadoras.
Fue impuesta a bala y fuego una reforma energética que empezó con la desarticulación de la empresa Luz y Fuerza del Centro y el despido de miles de sindicalistas del SME y que culminó entregando el petróleo a las transnacionales energéticas.
Hoy en día, la población mexicana está pagando los precios más altos de gasolina en la región, aún más que sus vecinos de Centroamérica y el Caribe que no tienen petróleo.
México enfrenta además una agresión de Estados Unidos en materia migratoria y debe lidiar con la matonería de Donald Trump.
Miles de personas provenientes de Centroamérica llegan a México camino a Estados Unidos huyendo de la crisis económica, los fraudes, la violencia de las pandillas sufriendo graves vejaciones a su paso por el país.
Ciertamente, las elecciones recién culminadas han sido también las más violentas de la historia, con 130 víctimas mortales, entre ellas varios candidatos.
En el país rural y profundo, las dinámicas clientelares de compra de votos e intimidación siguen funcionando como parte normal de la realidad cotidiana.
En su discurso de victoria, López Obrador ha hecho grandes promesas. Ha ratificado que respetará las libertades económicas, sociales, individuales, de culto y especialmente la libertad de asociación.
Hizo compromisos económicos y de disciplina estatal para tranquilizar a los grandes capitales nacionales y multinacionales.
Aseguró sin embargo que los contratos energéticos surgidos de la malograda reforma serán revisados y que si encuentra anomalías acudirá al Congreso y/o a tribunales internacionales.
Se ha comprometido a no subir impuestos y a no endeudar más al país, fortaleciendo el mercado interno para que “quien desee emigrar que sea por gustos y no por necesidades”
Se ha comprometido a “erradicar la corrupción y la impunidad” y a sus compañeros de lucha, amigos y familiares les advirtió que “sea quien sea será castigado” porque “un buen juez por la casa empieza”.
“El Estado representará a todos los mexicanos pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México. Por el bien de todos, primero los pobres”, afirmó.
Sin embargo, no todo da para ser optimista.
El resquebrajamiento de los partidos tradicionales, que pelean a brazo partido por mantener sus privilegios, no debe dejar de ver la necesidad de cuestionar las alianzas que hizo AMLO para conformar su coalición de “Juntos haremos historia”.
En este abanico se encuentran funcionarios con pasados cuestionables que se sumaron oportunistamente a su nuevo partido Morena, empresarios que tienen fuertes intereses coludidos con el aparato estatal, religiosos fanáticos que contradicen el discurso progresista predominante en las fuerzas de izquierda.
Las poderosas inercias de un Estado y un modelo económico predominante en un país rico en recursos codiciables, inmenso geográficamente, diverso y sediento de soluciones también jugarán su partido.
Esperemos de todas maneras que estos sean mejores tiempos.
En Ciudad de México, Gilberto García