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Misión de la CIDH acusa al gobierno por la violencia de la represión a las protestas sociales

“Uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”

En un informe que difundió al término de una visita de cuatro días al país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al gobierno de Nicaragua de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante y después las manifestaciones de protesta iniciadas el 18 de abril pasado.

La misión, que visitó varias ciudades del país entre el 17 y el 21 de mayo, instalaciones estatales, centros de salud, hospitales, el Instituto de Medicina Legal y cárceles, recogió informaciones según las cuales la represión a las movilizaciones sociales arrojó un saldo de 76 personas muertas, 868 heridas y 438 detenidas, “entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”.

Si bien reconoce que los manifestantes “hicieron uso de morteros caseros con pólvora, piedras y hondas” y recoge afirmaciones del gobierno sobre la existencia de “grupos vandálicos y criminales” entre los manifestantes, sostiene que los cuerpos de seguridad del Estado recurrieron a la fuerza de manera “excesiva” y “desproporcionada”.

También destaca “un patrón de detenciones masivas y arbitrarias ocurridas especialmente durante los primeros días de las protestas, en perjuicio de estudiantes, trabajadores y jóvenes que se encontraban en la zona de los incidentes”.

De manera general, la delegación constató “un ambiente de intimidación en contra de estudiantes, manifestantes, periodistas y ciudadanos que manifiestan su rechazo al gobierno y a la actuación represiva de agentes del Estado”.

La CIDH elaboró un listado de 15 “recomendaciones” que elevó al gobierno, entre ellas el cese “inmediato de la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas” y el respeto del “derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población”.

Pidió igualmente la creación de un “mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia” y el desmantelamiento de “los grupos parapoliciales” y de “grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil”, entre otras medidas.