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Con la senadora Esperanza Martínez

Genocidio programado de baja intensidad

El pasado 7 de diciembre de 2017 un comando de guardias privados contratados por agroexportadores de soja y ganado quemaron viviendas y pertenencias de la comunidad Jejyty Miri asentadas históricamente en esa región del Departamento de Canindeyú. La senadora del Frente Guazú Esperanza Martínez se desplazó hasta el lugar, y dialogó con la Rel-UITA al respecto.

-Usted estuvo en el lugar de los hechos y pudo dialogar con las víctimas. ¿Qué vio allí?
-Esta comunidad está arraigada en esa zona desde hace muchísimos años. Tiempo atrás el Instituto Nacional del Indígena (INDI) que se encarga de proteger los derechos de las comunidades autóctonas, comenzó el proceso de compra de unas 500 hectáreas para proteger a estos grupos en la región. A pesar de que hay constancia de una resolución interna del INDI en ese sentido, la transacción aparentemente no llegó a concretarse completamente. No se hallaron documentos o antecedentes de que esa erogación se haya efectuado.

Sin embargo, queda claro el reconocimiento del Estado paraguayo de que esas 500 hectáreas pertenecían a la comunidad que vive allí. Hay un antiguo cementerio, por ejemplo, y otras evidencias de que ellos han sido históricamente los habitantes y propietarios de esas tierras.

Lo mío es mío, y lo tuyo también

-¿Por qué fueron expulsados entonces?
-Porque con posterioridad a esa transacción no concluida, supuestamente se procedió a la venta de esas tierras. Sin embargo, falta verificar la veracidad de esos títulos porque acá es muy frecuente que haya dos o tres pisos de propietarios de tierras frutos de décadas de corrupción en el ámbito de la transferencia de tierras públicas a agentes privados, especialmente aquellas sujetas a la Reforma Agraria que en realidad fueron entregadas a los grandes latifundistas y a los históricamente poderosos de este país.

O sea que aparentemente hay dos propietarios de esas tierras, y la comunidad indígena está acorralada en una pequeña franja de menos de diez hectáreas, rodeada por cultivos de soja transgénica, lo que no les permite siquiera desplegar sus cultivos de autoconsumo y subsistencia. Los bosques aledaños de los cuales ellos obtienen alimentos y medicinas están prácticamente en desaparición.

-¿Desde cuándo existe tensión en la zona?
-Desde hace mucho tiempo, pero especialmente cuando hace siete meses se inició un proceso de negociación que ahora, sin embargo, terminó en el desalojo violento de las familias indígenas y la quema de sus viviendas. Esto no fue una acción oficial de la Fiscalía o la Justicia, sino que lo efectuaron guardias privados contratados por los supuestos propietarios privados que son sojeros.

Este es el modus operandi que se emplea con los indígenas desde hace mucho tiempo en Paraguay, pero se ha acentuado bajo el actual gobierno del presidente Horacio Cartes.

Una réplica del modelo usurpador brasileño

-¿En qué consiste?
-En la apropiación por la fuerza y mediante títulos apócrifos de tierras indígenas y campesinas, de familias y grupos que llevan décadas de posesión y trabajo en esos predios; esas tierras deberían simplemente protocolizarse y entregarse en propiedad a sus usufructuarios tradicionales.

Esto va produciendo un éxodo de la población indígena en diversas zonas. Ahora hay un proceso de este tipo en la región occidental del país, conocida como el Chaco paraguayo, porque hacia ahí empuja la expansión de la frontera de la soja.

El Chaco paraguayo es la zona de mayor reserva de biodiversidad del país, y este proceso está provocando una deforestación masiva, criminal que está acabando con nuestro equilibrio ecológico natural en esa región, además de expulsar poblaciones enteras que se ven desplazadas hacia centros urbanos donde van a engrosar los cinturones de pobreza y miseria que ya son enormes.

-O sea que éste no es un hecho aislado…
-Este es un caso emblemático de las decenas de otros similares que está ocurriendo en Paraguay en un proceso paulatino y constante de éxodo que se les está imponiendo a las comunidades indígenas.

Hemos visto este mismo proceso contra la comunidad guajorí el año pasado, que incluso fue denunciado a nivel internacional, donde usaron el mismo procedimiento: de pronto aparecen títulos supuestamente legales sobre áreas habitadas por grupos y familias que tienen derecho ancestral a la propiedad por el uso y cuidado de esas tierras durante muchos años.

Actualmente las tierras indígenas son el objetivo principal de los agroexportadores, agrícolas o ganaderos, que empiezan a extender sus propiedades. Para usurparlas desalojan violentamente a los pobladores mediante guardias privados, queman sus casas y pertenencias, arrasando sus cementerios y lugares sagrados.

La lógica perversa de la agronegocio

-¿Cómo es la estructura de la propiedad de la tierra en Paraguay?
-Se estima que el 86 por ciento de las tierras cultivables está en manos del 5 por ciento de la población, y de ellas casi el 85 por ciento está ligado a la agroexportación, sea de soja, ganado u otros productos.

Apenas una parte del resto está destinada a la agricultura familiar campesina, productora de alimentos para autosustento y para generación de renta.

Paraguay se jacta de producir alimento para más de 80 millones de personas, pero en realidad no llega a abastecer la canasta básica en legumbres, verduras y frutas de la propia sociedad paraguaya. Vivimos de la importación de estos productos de los países vecinos.

Hemos abandonado la producción de alimentos para la población local. Paraguay no tiene seguridad alimentaria y tampoco soberanía alimentaria.

-¿Qué cantidad de habitantes vive aún en el campo?
-Actualmente el 40 por ciento de la población es rural, a pesar de que hay un proceso creciente de urbanización. Hay que hacer la salvedad que oficialmente se designa como centros urbanos a agrupamientos de personas expulsadas del campo que no cuentan con ningún servicio como alcantarillado, transporte, saneamiento, etc.

-¿Qué ha pasado con los indígenas que fueron expulsados en este último episodio?
-Están acampando frente al Congreso en Asunción, asistidos en algo por el gobierno, por la solidaridad de la sociedad, agremiaciones sociales y políticas, la iglesia católica.

Se les ha ofrecido dos lugares de transición hasta que se solucione judicialmente la situación, pero ellos los han rechazado.

Una deuda histórica

-¿Qué acciones se están implementando para proteger sus derechos?
-Estamos intentando que el Estado paraguayo demande y exija que esas tierras vuelvan a ser de propiedad de la comunidad indígena.

Una vez que retome su actividad el Congreso, actualmente en receso de verano, la propuesta de la bancada del Frente Guazú que yo integro será iniciar un procedimiento de expropiación de esas tierras en favor de esta comunidad.

No obstante, ése no es un proceso sencillo ni rápido, así que mientras tanto estamos acompañando con medidas de emergencia y tratando de negociar para que se aseguren los derechos humanos de estas familias.

-¿Qué cantidad de tierra es reclamada por la comunidad?
-Ellos demandan 500 hectáreas. En total quedaban allí unas 60 familias de las cuales 30 ya fueron desalojadas y están aquí en la Plaza, pero evidentemente parte de esta comunidad ya fue desplazada anteriormente a otros departamentos como Caaguazú y Alto Paraná.

Esta comunidad, como otras, fue dispersada y hoy intentan una suerte de reagrupación, por lo que habrá que calcular el número de familias que serán asentadas definitivamente en este proceso de reinserción, y sobre todo tener en cuenta la inclusión de su cementerio en sus predios, que hoy se encuentra en el medio de un sojal.

Además, hay que hacer un proyecto de restitución de la fauna y flora que fueron eliminados.

-¿En qué otras regiones además del Chaco está ocurriendo esto?
-Todos los departamentos tienen situaciones similares. En estos cuatro años desde que estoy en el Congreso hemos asistido a situaciones como esta en los departamentos de Canindeyú, Caazapá, Alto Paraná, del Chaco.

Algunos de estos casos ya tienen denuncias internacionales a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Paraguay ha sido sancionado ya anteriormente por persecución contra grupos indígenas.

Esta es una deuda histórica que ojalá el próximo gobierno la ponga entre sus prioridades. En Paraguay tenemos cerca de 120 mil indígenas que todavía mantienen su cultura, su identidad.

Todos los paraguayos, incluyendo al Presidente de la República, hablamos el guaraní, porque somos una población de alto mestizaje e interculturalidad.

La protección de estas comunidades debe ser objeto de un pacto político entre todos los partidos y los grandes terratenientes del Paraguay para hacer un proceso de devolución de sus tierras a las comunidades, garantizarles los servicios de salud, educación, habitación y las condiciones adecuadas para que puedan producir e integrarse al mercado de consumo.

Debemos revalorizar y respetar los derechos humanos de las comunidades indígenas, y darles una solución definitiva.

Muchos de ellos están en las calles de Asunción pidiendo limosna en los semáforos, las niñas y los niños sometidos a todos los riesgos sociales que se puedan imaginar incluyendo mendicidad, prostitución droga, delincuencia…

Ellos son los olvidados de siempre, los olvidados históricos de la sociedad paraguaya.

Fotos: Esperanza Martínez