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Un burro en un enclave de piratas

Los militares uruguayos y su red de complicidades

Unos pocos meses atrás el coronel retirado uruguayo Pedro Mato Narbondo, alias El Burro, fue condenado en ausencia en Italia a cadena perpetua como culpable de delitos de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor. Pero el hombre, prófugo también de la justicia de su país, vive en total tranquilidad en Brasil y se da el lujo de cruzar la frontera para poder seguir cobrando su jugosa jubilación.

El viernes 6 de septiembre el semanario Brecha probó, documentos al apoyo, que a fines de mayo Mato se hizo presente en un cuartel de la ciudad de Rivera, fronteriza con Brasil, para firmar la “revista de existencia”, un trámite anual exigido a los militares para demostrar que están vivos y puedan seguir cobrando su jubilación.

Que militares acusados de delitos de lesa humanidad puedan beneficiarse con pensiones que en su caso equivalen a la totalidad del sueldo que percibían cuando estaban activos ya es de por sí suficientemente insultante.

Pero que lo puedan hacer quienes, como Mato, están prófugos de la justicia –en su caso de dos países: Uruguay e Italia– suena a burla.

Sin embargo, son muchos los que lo hacen valiéndose de un aceitado sistema que ha consagrado la impunidad de la mayoría de los terroristas de Estado.

¿Yo señor? No señor

El ministro de Defensa uruguayo, José Bayardi, pidió el miércoles 11 al fiscal especial de delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, una lista de los militares reclamados en extradición para enviarla a las unidades militares.

El objetivo, dijo Bayardi, es que no se reproduzcan situaciones como esta y que no se pueda decir, como han hecho los responsables de la unidad que extendió la “revista de existencia” a Mato, que “no estaban al tanto de la situación”.

Pero Bayardi pareció disculpar a los militares.

“El ministro conoce a todos los que están requeridos, pero el soldado que está en la frontera, incluso el oficial, no tiene necesariamente por qué conocer a los requeridos”, dijo ante el parlamento esta semana.

Vista la historia reciente y la complicidad manifiesta de los actuales mandos de las Fuerzas Armadas con los jerarcas de la dictadura, no se necesita ser un adepto a teorías de la conspiración para deducir que en el cuartel de Rivera todos los jerarcas, e incluso muchos soldados, estaban efectivamente “al tanto de la situación” de Mato y lo encubrieron.

Fugado y encontrado

Al coronel, apodado El Burro por sus pares, se le perdió el rastro en 2013. Debía declarar ante la justicia por el asesinato por torturas de un militante demócrata cristiano, Luis Batalla, en un cuartel del ejército en 1972, un año antes del golpe de Estado que instaurara la dictadura. No se presentó.

Mato figuraba también en la lista de 13 militares y civiles uruguayos y de otros países latinoamericanos investigados por la justicia en Roma por el asesinato o desaparición de militantes de izquierda de ascendencia italiana en el marco del Plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras de la región.

Desde que se retirara, en 1984, vivía en Rivera, su ciudad natal, muy cerca de la frontera con Brasil.

Al año de su huida, en 2014, lo ubicaron en Santa Ana do Livramento, ciudad brasileña lindera a Rivera. Lo fotografiaron tomando el sol y bañándose panza al aire en una playa.

Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil y perseguidor de criminales de las dictaduras de la zona, le pidió entonces al fiscal Giancarlo Capaldo, que llevaba las causas italianas del Plan Cóndor, que reclamara a Brasil la extradición de Mato.

Pero el coronel logró nacionalizarse brasileño, con lo que su extradición se tornó sumamente difícil.

Hasta hoy Mato sigue gozando su retiro en Brasil y cobrando su abultada jubilación en Uruguay. Como si nada.

Un represor con currículum

Mato no es cualquiera.

Su historial es largo e incluye una formación en la Escuela de las Américas montada por Estados Unidos en Panamá y pasajes por el Servicio de Información y Defensa (SID, la inteligencia militar), y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

También revistó, en 1975, en el Batallón de Infantería 13, un cuartel que fue base de uno de los campos de detención clandestinos más temibles de la dictadura uruguaya, el 300 Carlos, en cuyo fondo acaban de descubrirse los restos de una persona ejecutada en aquellos años (no se sabe aún si hombre o mujer) y hasta ahora desaparecida.

A Mato se lo sospecha de haber participado, entre otros muchos casos, de los secuestros y asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes tupamaros William Whitelaw y Rosario Barredo, ocurridos en mayo de 1976 en Buenos Aires.

En julio pasado Mato fue condenado en ausencia a cadena perpetua en Roma junto a sus compinches civiles y militares uruguayos y a jerarcas de las dictaduras chilena, peruana y boliviana.

Rivera-Livramento, eje del mal

Uno de sus pares, Manuel Cordero, torturador y desaparecedor contumaz que fue pieza clave de la pata uruguaya del Plan Cóndor y operó en Buenos Aires entre 1976 y 1977, lo había precedido en la fuga hacia el estado de Rio Grande do Sul.

A punto de ser juzgado en Montevideo por múltiples casos de violaciones a los derechos humanos, en 2005 Cordero cruzó la frontera hacia Santa Ana do Livramento, donde cobraba su jubilación nada menos que en el consulado uruguayo.

Krischke lo rastreó, lo ubicó, lo perdió una vez, lo volvió a ubicar y consiguió, al cabo de años de esfuerzos, que el Supremo Tribunal Federal de Brasil concediera su extradición a Argentina, donde en 2016 fue condenado a 25 años de cárcel por 11 casos de desapariciones de uruguayos y argentinos producidas en Buenos Aires en 1976.

Este viernes 13 Brecha publicó una investigación en la que muestra cómo por la frontera Rivera-Santa Ana do Livramento los genocidas se mueven prácticamente a sus anchas a partir de una red de complicidades que comprende a políticos, militares, empresarios y hasta diplomáticos.

El autor de la nota, el periodista de investigación Samuel Blixen, compara a ese espacio entre dos ciudades separadas por apenas un mojón callejero a la haitiana isla Tortuga, un enclave que “en el siglo XVII fue refugio de piratas, filibusteros y bucaneros, una especie de zona franca para abastecerse, reclutar y esconder tesoros, gracias a la vista gorda del gobernador francés, antiguo filibustero”.

Además de Mato y Cordero en Rivera se establecieron en los últimos años otros genocidas, entre ellos Gilberto Vázquez, un coronel retirado condenado por desapariciones y asesinatos que en 2016 fijó residencia en esa ciudad del noreste uruguayo para cumplir prisión domiciliaria.

No la está pasando mal Vázquez en su coqueta vivienda riverense, pero mejor aún la pasaría al otro lado de la frontera, tal vez en compañía de Mato, su antiguo camarada en el SID. Él, además, ya ha sabido fugarse de lugares en que estuvo recluido.

“Para una ciudad como Rivera, la coincidencia de tantos terroristas de Estado en sus empinadas calles suena a saturación. Pero lo mismo ocurría con los piratas en la isla Tortuga”, observa Brecha.

La cónsul estampa su firma

La denunciada red de ayuda a los genocidas comprende, entre otros, a un ex legislador del Partido Colorado, a una candidata a diputada por Cabildo Abierto (una nueva formación política liderada por el ex comandante del Ejército Guido Manini Ríos), y a la cónsul uruguaya en Livramento Liselott María Sarli Pose.

Esa diplomática es hermana del coronel Wellington Sarli, acusado de torturas y abusos sexuales a menores vinculados con la Juventud Comunista en 1975 y compañero de Mato y Vázquez en el SID.

Habría que ver cuántas “revistas de existencia” extendió la cónsul desde que fue designada en su puesto en 2013, bajo el gobierno del frenteamplista y ex guerrillero José Mujica, apunta Blixen, poniendo el dedo en la llaga sobre otro tipo de complicidades, estas aparentemente contra natura.