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Ecuador después de Correa

Sin izquierda ni proyecto de país

En un hecho casi insólito, el sucesor elegido por Rafael Correa para guardarle el sillón presidencial, resultó contrario a los intereses de quien lo nombró. Esto es más o menos lo que sucedió en Ecuador con Lenín Moreno.

La explicación más simple dice que Moreno traicionó a Correa. Pero el concepto de traición oscurece la realidad, no aporta elementos de análisis y concibe la historia como una sucesión de conspiraciones sin el protagonismo de los pueblos.

Lo primero que debe decirse es que la sociedad estaba cansada del estilo de Correa, quien atacaba sin piedad a sus opositores, desde los medios de la derecha hasta movimientos tan importantes como la CONAIE (Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), cuyo activismo en la década de 1990 deslegitimó el neoliberalismo y abrió las puertas al progresismo.

Bajo Correa hubo paros generales y levantamientos, como el protagonizado por los sindicatos y los indígenas, que confluyeron en una gran movilización el 13 de agosto de 2015 en las principales ciudades.

Exigían que se retiraran las reformas que descargan sobre los trabajadores las consecuencias de la caída de los precios del petróleo, rechazan la reelección indefinida, los proyectos mineros y petrolíferos y la autorización a las fuerzas armadas para participar en la seguridad pública.

Como en otras ocasiones, Correa acusó a los manifestantes de golpistas.

Organizaciones de derechos humanos concluyeron que durante las protestas “miembros de las fuerzas de seguridad golpearon y detuvieron arbitrariamente a decenas de personas e ingresaron ilegalmente a las viviendas de personas que no estaban participando”.

El mismo 15 de agosto Correa decreto el estado de excepción, con el argumento de que un volcán había entrado en erupción.

La segunda cuestión es la economía. Durante la década correísta se realizaron importantes obras de infraestructura: carreteras, hidroeléctricas y aeropuertos, además de hospitales y escuelas, gracias a los buenos precios del petróleo.

Muchas de esas obras se adjudicaron a la brasileña Odebrecht y a empresas chinas, con altos sobrecostos y resultados muy pobres, sobre todo en el rubro hidroeléctricas.

La estructura de las exportaciones de Ecuador no se movió un ápice durante la década progresista: el primer rubro es petróleo crudo (30 por ciento), seguido del banano (17) y crustáceos (15).

El país importa gasolina y otros derivados del petróleo, no habiendo avanzado en la industrialización de ningún producto, con fracasos monumentales como la anunciada Refinería del Pacífico, que nunca salió del papel.

Cuando asumió Lenín Moreno se supo que la deuda externa es exactamente el doble de la admitida por Correa: 59.000 millones de dólares o el 57 por ciento del PIB.

Apenas la justicia comenzó a actuar de forma independiente (Moreno asumió la presidencia el 24 de mayo de 2017), el vicepresidente Jorge Glas fue procesado y encarcelado por asociación ilícita en el marco de los negocios con Odebrecht.

Legitimidad cuestionada

La tercera cuestión es la legitimidad ante la sociedad. Moreno ganó las elecciones frente al banquero Guillermo Lasso con apenas el 51 por ciento de los votos, lo que mostró la erosión del partido oficialista Alianza País que perdió 1,2 millones de votos, más del 20 por ciento de los obtenidos en 2013.

Las denuncias de fraude y la movilización de la oposición colocaron a Moreno en una situación compleja, ya que heredaba un gobierno con escasa legitimidad y fuertemente cuestionado.

Para ampliar su base de apoyo comenzó a mantener diálogos con los movimientos sociales y empresariales.

La ruptura con Correa fue inmediata, sobre todo a raíz del encarcelamiento del vicepresidente, apenas cuatro meses después de asumir Moreno.

Pero la crisis mayor con Correa fue la convocatoria de un referendo el 4 de febrero pasado.

Todas las preguntas formuladas por el gobierno de Moreno fueron aprobadas por abrumadora mayoría: contra la reelección indefinida (65 por ciento), lo que impide que Correa vuelva a presentarse; contra la minería metálica (69 por ciento), por la protección del parque Yasuní para que no se extraiga petróleo (68).

Un caso explosivo

El “caso Balda” es una bomba de tiempo.

Fernando Balda fue un colaborador de Rafael Correa en la campaña electoral de 2006 y cumplió funciones en los primeros años de su administración, para convertirse luego en acérrimo opositor al gobierno con fuertes denuncias de corrupción.

En agosto de 2012 Balda sufrió un intento de secuestro en Bogotá, en el que participaron agentes de inteligencia ecuatorianos. Uno de ellos acusó a Correa del secuestro: el expediente judicial guarda los cheques que se usaron para pagar a los secuestradores contratados en Colombia.

El juicio puede implicar el alejamiento definitivo de Correa de las esferas de poder.

Como sostiene el sociólogo Pablo Ospina, en los “círculos de las izquierdas latinoamericanas y mundiales se desestiman estas acusaciones de corrupción o de abuso de poder en los gobiernos progresistas como parte de un complot de las derechas”.

Asegura que la casi totalidad de las denuncias de corrupción contra Correa son ciertas.

Por último, parece evidente que el actual gobierno sufre “un fuerte desconcierto político, económico e ideológico”, según dice el analista Decio Machado (Brecha, 20 de julio de 2018).

Si bien el gobierno ha mejorado sustancialmente las relaciones con los movimientos populares, ha entregado los ministerios del área económica al sector empresarial, neoliberales y conservadores que pretenden “gestionar el país como si se tratase de una corporación empresarial”.

Los balances de Correa y de Moreno no pueden delinearse en blanco y negro.

El analista Juan Cuvi, ex dirigente de Alfaro Vive Carajo, establece una buena síntesis: “Correa gobernó para las élites económicas y para las transnacionales; en términos políticos, excluyó a la sociedad y concentró las decisiones en Carondelet”.

Moreno, en su ambigüedad, le ha entregado el manejo de la economía a esas mismas élites empresariales, pero se ha visto obligado a devolverle la política a la sociedad”.

Mientras el progresismo perdió el rumbo, la izquierda sólo puede recuperarse marcando distancias con esas experiencias gubernamentales, tanto de la corrupción como de la represión.

Si no lo hace, los próximos años no auguran nada bueno a un país cuyos movimientos fueron capaces de echar abajo tres gobiernos neoliberales en una década.