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La discriminación nuestra de cada día

Ser transexual en el Uruguay

El informe detalla algunos de los casos que forman parte de las denuncias que la Asociación Trans de Uruguay (Atru) recogió durante 2017 en todo el país: desde lo acontecido a quien no recibió la garrafa de gas luego de que el portero del edificio inquiriera a los repartidores:

“¿Van para lo del travesti?”, hasta el hostigamiento de un médico contra una auxiliar de servicio a la que califica de “degenerado” que “pone en peligro a la especie humana”, o la directora de un colegio que discrimina a una adolescente y le dice que desconoce que exista una ley de identidad de género.

También hay numerosas denuncias por golpes que las mujeres trans reciben en la calle, violaciones y hurtos, por el rechazo en diversas comisarías a tomarles la denuncia de estos hechos, o casos en los que se opta por no radicar la denuncia policial para evitar la burla o una posible detención arbitraria.

Karina Pankiévich, presidenta de Atru, fue quien documentó cada testimonio en la sede que la asociación tiene en Montevideo y en las filiales de Rivera, Maldonado, Paysandú, Florida y Colonia; también recibió denuncias por correo electrónico, por teléfono y a través de las redes sociales, y registró posibles casos aparecidos en artículos de prensa sobre los que luego recabó mayor información en la localidad correspondiente.

De las 40 denuncias recibidas durante el año, 67 por ciento refieren a situaciones de discriminación que “denotan hostigamiento y acoso”, señala el informe al que accedió Brecha.

El relato de cada denuncia permite desnaturalizar situaciones cotidianas que resultan ser constantes discriminaciones y vulneraciones de derechos.

A los 8 años, cuando ya empezaba a expresar su orientación sexual, Karina escuchaba que su padre comentaba en la casa: “Prefiero que esté enfermo y no que sea puto”, y ella pensaba: “¿Tan malo es ser puto?”.

Por eso, dice, “empezamos a luchar contra estos miedos por los que nos callamos la boca, estos fantasmas sobre qué es bueno o qué es malo. Vamos desconstruyendo los temores y construyendo nuestros derechos que nos corresponden como seres humanos, como personas”.

De hecho, desde 2009 está vigente una campaña internacional por la despatologización de las personas trans que propone pasar de un modelo de evaluación médica a uno de acompañamiento y decisión informada.

La campaña exige a la Asociación de Psiquiatría Americana, de Estados Unidos, y a la Organización Mundial de la Salud que quiten el “trastorno de identidad de género” como un diagnóstico posible de trastorno mental, cuyo síntoma principal sería la “disforia de género”.

En tu nombre
Asumir la identidad

“Nos queda mucho por hacer en cada uno de los hospitales de los 19 departamentos del país –considera Pankiévich–. Los profesionales de la salud no respetan nuestra identidad de género ni cuando nos llaman para el turno.”

Para muestra alcanza con el relato de una denunciante a quien llamaron a la consulta diciendo: “A ver, la de los infecto contagioso” (sic).

Para revertir estas agresiones, Atru realiza talleres de sensibilización en el tema de género para el personal de salud, en los que comienza por lo más básico: definir qué es identidad de género y expresión de género, cómo debe tratar el médico a la paciente, y haciendo énfasis en detalles como mirar la foto de la cédula y percibir que se trata de una mujer, más allá de su nombre de pila.

Me llamás por el apellido. En esas pequeñas cosas está el cambio”, dice Karina, con un tono suave y pedagógico, y concluye: “Si faltará todavía, que hemos escuchado a la encargada de hormonización del Saint Bois decir ‘los trans’, cuando se refiere a las mujeres trans. En el uso del lenguaje políticamente correcto nos queda camino por recorrer”.

También trabajan para desarmar estereotipos: “Las personas trans no somos sinónimo de infección de trasmisión sexual o de VIH, no podemos seguir asociadas a esas enfermedades. Tenemos dolor de espalda, jaquecas, cualquier enfermedad que un ser humano puede tener”.

La mayoría de las chicas que efectuaron las denuncias ante la Atru no han hecho el cambio registral en su documentación personal.

Aunque la ley de identidad de género (número 18.620) rige desde 2009, sólo 19 por ciento de la población trans lo ha hecho.

La presidenta de Atru es clara: “Necesitamos que sea más accesible”. El informe se hace eco de la modificación que presenta el proyecto de ley integral trans, proponiendo un cambio registral administrativo.

En diálogo con Brecha, Pankiévich añade la necesidad de que el trámite sea más económico: 2.500 pesos se van en timbres profesionales; luego viene el cobro discrecional de los abogados por su trabajo, que puede ir desde 20 mil a 60 mil pesos, ya que el trámite gratuito a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) “está saturado”.

Sin paz
El miedo a decir

Que no tomen mate con ella, que no puede usar el mismo baño que sus compañeras (y acaba utilizando pañales), que trabaja en el turno de la noche porque un compañero reciclador amenazó con quemarla.

Las denuncias por discriminación en ámbitos laborales, como la de la mujer trans que trabaja como auxiliar de servicio en un hospital y ha sido sistemáticamente insultada por un médico, han sido registradas en forma anónima, por el temor de las víctimas a perder sus puestos de trabajo.

Pankiévich remarcó lo importante que es para muchas tener un empleo que no sea el de ejercer trabajo sexual, y por eso se quedan allí aunque las maltraten. Atru quiere articular más con el Ministerio de Trabajo y el de Educación para ver cómo abordar las discriminaciones que ocurren en ámbitos laborales y educativos.

Karina añade que entre las metas de la asociación está muy claro que el trabajo sexual “no debe ser una opción laboral”.

“No queremos que ellas, las más jóvenes, pasen lo que pasamos nosotras en la dictadura”, dice, refiriéndose a torturas, detenciones arbitrarias, condiciones precarias de trabajo, y la exposición a la violencia callejera que han sufrido durante el terrorismo de Estado, por lo que esperan una pensión reparatoria.

“Como asociación les damos un empujoncito a las jóvenes para que ya no tengan temor, y brindamos herramientas para que puedan moverse con libertad”, dice Karina.

Se refiere, por ejemplo, a la reunión que mantuvieron, con la responsable del área de género del Ministerio del Interior (MI), July Zabaleta, las denunciantes víctimas del hostigamiento de oficiales del Programa de Alta Dedicación Operativa de la Policía (Pado), que acosaban a trabajadoras sexuales y les exigían el documento de identidad a los clientes, amenazándolos con comunicarse con sus familiares.

“Esta es una clara violación del derecho al trabajo, ya que el trabajo sexual está protegido por la legislación nacional (ley 17.575) –recuerda el informe–, actualmente está regulado y con ciertas obligaciones para el prestador.”

Aunque la referente de Atru destaca que en el MI “hay cambios, hay más apertura para pensar y trabajar en el abordaje de las distintas identidades de género”, este lunes recibió una comunicación de la referente de la organización en Paysandú denunciando que una persona gay fue agredida verbalmente por un policía en la vía pública y sufrió amenazas de muerte, denuncia que el joven también radicó ante la unidad de Investigaciones sanducera.

Denuncias
La mayoría por discriminación

El 67,6 por ciento de las denuncias recibidas en 2017 fueron por discriminación.

El 11,8 por ciento por agresión y violación, 5,9 por ciento por hurto y tentativa de hurto, y otro 5,9 por ciento por violación al principio de acceso a la justicia. Las denuncias por hostigamiento, difamación y homicidio fueron cada una el 2,9 por ciento del total.


Convenio Brecha-Rel-Uita.
Nota del Editor: Los subtítulos son de La Rel.