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Militar uruguayo que iba a ser extraditado desde España se esfuma en el aire

Un extraño “desaparecido”

El coronel retirado Eduardo Ferro, pedido en extradición a España por la justicia uruguaya por secuestros, torturas y asesinatos en Uruguay, Argentina y Brasil en el marco del Plan Cóndor, no aparece por ningún lado.

En 2016, a punto de ser juzgado en Montevideo, Ferro escapó hacia España, en setiembre de 2017 fue detenido en Madrid. Al poco tiempo la justicia ibérica lo liberó.

El 11 de mayo pasado, el Consejo de Ministros español aprobó finalmente su extradición a Uruguay, pero la antena peninsular de Interpol comunicó que “no podía hacer efectiva” su detención porque le resultaba imposible hallar al septuagenario ex integrante del Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

La noticia se supo este fin de semana, y de inmediato los organismos de derechos humanos manifestaron su “repudio e indignación”, como lo señaló en un comunicado el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR).

IELSUR exigió a las autoridades uruguayas que “reclamen al Reino de España la más seria investigación de los hechos por los cuales Ferro no es ‘encontrado’ y que sea detenido a efectos de ser extraditado”.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otros grupos se sumaron al pedido.

Julio Sena, director de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol de Uruguay, dijo que el militar “está en libertad en España. España lo que tiene que hacer ahora es localizarlo y ponerlo a resguardo para que lo vayamos a buscar”.

El Comité de Base en Madrid del Frente Amplio, la coalición que gobierna en Uruguay, afirmó que desde que Ferro fue liberado por la justicia española insistió ante el Ejecutivo uruguayo y la embajada en Madrid para que se interesaran por la situación del militar y exigieran que no se le dejara escapar. Nunca tuvieron respuesta a sus pedidos.

A Ferro se lo acusa de haber participado en la desaparición del militante comunista Oscar Tassino, la ejecución en Uruguay de la joven argentina María Claudia García Irureta de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman, y la muerte por torturas en Montevideo del escribano Fernando Miranda, uno de los pocos desaparecidos uruguayos cuyos restos fueron hallados.

Fue identificado también como uno de los militares uruguayos y brasileños que secuestraron en Porto Alegre en 1977 a los exiliados uruguayos Universindo Rodríguez, Lilián Celiberti y los dos hijos de esta última, y se sabe que operó en Argentina a las órdenes del OCOA en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.

Finalmente, en democracia, estuvo a cargo de operaciones de espionaje a políticos de distintos partidos, periodistas, sindicalistas, integrantes de organizaciones sociales.

Ferro es uno más de los ejecutores del Plan Cóndor en Uruguay que hallan la manera de escapar a la justicia. Hay aquí apenas una decena de militares y civiles presos por delitos cometidos bajo la dictadura, y de ellos menos de la mitad cumplen su condena en una cárcel, y además en condiciones privilegiadas.

Decenas y decenas de causas abiertas por secuestros, homicidios, torturas, violaciones están enterradas en tribunales, entre la desidia y la carencia de medios de la justicia y el escasísimo interés del Poder Ejecutivo en “hacer algo” para que el panorama cambie.

Buena noticia
Sí se puede

Una buena noticia que provino de este frente en los últimos tiempos fue el pedido de procesamiento formulado por el nuevo fiscal especializado en delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe contra diez uniformados y civiles por distintos delitos vinculados con la represión de décadas atrás.

Uno de los casos es el de los secuestros de Porto Alegre de 1977.

Perciballe pidió que se juzgue por ese crimen, además de a Ferro, a otros tres oficiales retirados que “hasta ahora nunca habían sido ni siquiera molestados por la justicia”, como recordó una de las víctimas de aquel secuestro, Lilián Celiberti.

Uno de los acusados, el coronel retirado Glauco Yanone, revistó incluso entre los cascos azules uruguayos que participaron en “misiones de paz” de las Naciones Unidas en Congo.

El auto de procesamiento de Perciballe muestra cómo “todo el aparato de Estado” (no sólo las estructuras represivas, sino también la justicia, la cancillería y otras instancias civiles) estaba involucrado en el andamiaje de la dictadura, dijo Raúl Olivera, coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, un organismo que da seguimiento a las denuncias penales de delitos de lesa humanidad.

El otro caso por el que Perciballe pidió procesamientos fue el de las torturas infligidas en un cuartel a 19 jóvenes militantes detenidos en los meses previos al golpe de Estado de 1973 y a poco de iniciada la dictadura.

El fiscal acusó a cuatro militares, un médico que controlaba la aplicación de los tormentos y un juez militar.

“Lo significativo de este caso es que se pidió el procesamiento de un juez militar, que eran grandes colaboradores y partícipes de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Es algo que tendría que ser masivo y del cual hay un solo antecedente”, comentó Gastón Grisoni, presidente de la asociación de ex presos políticos Crysol.

Desde que se hizo cargo de la recién creada Fiscalía, un reclamo de muy larga data de los grupos de derechos humanos que se acaba de concretar, Perciballe demuestra que sí se puede.

“La eficacia” de esta Fiscalía pone en claro la ineficacia anterior” del Estado, subrayó Raúl Olivera.

Y concluyó. “Había todo un aparato que de alguna manera obstaculizaba, demoraba y alargaba. Tal vez podamos ponernos a tiro para librar una batalla contra el tiempo que de alguna manera estábamos perdiendo”.