«Cuando la gente dice que las personas tienen derechos humanos indivisibles e intransferibles, nosotras, las trabajadoras sexuales, no contamos”, dijo Karina Núñez.

Y dio un ejemplo concreto: el acceso universal a la salud. Contó que la diferencia se nota porque, mientras al resto de los trabajadores “se los cuida integralmente”, a las trabajadoras sexuales se las cuida “epidemiológicamente”.

Para Núñez, que habla desde su experiencia y en nombre de varias de sus compañeras, el sistema de salud cuida de ellas “solamente” para evitar que contraigan infecciones de transmisión sexual “o algún tipo de afección que pueda perjudicar al que paga por el servicio” que brindan.

Pero ignora, por ejemplo, que muchas trabajadoras del rubro mueren por cáncer de endometrio y para este tipo de enfermedad no se trabaja en la prevención.

También hay carencias en otras caras del oficio. A su entender, hay dos acciones que pueden cambiar la realidad: trabajar en el territorio con las trabajadoras sexuales para empoderarlas, y modificar la legislación vigente.

El miércoles 4 se cumplieron 16 años del día en el que se promulgó la Ley 17.515, que regula el trabajo sexual en Uruguay. En aquel entonces, las trabajadoras sexuales celebraron una decisión que dejaba de criminalizar su oficio y les garantizaba el acceso a la seguridad social y a la salud. Ocho años después, también podrían hacer aportes al Banco de Previsión Social (BPS) como empresas unipersonales o monotributistas.

La ley creó un Registro Nacional del Trabajo Sexual en la órbita de los ministerios del Interior (MI) y de Salud Pública (MSP). Establece que el MI es el encargado de controlar la actividad, así como de prevenir y reprimir la explotación sexual comercial. En tanto, el MSP se encarga del cumplimiento de las disposiciones sanitarias.

Al mismo tiempo, esta cartera crea y preside la Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, que, según el texto oficial, debía supervisar el cumplimiento de la ley, asesorar al Poder Ejecutivo en materia de políticas públicas y promover cursos de educación sexual y sanitaria entre las trabajadoras sexuales. Esa comisión también debe brindar a las trabajadoras asesoramiento sobre sus derechos.

La norma no regula las condiciones laborales del trabajo sexual y, en muchos aspectos, se quedó estancada en lo que dice el papel. Es por eso que, el mes pasado, trabajadoras sexuales independientes se organizaron y con el apoyo de organizaciones civiles impulsaron una campaña de recolección de firmas para modificar la ley.

En diálogo con La Diaria, Núñez contó que la decisión de impulsar la campaña se tomó durante una reunión con la Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, que funciona en el MSP, en la que se planteó la posibilidad de sacar adelante una modificación que está “encajonada” en ese ministerio desde 2014.

Una de las sugerencias que plantea esa modificación es autorizar a los proxenetas a pasar al régimen de patrones. “Ahí se me despertó la alarma”, afirmó Núñez, quien enseguida empezó a contactarse con colegas para organizarse tanto en Montevideo como en el interior del país.

La ley vigente establece que una persona comete el delito de proxenetismo cuando explota locales como bares, whiskerías, prostíbulos o casas de masajes para obtener un “beneficio excesivo”. La organización civil que encabeza la campaña de recolección de firmas es El Paso, que cedió los espacios y el equipo jurídico para atender las demandas de las trabajadoras sexuales y convertirlas al lenguaje jurídico.

Las mujeres también cuentan con el respaldo del sector de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social y las divisiones de género de la Intendencia de Montevideo y el MI, así como de representantes de la central de trabajadores PIT-CNT.

Hay dos tipos de listas: unas son para recabar el apoyo de las trabajadoras sexuales que actualmente están en ejercicio y otras para las demás personas que quieran estampar su firma para apoyar la causa. El objetivo es reunir 260.000.

Núñez y sus compañeras ya han mantenido encuentros con legisladores para presentarles la propuesta y hablar sobre las modificaciones que exigen. De acuerdo con la trabajadora sexual, “la recepción estuvo bien” y se nota que “hay un interés”. Lo único que impone obstáculos, a su entender, es el “poder filosófico y catedrático detrás del empoderamiento de las trabajadoras sexuales” por parte de “algunas de las abolicionistas más radicales que mueven los hilos en las esferas políticas”. Pero de esto hablará más adelante.

Las modificaciones que reclaman las trabajadoras son variadas. La principal es que el trabajo sexual deje de estar en la órbita del MSP y pase a ser competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

En lo estrictamente laboral, quienes impulsan la campaña buscan que las trabajadoras sexuales activas que tienen más de 60 años puedan conseguir una “amnistía tributaria” para jubilarse sin tener que pagar por todos los años previos a la sanción de la Ley 17.515, en los que ejercieron el oficio sin regulación.

“El BPS solamente reconoce el trabajo desde que se promulgó la ley, o sea, desde 2002 en adelante, pero hay compañeras que hace 40 o 50 años que están dentro de las whiskerías”, explicó Núñez.

También exigen que se modifiquen las formas de aporte dentro de los registros y que el MTSS se ocupe de “empoderar a las compañeras como trabajadoras”. Esto es para que, en el caso de que decidan dejar de trabajar, “puedan salir al mercado con las mismas capacidades que otra trabajadora que se reorienta laboralmente”, detalló Núñez.

En el afiche oficial de la campaña, que en estos días se ha difundido en las redes sociales, las trabajadoras sexuales reclaman “el acceso a la seguridad social, jubilación, formación, profesionalización y acceso a la salud integral como cualquier persona en el mundo”.

También reivindican el “derecho a vivir sin violencias” y exigen “no ser discriminadas y estigmatizadas” por el oficio que tienen. Buscan incluir todo esto en el marco de una norma que debe ser encarada desde una perspectiva de derechos humanos, que entienda que las trabajadoras sexuales pueden elegir libremente su oficio. “Si en verdad quieren generar un cambio, empoderarnos es el camino más justo”, concluye el texto de difusión.

Precisamente, “empoderar” es una de las palabras claves en esta reforma legislativa que pretenden lograr las trabajadoras sexuales. “Es el único camino valedero”, aseguró Núñez. “Porque, de lo contrario, siguen hablando otras por nosotras y no tiene sentido”.

Por eso, para ella, la ley necesita ser reformada “en base a las consideraciones de quienes están en ejercicio del trabajo sexual, y no en base a las percepciones de personas que no lo están”.

Núñez cambió el tono de voz cuando fue consultada acerca de su postura frente a quienes defienden el abolicionismo del trabajo sexual, una de las cuestiones que más dividen las aguas a la interna de los movimientos feministas. Sus palabras toman más fuerza. “Yo creo que si se sentaran a conversar con nosotras, verían que muchas de las compañeras también son abolicionistas del trabajo sexual, el único problema es que no tienen posibilidad de salir porque no tienen otro lugar en donde ir a meterse”, reflexionó.

Pero para ella va más allá de la necesidad de supervivencia. También le achaca el discurso abolicionista a la falta de iniciativas que hay para empoderar a las trabajadoras sexuales y educarlas sobre sus derechos. “Vos ves en todos lados que hacen jornadas de fortalecimiento y empoderamiento de mujeres de esto y mujeres de lo otro, pero yo no conozco instancias de fortalecimiento y de empoderamiento de trabajadoras sexuales. No existen, no nos ven como sujetos de derechos. Nos ven como la mancha negra que les hace mal al resto de las mujeres empoderadas, sin darse cuenta de que económicamente nosotras estamos mucho más empoderadas”.

Por las dudas, después aclaró: “Nosotras vendemos y comercializamos nuestra vagina como queremos, siempre y cuando estemos en posición de libertad en el ejercicio del trabajo sexual”.

Lo que sucede, en su opinión, es que las personas que quieren abolir el trabajo sexual tienen “incrustado” el “discurso argentino” y plantean una política que va en contra de lo que legisló el Estado uruguayo en 2002.

“Lo que están haciendo es omitir nuestros derechos”, esgrimió. “Uruguay no es Argentina. Las trabajadoras sexuales uruguayas no somos las trabajadoras sexuales argentinas. Los enemigos que tenemos las trabajadoras sexuales uruguayas no son los mismos que tienen las trabajadoras sexuales argentinas. Por lo tanto, el discurso de abolición argentino no puede implantarse en el ámbito uruguayo. Las realidades son diferentes”, agregó.

A pesar de eso, reconoció que las trabajadoras “necesitan” a las abolicionistas, porque son “quienes ocupan los puestos de poder”. Sin embargo, considera que el problema es que sus discursos se pronuncian a kilómetros de la realidad.

“Vos las ves dando grandes cátedras sobre trabajo sexual, pero nunca las he visto en un quilombo conversando con las compañeras. Si querés hablar de realidad, dales la voz a las que están en la realidad, y te vas a encontrar que son más abolicionistas que vos. Pero déjense de hablar por las trabajadoras”, pide, enojada.

En la misma bolsa incluye a quienes posicionan al trabajo sexual en el mismo escalón que a la trata de personas. “La trata de personas es real, pero si vos vas a la whiskería y conversás con las compañeras, sabés que de diez mujeres que hay adentro de una whiskería solamente tres tienen un fiolo. El resto, somos todas mujeres libertas que ejercemos el trabajo sexual de forma libre”, explicó, antes de agregar: “Lo que pasa es que se agarran de esas tres para cagarnos la vida a las otras siete”.

Para Núñez, las y los abolicionistas “necesitan” que las trabajadoras sexuales sean víctimas “porque, si no, no tienen razón de ser”. Pero ella se siente empoderada y lista para empoderar a las demás. “Yo me niego a ser víctima”.