Son trabajadores humildes, con un oficio duro y peligroso como cargar y descargar barcos, en el que cualquier error, por mínimo que sea, puede costarles la vida.

Fueron despedidos por reclamar lo suyo, y hoy más de 200 familias se han quedado sin el pan de cada día.

Para peor, 11 pueden ir a parar a la terrible cárcel de Tacumbú sólo por haber cerrado con sus barcas el puerto privado de San Francisco como medida para lograr justicia.

Han querido ponerse en contacto con el ministro de Trabajo y con el presidente Horacio Cartes pero no les han respondido.

El apoyo reclamado lo encontraron en las asociaciones de estibadores internacionales, varios de cuyos representantes viajaron especialmente a Paraguay para lograr la reposición en sus puestos de trabajo de los 200 cesados y la libertad de los once en prisión domiciliaria.

En caso de que el gobierno o la empresa privada que los despidió no accedan a negociar, se declararía un boicot internacional a todas las mercancías que llegaran o vinieran por vía marítima o fluvial.