De acuerdo a datos del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), el HNTS alberga en sus más de 30.000 hectáreas el 43 por ciento de los manglares existentes en el país.

Pero la sostenibilidad del sistema se ve amenazada desde hace años por la creciente siembra ilegal de palma aceitera dentro y en las inmediaciones del humedal, según vienen advirtiendo diversas instituciones estatales, como el Área de Conservación de Osa (Acosa) y el Instituto Tecnológico Costarricense (TEC), y organizaciones no gubernamentales.

Entre las consecuencias negativas del cultivo destaca especialmente la contaminación del agua por el uso de fertilizantes.

Hoy la palma aceitera es el segundo cultivo de mayor extensión en Costa Rica, solo por debajo del café, ocupando 73 por ciento más superficie que en 1997. En áreas del Pacífico Sur, la palma ha remplazado a cultivos de arroz.

Las primeras advertencias sobre la insostenibilidad ambiental de este cultivo en esta zona, formuladas desde el propio Estado ya en 2010, no han dado lugar sin embargo a sanciones a las empresas e individuos que han sembrado palma en regiones donde está estrictamente prohibido hacerlo.

La revista Mongobay dio cuenta el 11 de octubre de una investigación transfronteriza realizada por una alianza de medios periodísticos de Costa Rica, Ecuador, Colombia, Honduras y Guatemala.

Titulada Tras las huellas de la palma, la investigación destaca la inacción de las autoridades ambientales costarricenses ante casos de daño ambiental que se vienen denunciando.

“Llama la atención que, a pesar de las alertas de ONG y academia, ninguno de los pocos casos documentados en las autoridades del Estado tiene que ver con el HNTS”, apunta Mongobay.

Y consigna que el equipo periodístico “solicitó detalles de los casos sancionados e investigados por daño ambiental entre 2010 y 2021 al Ministerio Público, al Ministerio de Ambiente y Energía y al Ministerio de Agricultura y Ganadería” y apenas encontró dos.

“Vacíos en la legislación, dificultad para vigilar los ecosistemas, conciliaciones entre partes y denuncias que no ascienden a investigaciones formales” son algunas de las razones que explicarían el elevadísimo nivel de impunidad de los responsables de cultivar en zonas prohibidas no autorizadas y de afectar las afluentes del ecosistema con fertilizantes.

El 60 por ciento de la palma aceitera costarricense es procesada por una sola empresa, Palmatica, subsidiaria de la transnacional Chiquita Brands, la ex United Fruit Company.