En nuestra reciente visita a Guatemala conversamos con el abogado Rafael Sánchez Morales, asesor jurídico de FESTRAS, formado en la “escuela” del querido Enrique “Quique” Torres, viejo zorro, amigo de muchos años.

“En primer lugar, libertad sindical y negociación colectiva van siempre de la mano, no se puede concebir una sin la otra. Como lo señalaste −anota Rafael− en Guatemala organizar sindicatos es sumamente difícil por las represalias del sector empleador.

Junto a ello se encuentran una serie de trabas administrativas para el reconocimiento de la personería jurídica de los sindicatos.

Cuesta mucho organizarse, cuesta mucho que el Estado te reconozca y, encima, cuando se llega al objetivo principal, la negociación colectiva, lo que encontrás es una muralla impuesta por el propio Estado que, alejándose de los compromisos establecidos por la Constitución Nacional y la OIT, interpone formalidades dispersas en legislaciones de distintas épocas para obstaculizar la homologación.

“Ejemplos hay. Para enumerarte uno reciente, en el Ministerio de Agricultura se negocia en vía directa en un lapso aproximado de tres, cuatro meses y el proceso para llegar a la homologación, que pasó previamente por distintas instancias públicas, te lleva 6 y 7 meses más, y con recomendaciones que llegaron incluso a derogar artículos que ya eran derechos adquiridos por trabajadores y trabajadoras”.

Sánchez Morales anexa que hay decenas de ejemplos en que los procesos administrativos tardan más que la propia negociación y donde en el camino se van quitando derechos adquiridos previamente por trabajadores y trabajadoras.

Un caso paradigmático es el del Sindicato de Trabajadores de Bremen, que firmó un pacto colectivo de trabajo en 2019 y todavía no ha logrado homologar el acuerdo en el Ministerio de Trabajo y debe empezar en este año una nueva negociación. ¡Increible!

“Esta forma de llevar adelante los procesos de negociación de pactos colectivos de trabajo –prosigue Rafael–, rebasa el argumento de la legalidad determinado en la legislación laboral guatemalteca, que es congruente con los convenios en materia de libertad sindical y negociación colectiva y no debe ser interpretada como un obstáculo”.

¿Cómo se puede mejorar esta situación?, se pregunta Sánchez Morales. “Es necesario formar una instancia de diálogo con el Estado donde se definan reglas en congruencia con la normativa internacional en materia de derechos sindicales para que verdaderamente se pueda ejercer el derecho a la negociación colectiva”, responde.

Consultado acerca de cómo afecta a las organizaciones sindicales esa práctica excesivamente burocrática de un organismo del Estado, advierte que la misma debilita a los sindicatos.

“Estas respuestas −tardías y fastidiosas− hacen parecer que el sindicato timó a sus afiliados y afiliadas diciéndoles que hay un pacto cuando desde la empresa les dicen que no es así porque no está homologado. Y, claro está, en muchos casos se generan rispideces con las bases”.

Guatemala es reconocido como uno de los países con más dificultades en el plano laboral, síntoma de una democracia fallida.

“Los países con democracias avanzadas son aquellos donde la participación del sector productivo y laboral están en procesos de diálogo social”, apunta Sánchez Morales.

“Aquí, en cambio, el Estado se interpone como un problema ante algo que ya está solucionado. Parece ser parte de una estrategia de los gobiernos neoliberales que privilegian el libre mercado a los aspectos sociales”.