-¿Cómo está la situación política en el Perú luego de la renuncia de Kuczynski?
-Ha quedado demostrado que los últimos cinco presidentes de Perú están envueltos en actos de corrupción.
El último, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), fue ministro de Economía Alejandro Toledo y presidente del Consejo de Ministros, por lo cual era parte de la corrupción endémica del sistema político fomentada últimamente por la constructora brasileña Odebrecht.
Todos los gobiernos posteriores al de Alberto Fujimori desarrollaron una política que liquidó derechos laborales, privatizó las empresas públicas y realizó concesiones a mansalva de los servicios esenciales como la luz, el agua, la salud, la educación.
Eso generó una crisis política, económica y moral que se desbordó con el indulto a Fujimori por Kuczynski.
El pueblo trabajador no aguantó más y forzó la dimisión de Kuczynski y sus ministros, saliendo a las calles a protestar contra la corrupción.
La CGTP encabeza la lucha por una Asamblea Constituyente y nuevas elecciones generales porque en el Congreso quedan políticos que promueven proyectos de ley que buscan empobrecer aún más a los trabajadores y las trabajadoras.
El sucesor de PPK, Martín Viscarra, sigue en la línea capitalista neoliberal, que busca que los más pobres paguemos esta crisis política y económica. Su gobierno aumentó los impuestos al consumo y a la gasolina y eso incide directamente en el precio de los productos de primera necesidad.
Asimismo anunció un impuesto a los sueldos de los trabajadores que ganan menos de 2.000 soles (610 dólares), implementará una ley agraria que precariza todavía más las condiciones laborales en el sector rural, y pretende mantener a los trabajadores y trabajadoras del sector público sin negociación colectiva.
Todos estos atropellos a la clase obrera han llevado a que la CGTP esté trabajando camino a un paro nacional el 19 de julio. Nos hemos puesto de acuerdo las cuatro centrales obreras para impulsarlo unitariamente.
-En estas circunstancias y en el marco de la normativa que viene de la época de la dictadura es muy difícil llevar adelante la actividad sindical…
-Claro, lo que pasa es que hay una política empresarial de sesgo antisindical muy acentuada.
Los trabajadores que están en el régimen general no pueden armar un sindicato y si es que lo conforman, a quienes se afilien inmediatamente los despiden, los coaccionan, los hostigan.
Esta realidad antisindical trasciende el ámbito privado pues los servidores públicos no tienen derecho a negociación colectiva, herencia del fujimorismo que hasta ahora no se eliminó.
-¿Consideras que hay un nuevo despertar en la clase obrera, que hay mayor conciencia de la problemática que se enfrenta, mayor estímulo para apoyar estos paros y movilizarse, luego del miedo y la parálisis que sembró la dictadura?
-No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, dice el dicho… (sonrisas).
El pueblo está reaccionando y las organizaciones sindicales y sociales estamos en la calle para rechazar el modelo.
Pero los asalariados sindicalizados somos muy pocos, no llega al 8 por ciento. Tenemos que articular y centrar la lucha con los sectores populares, los campesinos, los frentes de defensa de las regiones.
El asunto más gordo que tiene la CGTP es hacer el trabajo a través de los pueblos organizados, porque es la única forma de enfrentar este régimen.
Hemos conformado el Comando Nacional Unitario de Lucha (CENUL), que agrupa a todas las organizaciones camino al paro del 19 de julio.
Somos conscientes de nuestras limitaciones pero también que hay que enfrentar esta situación, hay que articular la unidad del pueblo porque la derecha y los empresarios están unidos y forman alianzas en contra de la clase obrera.
-Dicen que no hay nada que divida más, que hablar de unidad en el seno
de la izquierda…
-Exactamente, la izquierda y los partidos progresistas están divididos, no son capaces de unirse para hacer un solo frente que permita vencer al capitalismo.
Los analistas políticos opinan que si la izquierda se une en 2021 puede ser gobierno, porque la derecha ha sufrido un fuerte desgaste político por los escandalosos casos de corrupción.
Nuestra responsabilidad como dirigentes no debe limitarse al ámbito sindical sino a toda la sociedad.
Es necesario comenzar a trabajar por un gran frente social y político para enfrentar este sistema.
Si no somos capaces de hacerlo los herederos de Fujimori se mantendrán en el gobierno y eso sería fatal para los trabajadores.