“En esa reunión de mediados de mes, solicitada por nosotros, planteamos la preocupación ante estas modificaciones porque surgieron casos dentro de la industria donde fue rechazada la extensión del seguro por desempleo”, explicó a La Rel Martín Cardozo, presidente de la Federación.

Los representantes del Ministerio transmitieron que en el Poder Ejecutivo saben lo que significa el sector para el país y lo negativo que podría ser cortar la extensión, sobre todo porque el personal que trabaja en la industria es mano de obra calificada.

“Desde el Ejecutivo entienden que hay empresas del sector que abusan de ese derecho de extensión de los seguros, algo que nosotros desde los sindicatos hemos dicho también, porque muchas veces la patronal lo usa como mecanismo de presión para la negociación colectiva”, señaló.

El decreto 171 de 2011 sobre seguros especiales establece que, pasado el plazo legal para el otorgamiento del subsidio por desempleo, se podrá extender el beneficio de forma total o parcial, según el caso.

“Pasadas dos semanas de la reunión con el ministro, el director de Trabajo nos envía una comunicación donde explica que está en marcha un proyecto de ley, que ya tiene media sanción, que le da la potestad al Ministerio de Trabajo de, vencido el plazo legal, extender o no el seguro”, detalló Cardozo.

Teniendo en cuenta que el gobierno de coalición cuenta con mayoría parlamentaria prácticamente un hecho que el proyecto se convierta en ley.

De esta forma anula una norma anterior que establecía que para los seguros especiales cada caso sería analizado y votado por el Poder Legislativo.

“Lo que nos preocupa es que al tener el Ministerio de Trabajo esa potestad, va a ser la cartera la que decida a cuál empresa otorga el seguro y a cuál no y nos dejaron claro que no van a darle estas prórrogas a todas las empresas, como hasta ahora sucedía, porque el objetivo es reducir la extensión de subsidio por desempleo”.

Cardozo abrió un paréntesis para referirse al caso particular de los trabajadores y las trabajadoras del Frigorífico Rosario y del frigorífico Lorsinal, ambos pertenecientes al grupo chino Sundiro.

La planta de Lorsinal dejó de faenar desde principios de este año por problemas financieros. El frigorífico debía una cifra millonaria a los consignatarios de ganado, que dejaron de entregar animales para la faena.

“Finalmente, la gerencia se comprometió a saldar sus deudas y a reabrir la planta a principios de este año, lo que concretó en abril pactando una reducción de los salarios, pero volvió a cerrar en mayo”, explicó Cardozo.

Ambas plantas han pedido prórrogas para el subsidio por desempleo y quedó el compromiso de las autoridades de tratar estos casos de forma especial.

Lo que teme la Federación es que, con esta modificación, más lo que prevé un anteproyecto presentado por el propio ministro Mieres que busca fraccionar las licencias anuales, las empresas del sector usen y abusen de estos mecanismos para presionar en negociaciones futuras en detrimento de los trabajadores y trabajadoras.