Se trata de Amelia Sanjurjo, una militante del Partido Comunista de 41 años secuestrada el 2 de noviembre de 1977 –estando embarazada de tres meses– en plena calle por agentes del Organismo Coordinador de Operaciones Subversivas (OCOA) y trasladada al centro clandestino de detención y tortura de La Tablada.

“En los próximos días vamos a presentar un escrito para solicitar la reapertura del caso e investigar quién o quiénes fueron los responsables de su asesinato”, dijo en conferencia de prensa el fiscal de delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe.

Y también: “este hallazgo nos habilita a seguir en el trabajo de la búsqueda, un gran debe que tenemos como sociedad”.

Los restos habían aparecido en junio de 2023 en terrenos del Batallón 14 del Ejército, en las afueras de Montevideo.

El cuerpo había sido enterrado boca abajo, se encontró prácticamente su esqueleto entero y al poco tiempo se pudo determinar que la persona había sido sometida a tormentos.

Luego se supo que se trataba de una mujer, pero identificarla tardó mucho tiempo: su perfil genético no coincidía con las muestras de ADN depositadas por familiares de desaparecidos.

En el caso de Sanjurjo, una de las desaparecidas que se suponía que podrían haber sido enterradas clandestinamente en ese predio, ya no había familiares directos a quienes tomarles muestras: sus padres y su única hermana habían fallecido.

Alicia Lusiardo, directora del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), que está a cargo del rastreo de cuerpos en predios militares y privados por encargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, explicó que hubo que recurrir a parientes que están viviendo actualmente en Italia y España.

Los datos recolectados fueron enviados al Laboratorio Genético del Equipo Argentino de Antropología Forense, en Córdoba, y fue éste el que determinó que los restos encontrados eran los de Sanjurjo, con “99,9 por ciento de certeza”.

Centro clandestino de detención y tortura La Tablada | Foto: Gerardo Iglesias

A casi 40 años de la recuperación de la democracia, solo se han recuperado los restos de seis personas desaparecidas en Uruguay. El primer hallazgo remonta a 2005.

Alrededor de 200 uruguayos y uruguayas desaparecieron en las décadas de 1970 y 1980, más de la mitad de ellos en Argentina, en el marco del Plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras.

En total se ha encontrado e identificado a 31 de ellos, la mayoría en Argentina, y se supone, en base a testimonios y recortes de datos, que muchas de las personas secuestradas en países vecinos pudieron haber sido trasladadas clandestinamente a Uruguay y aquí ejecutadas.

El 20 de mayo pasado, como todos los años desde 1996, decenas de miles de personas marcharon en silencio por Montevideo y las principales ciudades del país en reclamo de verdad y justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

La consigna que encabezó este año la manifestación, inscrita en una banderola gigante, decía, refiriéndose a los represores: “Ellos saben dónde están”.

“La tierra una vez más ha hablado y nos ha dicho la verdad que ellos ocultan” en virtud de un pacto mafioso de silencio que el poder político no se atreve a romper, dijeron familiares de desaparecidos en las seis oportunidades en que se han hallado restos.

Y por supuesto los represores mienten a sabiendas: en el único informe que presentaron sobre las desapariciones forzadas de personas, en 2005, las Fuerzas Armadas afirmaron que sus restos habían sido “desenterrados, incinerados y sus cenizas arrojadas al mar”. “No busquen porque no los van a encontrar”, era su mensaje.

Entre esas personas estaban las seis que fueron halladas. La tierra habló y a los asesinos los dejó, nuevamente, en evidencia.

Foto: Gerardo Iglesias