El nombre interminable del convenio oculta deliberadamente lo único esencial: abren las puertas para la instalación de una base militar estadounidense en Uruguay, cumpliendo una vieja aspiración de la potencia norteamericana.

El mismo fue aprobado en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, en la sesión del 14 de junio pasado.

La bancada del Frente Amplio resolvió por unanimidad no votar el proyecto cuando sea tratado en el plenario del Senado.

Desde que el 3 de agosto de 2022 el presidente Luis Lacalle Pou envió el texto al Parlamento, reiterando el presentado, pero no aprobado en 2012 y retomando uno de 2000, se ha vuelto a discutir, aunque con muy escasa difusión pública, el significado del Acuerdo Logístico con Estados Unidos.

Contrariando cualquier lectura atenta del texto, el gobierno insiste en que no implica la habilitación de una base militar.

Al año pasado, el ahora ex senador Gustavo Penadés declaró (en entrevista de Lucía Barrios para Sputnik) que el acuerdo permitiría cosas que ya se hacían de hecho y recordó que “en el pasado Estados Unidos ayudó a la construcción de una importante policlínica en la zona de Santa Catalina”.

El ministro de Defensa, Javier García, dijo días atrás en la sesión de la Comisión de Defensa que “si hay que construir un hangar o un puerto” se podría “contar con colaboración para construirlos”.

No habló de policlínicas u hospitales, como Penadés. Pero al dar ejemplos mencionó que en las “operaciones de mantenimiento de la paz (…) Estados Unidos podría asistirnos en la base uruguaya ante situaciones que puedan darse en el Congo o en Altos del Golán”.

Ambas interpretaciones son contradictorias. Penadés habló de construcciones no militares en territorio uruguayo, mientras García se refirió a construcciones militares fuera del territorio nacional. Ninguna de las dos es convincente, ni guardan relación con la lógica del Acuerdo.

Además, aunque los integrantes del gobierno hoy acepten una cualquiera de esas interpretaciones del texto, nada impide que una vez aprobado cambien de opinión. Ya han demostrado que tienen la “marcha atrás” bien aceitada.

Por otra parte, cualquier futuro gobierno, además del actual, podría interpretar posteriormente el texto del acuerdo como la habilitación legal para la construcción de una base militar de Estados Unidos en Uruguay.

El subsecretario de Relaciones Exteriores, el colorado Nicolás Albertoni, recordó que “se cumplen setenta años del primer acuerdo de cooperación en defensa entre Estados Unidos y Uruguay, ratificado en 1953”.

Dicho convenio militar, aún vigente, fue rechazado por Luis Alberto de Herrera y legisladores de su sector de aquella lejana época, a diferencia de los lacallistas-herreristas actuales.

El acuerdo sometido a consideración del Parlamento fue precedido por otro equivalente que estuvo vigente entre 2000 y 2010. Se firmó durante el gobierno colorado de Jorge Batlle, por el ministro de Defensa Luis Brezzo.

No hay rastros por ahora de que dicho acuerdo haya pasado por el Parlamento. No ha aparecido su tratamiento parlamentario, ni su aprobación, ni siquiera el envío del mismo al Poder Legislativo. De confirmarse que no pasó por las cámaras sería muy grave. Podría destaparse otra caja de Pandora.

La orientación de Batlle, panamericanista y pro-estadounidense, siguió fiel a las más firmes tradiciones de su familia y su Partido Colorado.

Un acuerdo militar anticipó la postura a favor del TLC de Chile con Estados Unidos como ejemplo a seguir.

Si bien Batlle no consiguió un TLC, sí firmó un Tratado de Protección de Inversiones que, a pesar de su presunto carácter meramente económico, incluyó la cláusula militar de la “seguridad esencial”.

El texto firmado por el gobierno de Batlle fue descartado, pero sustituido por otro equivalente, todavía vigente.

Aún no ha habido discusión pública sobre la nefasta cláusula 18 del Tratado de Protección de Inversiones referida a la seguridad esencial, es decir a la llamada “seguridad nacional» de Estados Unidos.

Hoy, como a mediados del siglo XX o en el año 2000, los acuerdos militares y económicos con el poder hegemónico estadounidense intentan ir de la mano.

Recientemente, senadores norteamericanos, tanto demócratas como republicanos, presentaron en el Congreso un proyecto que ofrecería preferencias comerciales unilaterales a Uruguay, similares a las que reciben países del Caribe.

La reciente reunión de Lacalle Pou con Joe Biden, el alineamiento automático del gobierno uruguayo con la política exterior de Washington, el esfuerzo infructuoso por desmantelar el Mercosur a través de acuerdos bilaterales, junto con la mencionada propuesta de los congresistas, así como el acuerdo logístico, son algunas de las múltiples señales de la contraofensiva norteamericana en América Latina, y particularmente en Uruguay para contener el avance chino.

En medio de la guerra en Ucrania que enfrenta a la OTAN con Rusia, en la que se manifiestan simultáneamente conflictos intercapitalistas e interimperialistas tanto como un intento de cambio en el eje del poder hegemónico global, la sola posibilidad de la instalación de una base militar de Estados Unidos en Uruguay debería producir la mayor alarma. Nos puede involucrar en un conflicto devastador.

A 50 años del golpe de Estado de 1973 es conveniente volver a recordar la injerencia de la embajada de Estados Unidos en apoyo a la dictadura militar y las profundas heridas, aún abiertas, que dejaron aquellos tiempos.

En homenaje a las víctimas deberíamos decir “Nunca más” a la intervención imperialista en Uruguay.

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(Tomado de “Claridad”. Título e intertítulos son de La Rel):