Por sus efectos económicos, sociales y ambientales
Advierten que la construcción de una laguna artificial y la descarga de lodos, además de inutilizar tierras agrícolas, pueden tener graves efectos sociales y ambientales en una amplia zona.
Víctor L. Bacchetta – Sudestada
4 | 6 | 2024
Foto: Daniel García (archivo)
El proyecto Neptuno, probado por la empresa de aguas del Estado (OSE) con la finalidad de extraer agua del Río de la Plata para complementar el abastecimiento de Montevideo y la región metropolitana, incluye una enorme reserva de agua bruta o pólder.
Este componente surge exclusivamente por el lugar elegido para el proyecto, la costa de Arazatí, en el departamento de San José, que necesita suplir la extracción directa de agua del río en los períodos en que su alta salinidad impide la potabilización.
Según el estudio presentado, el pólder debe tener capacidad para suministrar hasta 70 días del agua requerida por la planta potabilizadora del proyecto, lo que implica almacenar 15 mil millones de litros de agua, inundando una superficie de hasta 240 hectáreas.
A lo anterior se le agrega el denominado monorelleno, un predio de unas 46 hectáreas para la disposición final de los lodos deshidratados, con componentes químicos, derivados del proceso de potabilización.
Desde el 25 de mayo, una carta firmada por integrantes de la Cooperativa Agraria Río de la Plata Ltda. (Cariplal), situada en el kilómetro 72 de la ruta 1, plantea a otros socios y vecinos de la zona su preocupación por los impactos del pólder y el monorrelleno del Proyecto Neptuno.
Los productores rurales sostienen que, “además de afectar una zona de tierras de la más alta calidad, aptas para explotaciones intensivas con riego, pueden tener otras graves consecuencias ambientales”.
“Preocupa entonces —agregan en la carta—, que además de la supresión de las explotaciones, habrá efectos indirectos de igual importancia o mayor aún, como la posible contaminación del Acuífero Raigón de muy diversos usos domésticos y productivos, o también cambios del nivel freático que modifique el drenaje interno de suelos comprometiendo su aptitud agrícola”.
“La instalación de un gran lago artificial alimentado con aguas eutróficas del Río de la Plata, cambiará las condiciones naturales ambientales de todo el entorno, no existiendo evidencia que asegure que no ocurrirán esas consecuencias negativas y acumulativas, que son luego muy difíciles o imposibles de revertir”, concluyen.
Los firmantes aclaran que su opinión no significa oposición al proyecto, aunque es obvio que, sin esos componentes, resulta inviable.
Los productores rurales se suman así a las objeciones del Proyecto Neptuno planteadas por otras organizaciones sociales del departamento de San José, así como por investigadores académicos sobre la condición de las aguas del Río de la Plata en la zona de Arazatí y los posibles impactos ambientales.
Esto sin hablar de las objeciones desde el ángulo legal y constitucional denunciadas por aquellas organizaciones que se encuentran actualmente en trámite en la Justicia.
En este contexto, el director de Saceem, Alejandro Ruibal, integrante del consorcio Aguas de la Costa, declaró al diario El País que las obras de Arazatí empiezan en julio.
“Tenemos todo listo. Es inminente el comienzo, solo son demoras normales por los trámites administrativos (sic)”.
Si fuera realmente por respetar los procedimientos legales, es imposible que el Proyecto Neptuno comience en julio. El ingeniero Ruibal no puede ignorar que sin la Autorización Ambiental Previa (AAP) el proyecto no puede iniciar ninguna actividad.
No solo faltan la Puesta de Manifiesto y la Audiencia Pública requeridas, sino que están pendientes informaciones clave del proyecto solicitadas por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea).
Las preocupaciones con las obras del Proyecto Neptuno expresadas por productores de la zona de Arazatí simplemente confirman lo que se ha venido denunciando.
He aquí un resumen de las Solicitudes de Información Complementaria (SIC) realizadas por la Dinacea el último mes para que se conozcan los vacíos existentes sobre los impactos ambientales del proyecto.
Ante el interés del consorcio Aguas de la Costa de «comenzar a la mayor brevedad posible las actividades de construcción de su proyecto», los técnicos señalan que la información del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado «resulta notoriamente insuficiente» (sic) para tales fines y que no se puede iniciar la ejecución de ningún componente de la obra sin la aprobación previa de un instrumento de gestión ambiental específico.
Sobre el trazado de la cañería de transporte del agua por Ciudad del Plata y adyacencias, la Dinacea advierte vacíos en la descripción de las actividades inherentes al tendido de la tubería, la intervención física que implican y la identificación de las afectaciones sobre la movilidad urbana y el normal desarrollo de las actividades comerciales y de servicios existentes, así como de las medidas de mitigación y compensación necesarias.
A partir del estudio hidrogeológico presentado, los técnicos se plantean una serie de dudas sobre cómo el proyecto podría afectar el nivel y la calidad del agua subterránea cerca del pólder y al monorrelleno.
Solicitan nuevos estudios de la conductividad hidráulica prevista en estos componentes y una segunda campaña de caracterización de los suelos, así como de las afectaciones hidro químicas del Acuífero Raigón.
Sobre el cruce de la cañería de transporte por el río Santa Lucía dentro del Área Protegida con Recursos Manejados Humedales del Santa Lucía, los técnicos señalan que esta obra requerirá previamente un proyecto de construcción muy bien delineado, para la cual solicitan información adicional sobre la obra y los ambientes que resultarían afectados, e incluso plantean la posibilidad de redefinir el trazado propuesto.
Con respecto a los estudios arqueológicos asociados a las obras en tierra, los técnicos piden explicaciones sobre incoherencias en la información presentada y ausencia de cateos en algunas zonas. por lo que requieren relevamientos adicionales.
La documentación “no evidencia en forma clara que el proceso de potabilización (…) tenga capacidad para tratar eficazmente agua bruta con concentraciones de cianobacterias de 106 cél/ml (células por mililitro)”.
Se requieren medidas ante la aparición de saxitoxina pues la planta no tiene capacidad para removerla e información adicional sobre las condiciones del agua bruta para controlar la potencial formación de trihalometanos.
En la misma solicitud, se considera “confusa e imprecisa (sic)” la información sobre el volumen de almacenamiento del pólder, se requieren previsiones sobre la gestión del suelo orgánico a extraer del área inundable y del material necesario para construir el dique del embalse, así como nuevos estudios sobre las potenciales condiciones de eutrofización del pólder, el monitoreo previsto y la eventual descarga total del agua almacenada y sus posibles impactos ambientales.
La Dinacea señala que «una única campaña de monitoreo» no permite captar adecuadamente la variabilidad de la ictiofauna en la zona de captación del agua del Río de la Plata y solicita el plan de monitoreo de la línea de base de ictioplancton, a la mayor brevedad, «previo a la definición respecto a la autorización ambiental solicitada (sic)».
Tras considerar insuficiente la información del medio antrópico, los técnicos solicitaron una caracterización sociodemográfica de la localidad más próxima a los componentes del proyecto y de los pescadores artesanales, la caracterización productiva de los predios afectados por expropiaciones, la viabilidad de producción en los predios remanentes y la afectación de los modos de vida de la población que reside o trabaja en los mismos.