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La construcción de un país desigual

Los resultados desastrosos de la economía colombiana en 2017 corroboran la advertencia lanzada por el movimiento sindical: que el cumplimiento de los dictámenes del actual gobierno terminarían convirtiendo a Colombia en lo que hoy es, el octavo país más desigual del mundo y el tercero en América Latina, dice Guillermo Rivera, presidente de Sintrainagro que La Rel reproduce a continuación.

La destrucción del aparato productivo nacional es evidente, la producción agropecuaria se ha estancado y muchos sectores clave de la producción de alimentos fue barrida por la competencia desigual con las importaciones.

Más de 14,5 millones de toneladas de alimentos son importadas anualmente.

Solo la actividad extractiva queda como fuente principal de recursos para el país, a sabiendas de la entrega en condiciones totalmente desventajosas para la nación y beneficios sin fin para las transnacionales.

La situación de la fuerza laboral colombiana es reflejo de ese cuadro.

Si se reemplaza la producción nacional por la extranjera y se suple el mercado interno con trabajo externo, el desempleo, el trabajo informal, la tercerización no tendrán cómo disminuir.

Si la política económica de todos los gobiernos de la era de la apertura económica y el neoliberalismo va en contra de la creación de la riqueza nacional y la consolidación de un mercado interno que genere dinámica de crecimiento, desarrollo de fuerzas productivas propias, no se podrá pensar en crecimiento de oportunidades de empleo.

La constante en todos estos años ha sido la generación de empleos de baja calidad, mal remunerados y poco calificados, paralelos al deterioro del aparato productivo nacional, especialmente en actividades de más complejidad como la agroindustria, la industria manufacturera y los servicios de alto valor.

El 69 por ciento de los asalariados en Colombia ganan entre 0 y 1,5 sueldos mínimos, dejando una capacidad de compra muy baja y generando un impacto negativo en la economía a la hora del consumo.

Adicionalmente, la sobrecarga de impuestos en más de 7 billones de pesos sacados de los bolsillos de la población menos favorecida, producto de la reforma tributaria que aumentó el IVA al 19 por ciento, generó descontento inclusive en los gremios económicos, por bajas en las ventas en 2017 y lo que va corrido de 2018.

Así las cosas, no hay dinámica económica que jalone el aumento de la producción y por consiguiente el empleo.

El movimiento sindical ha señalado también que el fenómeno de la corrupción tiene su sustento en la aplicación de la política de libre comercio, que propicia a las transnacionales y grandes inversionistas de capital la competencia por quién se lleva la mejor tajada y se alza con el botín de la contratación estatal, a punta de sobornos, coimas y mermeladas.

En el transcurso de este año y en medio del debate electoral se han profundizado los males que el actual gobierno ha ocasionado con la aplicación de su modelo económico, social y político.

No hay ningún cambio de rumbo y como muestra nos someten a la OCDE, lo que significa más libre comercio y más deterioro de nuestra economía.

La frutilla de la torta neoliberal
Una reforma al sistema de pensiones

Una de las condiciones para que Colombia sea incluida en ese organismo es que se imponga otra reforma al sistema de pensiones.

Ello representará un retroceso en las condiciones que hoy tienen los pocos trabajadores que acceden a este derecho laboral y alejará aún más la posibilidad de que la totalidad de los trabajadores puedan tener cobertura de esta prestación, al aumentar la edad para pensión y los requisitos para obtenerla.

El mal mayor está representado por los fondos privados de pensiones, que han convertido este derecho en un negocio, sumado a la informalidad y tercerización laboral, que impiden o reducen la capacidad de cotización de los trabajadores y trabajadoras.

Se trata, por el contrario, de fortalecer Colpensiones como fondo público que administra el régimen de prima media con prestación definida, el único capaz de garantizar la ampliación del derecho y la sostenibilidad del sistema pensional, hoy gravemente amenazado.

Por eso luchamos: por la eliminación de las formas ilegales de vinculación laboral existentes.

Sintrainagro no escapa a todas estas políticas antisindicales y de violación a los derechos a los trabajadores y trabajadoras.

Por eso exigimos al gobierno nacional, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud un mayor control para mejorar la atención a los trabajadores, trabajadoras y sus familias en la región de Urabá.

Exigimos a su vez al empresariado bananero negociar todas las labores nuevas o modificadas y que cumpla con el compromiso de contratar a dos mujeres adicionales por finca, lo cual fue firmado en la última convención.

Exigimos también que los empresarios cumplan con el acuerdo extra-convencional consistente en la contratación de una entidad de salud o uno o varios especialistas para resolver los casos prioritarios de trabajadores y trabajadoras con incapacidades prolongadas de cualquier origen.


En Apartadó,
Guillermo Rivera