El pasado lunes 25 de febrero José Manrique Valencia, del Sindicato de Obreros de la Construcción, fue ultimado por sicarios mientras descansaba frente a su casa.
El joven sindicalista de 34 años no habría sufrido amenazas previas y su organización, el Sutimac, había firmado un buen convenio, algo que quizá molestó.
Ernesto Cano, presidente del Sindicato de Trabajadores de Lloreda SA (Sintralloreda), dijo a La Rel que en Colombia basta militar en un sindicato para pasar a ser un blanco móvil.
“A alguien o a algunos no les gustó que el Sutimac lograra un buen acuerdo y lanzaron el mensaje”, reflexiona.
El asesinato de sindicalistas y líderes sociales es cada vez más común.
“El Estado no está cumpliendo con sus responsabilidades para con los sindicalistas, se está olvidando que ha firmado compromisos internacionales al respecto”, dijo Cano.
“Además, sufrimos las presiones de los empresarios que no aceptan que levantemos la voz en reclamo de mejores condiciones laborales y eso nos convierte en objetivos a ser abatidos”.
Para Cano las recomendaciones y los convenios de la OIT son letra muerta.
“He intentado comunicarme con Ítalo Cardona, representante de la OIT en Colombia, y no puedo hacerlo directamente, solo a través de la Central y eso hace que la inmediatez se pierda”, explica.
Cano afirma que las violaciones de derechos abarcan todo un abanico, que llega hasta el asesinato de los dirigentes.
La Fiscalía, a su vez, prácticamente se lava las manos en la mayoría de los casos.
Cano se dirigía a una reunión en la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de Alimentos (Sintraimagra) en Medellín cuando se enteró que otro sindicalista estaba siendo amenazado de muerte.
Fernando Álvarez Vélez, fiscal del Sintraimagra de la seccional de Medellín, viene sufriendo amenazas desde hace aproximadamente un año.
“En marzo del año pasado comencé a recibir amenazas telefónicas. Me decían que dejara de molestar en la empresa, que me desafiliara del sindicato, etcétera”, relata.
Fernando trabaja en Colcafé, una empresa del grupo Nutresa. En la última amenaza que recibió, el sábado 23, le dijeron que le quedaban tres días, que irían por él.
El dirigente manifestó que esta es la primera vez que se conforma un sindicato en esta empresa, a pesar de que lleva más de 80 años en el mercado colombiano. La base sindical tiene dos años y Fernando es uno de sus fundadores.
“El solo hecho de formar parte del sindicato me hace víctima de estas amenazas”, lamentó.
El dirigente denunció que a pesar de la buena voluntad de la policía local no cuentan con un verdadero respaldo de la fiscalía de Medellín.
“Muchas veces no puedo esperar a la escolta policial local porque tengo que cumplir con mi horario de trabajo. En realidad es la Fiscalía quien debe proporcionarme custodia”.
Fernando recuerda que es nuevo en esto der ser amenazado por sus actividades sindicales y que muchas veces desconoce los procedimientos legales que debe seguir para recibir escolta.