Tan sólo entre marzo y abril se registraron 47.893 llamadas al número de emergencia 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, lo que representa un aumento del 52 por ciento respecto del mismo periodo del año pasado.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó que como consecuencia de la emergencia sanitaria se han entregado en esta localidad 400 medidas de protección a mujeres victimas de violencia de género.
Ese mecanismo, que tiene como principal fin salvaguardar la vida e integridad de las víctimas, no es una opción viable para otras miles que conviven con su agresor sin posibilidad de pedir auxilio.
El 15 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina: “No quiero decir que no existe al vioelncia contra las mujeres […] el 90 por ciento de esas llamadas que te sirven a ti de base, son falsas, está demostrado […]”.
Pero los números insisten en quitarle la razón. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), en los primeros 60 días de confinamiento se registraron 665 homicidios dolosos de mujeres, mientras que en el mismo periodo del año anterior la cifra fue de 451.
Los delitos sexuales también han estado presentes. El Sistema calcula que al menos 44 mujeres fueron violadas por día.
En este contexto, colectivos feministas y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres hacen hincapié en la necesidad de no minimizar la verdadera paandemia: la violencia de género.
Para visibilizar la problemática de los feminicidios y agresiones generalizadas al alza, se impulsó la campaña #NosotrasTenemosOtrosDatos.
No es poca cosa que el presidente haya usado la palabra “falsa”, pues fortalece la acusación de que las mujeres víctimas son mentirosas.
La organización Equis Justicia para las Mujeres, a través de una solicitud de información pública, quiso saber qué considera AMLO llamadas “falsas” ya que la metodología del SESNP, el organismo que publica las estadísticas del 911, únicamente clasifica por “improcedentes” o “procedentes”.
Por absurdo que parezca, la respuesta de la Presidencia de la República fue declararse “no competente” para explicar en qué fuentes se basó López Obrador.
El 8 de junio la abogada laboralista y activista por los derechos laborales Susana Prieto Terrazas fue detenida en Matamoros, Tamaulipas, una ciudad al norte del país, en la frontera con Estados Unidos.
Se la acusa de delitos de motín, coacción y amenazas contra miembros de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por su participación en intensas semanas de movilizaciones de las mujeres en la maquila, que a partir del 1 de julio han vuelto a la producción manufacturera.
La Red de Solidaridad con la Maquila, el Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral y otras organizaciones de defensa de los derechos laborales han manifestado que esta detención, producto de presiones del gobierno estadounidense, genera serias preocupaciones sobre el compromiso de México de respetar los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.
El hecho ocurre a poco más de un año de aprobada la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que permitió la entrada en vigor hace tres semanas del T-MEC, nuevo acuerdo comercial entre los países de América del Norte, que sustituye al NAFTA e incluye un capitulo laboral que compromete al gobierno mexicano a implementar un verdadero sistema de justicia en esta materia.
La criminalización del activismo de las mujeres es generalizada.
Jóvenes pertenecientes a Hijas de su Maquilera Madre, en la fronteriza Ciudad Juárez, denuncian acoso, hostigamiento y vigilancia policial con el objetivo de frenar sus movilizaciones de denuncia de la muerte de decenas de obreras en los brotes de Covid-19 en las maquilas y la demanda de liberación de Susana Prieto.
Solo unos meses atrás fue asesinada Isabel Cabanillas, integrante de ese colectivo.
En Ciudad de México, Andrea García