Paraguay es el cuarto exportador mundial de la oleaginosa, “pero como, en este caso, la deforestación ya sucedió en gran escala entre 1973 y el año 2000, no se le ha dado tanta atención a lo que sucede” con esa industria, a diferencia de Brasil, dijo Toby Hill, investigador de la ONG, según una reseña del diario español El País.

Las empresas europeas y estadounidenses “han hecho la vista gorda” sobre esta situación, afirma el documento, titulado “Comidas contaminadas: cómo la industria cárnica de Europa contribuye con los abusos de derechos humanos en Paraguay”.

Global Witness sugiere el involucramiento de las transnacionales Cargill y ADM, responsables del 40 por ciento de las exportaciones de soja de Paraguay, en ataques a comunidades indígenas con las que disputan la propiedad de las tierras donde se cultiva el llamado “oro verde”.

En El Cerrito, Alto Paraná, “la policía ha desalojado a la comunidad en tres ocasiones disparando pistolas y usando gas lacrimógeno para expulsar a los residentes y, más tarde, quemando sus casas y su templo, destruyendo sus cultivos y matando a sus animales”, denuncia el informe.

“Tras el tercer desalojo, en mayo de 2022, los miembros de la comunidad se quedaron sin hogar”.

Las fumigaciones sobre los cultivos, realizadas a menudo en condiciones irregulares, han causado intoxicaciones y “envenenamiento químico”, asegura Hill.

“Una investigación de inspectores del Ministerio de Ambiente encontró una serie de violaciones” a las leyes paraguayas, como plantaciones de soja contiguas a zonas pobladas, con sus consiguientes fumigaciones que afectaron la salud de habitantes y el agua que bebían.

“Gracias a análisis, en el agua del pozo del que bebía la familia Portillo”, uno de cuyos miembros murió, “se encontró endosulfán, aldrín y lindano, plaguicidas prohibidos o de uso restringido en Paraguay”, destacó Global Witness.

Las autoridades nunca investigaron este caso, por lo que fueron condenadas en 2019 por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

“Hay un riesgo estructural” de que las empresas occidentales que compran la producción de empresas locales acusadas de estos hechos “estén tomando soja de estas granjas”, dijo el autor del informe, Jago Wadely.

“En cuanto a las empresas que venden la carne al consumidor”, apunta la nota de El País, “Wadely señala que los exportadores de soja tienen una estrategia muy hábil para garantizar esa confusión: mezclar soja de granjas certificadas con la de granjas en donde ocurren violaciones de derechos humanos”. “

“Los supermercados y minoristas están tratando de entender. Las empresas cárnicas también. Pero los comerciantes de soja son la caja negra. Solo ellos saben a quién compran y a quién venden, y saben que lo mezclan todo. Pero no quieren la transparencia que quieren los minoristas y que quieren los consumidores”, culminó.