Las manifestaciones responden a una serie de demandas sociales, ambientales y laborales, acompañadas de un fuerte rechazo al autoritarismo del gobierno actual.

Entre las principales demandas de la huelga nacional están: la derogación de la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social (CSS), el rechazo a la presencia militar estadounidense y defensa de la soberanía nacional, la oposición a la reapertura de la mina de cobre en Donoso (Colón), el rechazo a la construcción del embalse en el río Indio, el fin a la criminalización de la protesta social y la censura a la prensa.

Según reportó Radio Temblor en su portal web, en Changuinola se organizaron bloqueos continuos en puntos clave como finca 66, finca 13, Guabito y otros, permitiendo el paso de servicios esenciales. La población se autoabasteció con colectas, ollas comunes y protección ante posibles represiones, manteniéndose alerta ante rumores de incursiones policiales.

En Changuinola se organizaron bloqueos continuos en puntos clave como finca 66, finca 13, Guabito y otros, permitiendo el paso de servicios esenciales. La población se autoabasteció con colectas, ollas comunes y protección ante posibles represiones, manteniéndose alerta ante rumores de incursiones policiales.

La masacre de 2010, ordenada por el entonces ministro de Seguridad José Raúl Mulino (actual presidente), marcó profundamente a la comunidad. En esa ocasión, dos manifestantes fueron asesinados —Antonio Smith y Virgilio Castillo— y decenas resultaron heridos.

Esto sumado a las décadas de abandono, discriminación, humillación, miseria y pobreza multidimensional sobre todo en la comarca Ngäbe Buglé alimenta hoy la indignación y la resistencia.

El gobierno ha implementado medidas represivas como el secuestro de salarios, amenazas de despidos y licencias sin sueldo a docentes huelguistas. La ministra de Educación y el contralor han sido señalados por tomar decisiones arbitrarias para debilitar el movimiento.

A esto se suma la detención del dirigente sindical bananero Francisco Smith, y la orden de arresto contra nueve líderes más, acusados de apología del delito. La criminalización ha generado una ola de rechazo y temor en las bases sociales.

Por otra parte, en represalia por la participación en la huelga, la empresa transnacional Chiquita Brands despidió a más de 5.000 trabajadoras y trabajadores bananeros, pese a que un tribunal laboral validó la legalidad de la protesta.

Esta decisión ha agravado aún más la tensión social en la región de Bocas del Toro donde la principal actividad es la producción y exportación de banano.

El jueves 19 de junio se produjo un estallido de violencia cuando la policía reprimió con fuerza a manifestantes en Empalme. A pesar de las declaraciones del ministro de Seguridad Frank Ábrego de que los agentes estaban desarmados, videos y testimonios confirman el uso de perdigones y gases lacrimógenos.

En respuesta, manifestantes tomaron el aeropuerto Manuel Niño, quemaron un bus, destruyeron oficinas estatales como la CSS y la DIJ, y atacaron símbolos del gobierno local.

El gobierno decretó estado de urgencia en Bocas del Toro, suspendiendo las comunicaciones por cinco días. Helicópteros militares sobrevolaron barriadas y se lanzaron gases lacrimógenos incluso en zonas no involucradas directamente en las protestas.

La población teme por la suspensión de garantías constitucionales y que esto abra las puertas para que las unidades policiales puedan cometer abiertamente y sin cuestionamientos violaciones a los derechos humanos, sobre todo contra los dirigentes sindicales y contra todos quienes estén en las manifestaciones.