Buena parte de esas denuncias (unos dos tercios) fueron corroboradas por la Inspección General del Trabajo.

Las faltas se constataron en la casi totalidad de los 19 departamentos (provincias) del país, con excepción del de Colonia, y en diversos sectores (forestación, viñedos, horticultura, floricultura, frutícola, apicultura), con picos altos en las arroceras y la forestación.

Los trabajadores se animan a denunciar más: en el período comprendido entre marzo de 2017 y setiembre de 2021 solo se habían registrado 35 denuncias y en 16 departamentos.

Pero el temor a perder el empleo sigue siendo la norma, según investigadores universitarios citados por el diario La diaria, que recoge estos datos, y los casos reales son seguramente muy superiores a los ventilados. El subregistro

El problema no son las leyes de prevención, que en Uruguay en esta materia suelen ser adecuadas, de acuerdo a los mismos investigadores, sino su aplicación por parte de los empleadores. Y fundamentalmente lo que podría llamarse un sistema de creencias.

Marcelo Amaya, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), atribuyó responsabilidades en una situación que describió como “insostenible” a las convicciones arraigadas de que “los agrotóxicos son inocuos”.

Así “se genera una cultura que demora muchos años en revertirse”, le dijo a La diaria.

Y ello a pesar de que cada vez más trabajadores padecen en su cuerpo las consecuencias del empleo de agrotóxicos.

Las consecuencias inmediatas más comunes de una intoxicación con pesticidas y herbicidas suelen ser dolores de cabeza, visión nublada, erupciones, irritación ocular o cutánea, dificultades para respirar.

Pero una exposición crónica puede derivar en problemas mucho más graves, como malformación del feto en mujeres embarazadas, mal de Parkinson, abortos espontáneos e incluso cáncer.

“Sabemos que hay muchos trabajadores afectados seriamente y cada vez hay más que tienen la sospecha de que los problemas de salud” que padecen “son causados por el uso sistemático de agrotóxicos en la producción”, comentó Amaya.

En el arroz el cáncer es una enfermedad frecuente, dijo el sindicalista, y recordó el caso de Julio de los Santos, un trabajador de ese sector de cuya situación La Rel se ha ocupado abundantemente desde que se conoció, hace ya más de seis años.

De los Santos sobrevive gracias a un respirador mecánico y a infinidad de remedios y caros tratamientos tras haber contraído diversas enfermedades por su exposición a agrotóxicos durante los años que trabajó para Arrozal 33, una gran empresa del sector que controla un pueblo entero en el departamento de Treinta y Tres en la zona este del Uruguay limítrofe con Brasil.

El caso fue judicializado (ha sido prácticamente el único en Uruguay: el miedo mata, y los trabajadores solo denuncian cuando la situación se les vuelve insoportable, estima Amaya), pero los tribunales, tras fallar en primera instancia a su favor, terminaron avalando los argumentos de la empresa. Ahora se está ventilando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El sindicalista considera que la información, la vigilancia, la supervisión, el control sobre los modos de operar de las empresas son evidentemente fundamentales para reducir el daño, pero la solución real vendrá del cambio de modelo de producción.

“El camino es la agroecología. Hay que poner todo el conocimiento, la tecnología para que, con base en la sustentabilidad, se pueda alimentar a la población sin degradar los recursos ni afectar la salud”, dijo.

Y destacó que “la línea de producción del modelo hegemónico lleva décadas de investigación científica, de aporte de recursos” para perpetuar un modelo reproductor de enfermedades de todo tipo.