El 3 de agosto, durante operaciones en la boya petrolera de José Ignacio con el buque Eagle San Francisco, se produjo un derrame de petróleo, estimado oficialmente en 40 litros.

La empresa estatal de combustibles ANCAP y el Ministerio de Ambiente aseguraron que el derrame había sido leve y que la situación se encontraba bajo control.

La Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) estaba siguiendo de cerca los hechos y se encargaría de investigar lo sucedido.

Sin embargo, el martes 11 la prensa informó que por lo menos siete playas del departamento de Maldonado se habían visto afectadas desde la mañana del viernes 8 por restos de petróleo cuyo origen no había sido revelado hasta entonces por Ancap.

Ese día, en su última comunicación, el ente se limitó a declarar que ”la traza de hidrocarburo verificada este fin de semana en varios puntos de la costa de Maldonado no guarda relación con las operaciones de la empresa”.

Entre las playas afectadas estaban Ocean Park, Sauce de Portezuelo, El Chorro, La Susana, Playa Brava y otros puntos entre José Ignacio y Punta del Este. La fauna aludida eran pingüinos muertos y empetrolados. Lobos marinos y aves costeras con el plumaje contaminado.

“La cifra oficial de 50 litros de crudo no se alinea con la extensión visible del impacto”, comentó un boletín vinculado a una organización internacional especializada en derrames de petróleo.

Mientras en Uruguay las autoridades minimizaron el incidente y no brindaban explicaciones claras, la International Spill Control Organization (ISCO / Organización Internacional de Control de Derrames) dio cuenta de lo sucedido en el país.

ISCO es una organización sin fines de lucro que fomenta la preparación y la cooperación a nivel mundial en casos de derrames de petróleo y productos químicos y promueve el desarrollo técnico y la competencia profesional.

“Tuvimos acceso a registros satelitales y fotografías cenitales de impacto vertical en la zona afectada, las cuales muestran la presencia de seis manchas y dos trazas adicionales de extensión mucho mayor que la prevista por las autoridades”, señaló la misma fuente.

“La realidad en el mar y la costa muestra un panorama muy diferente: se pasó de hablar de unas pocas decenas de litros a enfrentar más de seis manchas de crudo en la zona”, agregaron.

La situación evidenció además falta de coordinación y de directivas claras entre organismos del Estado para enfrentar la contingencia. La Intendencia de Maldonado realizó tareas de limpieza en conjunto con Cecoed, Prefectura, la Aviación Naval y el Ejército, pero sin una comunicación unificada con ANCAP.

El propio Intendente de Maldonado, Miguel Abella, cuestionó la ausencia de “un protocolo” y de información oficial para poder actuar con mayor eficacia.

Los reportes de ISCO fueron refrendados por el representante para Iberoamérica, Carlos Sagrera, geógrafo uruguayo egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y ex oficial de Marina (en retiro desde 1992).

Sagrera se desempeñó también como asesor de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Armada e integró comisiones bilaterales e intergubernamentales vinculadas a temáticas ambientales marítimas, fluviales, limítrofes e internacionales de las Naciones Unidas, la Organización Marítima Internacional y el Programa para el Desarrollo de la ONU.

El derrame de José Ignacio puso de manifiesto las vulnerabilidades del Estado uruguayo a la hora de enfrentar emergencias de esta índole en plena discusión de proyectos de prospección sísmica de hidrocarburos en la plataforma submarina, involucrando a varias empresas extranjeras, con un debate abierto sobre la conveniencia para el país y su viabilidad ambiental.