La Justicia formalizó a los accionistas de la empresa (Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral) mientras continúa investigando vínculos familiares, empresariales, maniobras patrimoniales y omisiones profesionales que facilitaron el vaciamiento de los fondos de cientos de inversores y dejaron un tendal de trabajadores a la deriva.

La maniobra, conocida a principios de año, dejó miles de afectados y pérdidas estimadas en decenas de millones de dólares, con un impacto que se extendió mucho más allá del negocio rural.

El esquema combinaba un negocio legítimo —compra y engorde de ganado— con prácticas propias de un sistema Ponzi: el dinero de nuevos clientes servía para pagar a inversores anteriores, mientras fondos circulaban entre empresas del grupo.

Gustavo Basso (fallecido en noviembre de 2024) centralizaba contratos y pagos, a través de su escritorio rural; Cabral manejaba la emisión de cheques, y otra empresa de grupo, Hernandarias XIII, controlada por Carrasco e Iewdiukow, administraba predios y ganado, proyectando una imagen de solidez y profesionalismo.

Informes de la Secretaría nacional para la lucha contra el lavado de activos (Senaclaft) revelaron que, pese a la caída de rentabilidad y liquidez, se siguieron distribuyendo utilidades, lo que sugiere un vaciamiento deliberado de la firma.

Entre 2020 y 2024, Hernandarias XIII acumuló pérdidas sostenidas que no frenaron el flujo de dividendos internos.

La mecánica permitió sostener la fachada de normalidad incluso cuando la capacidad de pago ya estaba comprometida.

Cuando explotó la trama, el pasivo alcanzaba los 200 millones de dólares.

Uno de los puntos críticos de la investigación era la relación con el frigorífico Casa Blanca, en el departamento de Paysandú.

El establecimiento mantenía una deuda millonaria con CG —estimada en 27 millones de dólares—, generada por compras de ganado sin abonar. La relación era estrecha: Casa Blanca le garantizaba la colocación del ganado a CG, mientras que esta le aseguraba animales para faena y exportación.

Pero cuando el esquema colapsó, la planta quedó atrapada en el efecto dominó.

“Cuando saltó en enero la deuda, vimos que los productores perdieron la confianza en la empresa y dejaron de remitir ganado”, explicó a La Rel Nicolás Laenen, presidente de la Asociación Laboral de Obreros y Empleados del Frigorífico Casa Blanca (ALOEF).

Antes del conflicto, la planta faenaba entre 1.200 y 1.400 animales por semana, pero actualmente se redujo a 500, lo que permite mantener unos cinco días de jornales.

Además, de los 500 empleados que integraban la plantilla, 305 permanecen en seguro de paro, vigente hasta el 17 de septiembre, mientras que entre 160 y 180 conservan tareas parciales.

Si bien los salarios y aguinaldos se pagan al día, la empresa mantiene pendiente el pago de las licencias de 2023 y 2024.

Desde el sindicato advierten que la situación es delicada: “Creemos que la empresa se va a recomponer, pero no con todos los trabajadores”, estimó Laenen.

Una situación que afecta a toda la comunidad ya que varios integrantes de una misma familia trabajaban en el frigorífico.

Ahora, la empresa quedó bajo la gestión de una interventora, luego de presentarse a concurso voluntario de acreedores. Y está previsto que a finales de octubre se realice una nueva reunión de acreedores, en la que se definirá parte de su futuro.

Además de las pérdidas por mala gestión, la Fiscalía detectó compras de vehículos de lujo e inmuebles en Uruguay y el exterior con fondos de CG y Hernandarias XIII, como un apartamento en Madrid por 1,2 millones de dólares para Carrasco e Iewdiukow, además de campos adquiridos por Basso a nombre propio.

Muchas operaciones replicaban un circuito cerrado: tierras compradas con dinero de inversores eran arrendadas por empresas del grupo, generando pagos internos con recursos ajenos.

Incluso tras la muerte de Basso, en noviembre de 2024, CG firmó 272 contratos nuevos o renovados. Ese mismo fin de semana, Carrasco, Iewdiukow, Cabral y familiares se reunieron en Florida para definir el futuro de la empresa.

Hijos de Carrasco y de Basso resultaron beneficiarios de propiedades y acciones adquiridas con dinero de la firma, como apartamentos en Punta del Este, Montevideo y Canelones, o campos en Florida y Durazno. Estas compras eran facilitadas por escribanos cercanos a ambas familias.

El caso mostró que, en un mercado tan interconectado como el ganadero, el derrumbe de un operador de peso puede generar un vacío que afecta a toda la cadena de valor, desde el campo hasta la exportación.

La Fiscalía seguirá indagando el alcance de la responsabilidad de familiares, empleados y empresas vinculadas, en una causa que expone la fragilidad de los controles ante fraudes complejos y de alto nivel.

Mientras tanto, los efectos de la caída de Conexión Ganadera siguen presentes, no solo en la justicia, sino en las cuentas vacías de miles de ahorristas, en la economía de comunidades como Paysandú y en decenas de familias obreras del frigorífico que pagaron el precio de un fraude que se disfrazó de éxito empresarial.

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