Las movilizaciones, iniciadas el 20 de setiembre por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) en rechazo a la supresión de los subsidios estatales al combustible diésel y a los recortes de los programas sociales del gobierno, se intensificaron el fin de semana pasado.

El domingo, la represión se cobró un muerto, el comunero Efraín Fuerez, asesinado de tres balazos por disparos de armas que solo el ejército posee.

“Protestar es un derecho, no puede costar la vida”, reaccionó Gina Romero, relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación, y lo mismo hicieron decenas de organizaciones sociales y del mundo artístico y académico.

Las movilizaciones se han ido extendiendo, con bloqueos a calles y rutas y manifestaciones en decenas de localidades, con puntos altos en los alrededores de Quito y en la ciudad de Cuenca, así como en las provincias de Chimborazo y Bolívar.

La CONAIE declaró un paro “indefinido” que ya ha superado su décimo día. La respuesta del gobierno ha sido una sola: la represión –con gases lacrimógenos para disolver las manifestaciones y detenciones masivas─ y la asimilación de las protestas a “actos terroristas”.

El neoliberal presidente Noboa acusó a la CONAIE de estar vinculado a grupos narcos como el Tren de Aragua y otros y les quitó entidad a sus reclamos.

“Cuando el pueblo indígena, que por cientos de años ha sido símbolo de resistencia, se pone en lucha por un trato digno, a los gobernantes se les olvida todo y con epítetos racistas los desprecian. Esa es la contradicción más cruel de nuestra sociedad”, dijo el sociólogo Jorge Torres.