La biodiversidad agrícola −esa trama de sabores, colores y memorias que dio forma a la civilización− se está desvaneciendo bajo el peso de un modelo que mide el alimento en dinero y toneladas, no en raíces, nutrición y saberes.

América Latina, cuna del maíz, la papa y el tomate, es hoy escenario de una nueva colonización. Lo que comenzó hace 75 años como una promesa de abundancia −la llamada revolución verde− terminó transformándose en un régimen global de propiedad sobre la vida. En nombre de la productividad, el norte global impuso un modelo de agricultura dependiente de paquetes tecnológicos: semillas “mejoradas”, fertilizantes, herbicidas y normas comerciales diseñadas para favorecer la expansión de unas pocas corporaciones. La FAO estima que cuatro de ellas −Bayer, Syngenta, Corteva y BASF− controlan más del 60% del mercado mundial de semillas y agroquímicos.

El corazón de esta dominación es jurídico: la privatización de la semilla. Desde los años ochenta América Latina firmó una decena de convenios que otorgan “derechos de obtentor” a quienes modifiquen genéticamente un cultivo. El principio es perversamente simple: lo que antes era herencia colectiva, hoy tiene dueño.

El tratado más restrictivo, conocido como UPOV 91, prohíbe guardar, intercambiar o vender semillas sin licencia, imponiendo multas e incluso penas de cárcel. Casi todos los países centroamericanos lo adoptaron, junto con Perú y Colombia. Solo este último consiguió derogarlo, tras protestas campesinas y una sentencia histórica de su Corte Constitucional.

Mientras tanto, otros gobiernos aplicaron el mismo guión en silencio, por la vía administrativa. En Argentina, Brasil y Bolivia, las exigencias de la agroindustria se filtraron a cuentagotas en decretos y reglamentos. “Las leyes favorecen la homogeneidad y marginan a los productores tradicionales”, advierte Carla Poth, investigadora de la Universidad Nacional General Sarmiento. “Las semillas campesinas son tratadas como piratas, cuando son el resultado de siglos de selección y sabiduría popular”.

El discurso corporativo se reviste de modernidad. Bayer o Syngenta prometen “reconocer el valor del agricultor” y “preservar los hábitats cercanos”. Pero las cifras dicen otra cosa: el 98% de las mejoras transgénicas están ligadas a la resistencia a herbicidas y plagas, no a la nutrición o la resiliencia climática. La gran mayoría de los cultivos modificados −soja, maíz, algodón y canola− terminan convertidos en agrocombustibles o forraje para animales. No alimentan personas, alimentan mercados.

Los intentos judiciales para poner freno a este avance también revelan la profundidad del conflicto. En 2007, Monsanto Technology LLC reclamó ante los tribunales argentinos la patente de una molécula que hacía tolerante una planta al glifosato. La Corte Suprema le negó el derecho con una frase memorable: “No se puede patentar el medio ambiente, del mismo modo que el autor de un libro no se vuelve propietario del lenguaje”.

Sin embargo, en 2021, otra sala concedió a la empresa la propiedad sobre secuencias genéticas “artificiales”. “Se trata de un escándalo jurídico”, sostiene el abogado Fernando Cabaleiro, de la organización Naturaleza de Derechos. “Si esa jurisprudencia se consolida, perderemos soberanía alimentaria”.

La historia demuestra que el control no siempre se impone por ley. En Bolivia, por ejemplo, solo una variedad transgénica está oficialmente permitida, pero al menos un tercio de los cultivos usan semillas “ilegales”, muchas vendidas en redes sociales. “Es la estrategia de las empresas: primero infiltran sus semillas, luego exigen legalizarlas”, explica el economista ambiental Stanislaw Czaplicki Cabezas.

En paralelo, los impactos ecológicos se multiplican. En Estados Unidos ya se cuentan más de 40 malezas resistentes al glifosato; en América del Sur, las plagas se adaptan más rápido de lo que el mercado produce nuevas fórmulas químicas. El resultado son suelos agotados, abejas y polinizadores en declive, ríos contaminados, un círculo vicioso que, según el biólogo peruano David Castro Garro, “rompe el equilibrio de los ecosistemas agrícolas y reduce la capacidad de regeneración de la tierra”.

Pero no todo está perdido. En los márgenes de esta maquinaria industrial, florecen resistencias. En las montañas de Nariño, Colombia, campesinos y campesinas se reúnen cada mes para intercambiar semillas nativas. No hay dinero de por medio, solo confianza y memoria. En las ferias del maíz nativo en Nayarit, México, los pueblos wixárikas celebran cada año su cosecha como un acto de identidad. Y en los Andes peruanos, miles de familias guardan en sus terrazas de piedra más de 4.000 variedades de papa, uno de los tesoros genéticos de la humanidad.

“Todos nuestros sabores, nuestras historias, están en esas semillas”, dice Alba Marlene Portillo, de la Red de Guardianes de Semillas de Vida en Colombia. “Si las perdemos, perderemos también una parte de lo que somos”.

En los silos del puerto de Rosario, Argentina, una montaña de soja espera su embarque hacia China. Cada grano lleva incorporado un gen patentado, una huella invisible de la nueva economía global. El destino de esa carga, como el de la agricultura latinoamericana, está marcado por una paradoja: alimentar al mundo mientras se vacía la tierra de diversidad. Quizás dentro de cien años no queden semillas que no hayan pasado por un laboratorio.

Pero todavía, en los rincones donde el dinero no manda todo, hay manos que siembran lo que resiste y mantiene la memoria viva de la tierra. Una batalla en la que nos va mucho más que alimentos.