La convocatoria, que partió desde las redes sociales, es impulsada por asociaciones que reúnen a nostálgicos de la dictadura, como Pañuelos Negros, un grupo creado por la viuda de un capitán y hermana de un diputado de La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei.

Enseguida la iniciativa tuvo el beneplácito de LLA y también de los sectores que respaldan a la vicepresidenta Victoria Villarroel, que está muy distanciada de Milei pero que en temas relativos al pasado reciente y a la represión a las protestas sociales tiene con el presidente fuertes coincidencias.

Villarroel es hija, sobrina y nieta de militares y como abogada ha defendido a algunos de los casi 1.200 condenados en Argentina por delitos de lesa humanidad.

La ofensiva para poner fin a los procesos judiciales a militares y civiles de la dictadura y liberar a los condenados, iniciada hace ya unos cuantos meses, está tomando nuevo impulso tras el espaldarazo que significó para el gobierno su imprevisto y claro triunfo en las elecciones legislativas de octubre.

Siempre oficialista, la justicia argentina está tendiendo ahora a favorecer estos y otros reclamos de los sectores más conservadores y de la ultraderecha. Cuando se trata de los dueños del país muy raro es que fallen contra sus intereses.

Un ejemplo muy reciente de todo esto se dio este mismo mes en Rosario, provincia de Santa Fe, donde a pesar de las abrumadoras pruebas que había en su contra, 22 acusados de haber tomado parte en la represión a sindicalistas de la fábrica metalúrgica Acindar, en 1975, un año antes del golpe de Estado que derivó en la dictadura, fueron absueltos.

Entre ellos estaban dos empresarios y guardias de la fábrica y policías que participaron en la detención ilegal y tortura de 69 sindicalistas, 18 de los cuales acabaron siendo asesinados y ocho siguen desaparecidos.

En Acindar había en la época un predio conocido como “albergue de solteros”. Estaba en desuso, y los propietarios de la fábrica lo ofrecieron para que fuera convertido en centro clandestino de detención.

Allí fueron conducidos los sindicalistas, identificados previamente por los propios empresarios.

Uno de los propietarios de Acindar era José Martínez de Hoz, que en 1976 asumiría como ministro de Economía de la dictadura.

Los “aportes logísticos e informativos a los represores a la hora de señalar víctimas”, dice el diario Página 12, excedieron largamente a la metalúrgica.

Fue un patrón que se pudo verificar en muchas otras empresas, entre ellas el ingenio azucarero Ledesma, en la provincia de Jujuy, donde unos 60 obreros y empleados fueron secuestrados tras la confección de listas negras por parte de la dirección de la compañía. La mitad continúan desaparecidos.

Los dueños del ingenio jugaron también un papel fundamental como facilitadores de la represión en la llamada “Noche del apagón”, el 20 de julio de 1976, cuando la localidad de Ledesma quedó sin luz en el marco de un plan represivo para detener a unas 400 personas.

Los empresarios pusieron camiones a disposición de las fuerzas armadas y en sus galpones se montaron centros clandestinos de detención y tortura. Unas 55 personas secuestradas en esa ocasión figuran en las listas de desaparecidos por la dictadura.

El dueño de la fábrica, Carlos Blaquier, murió impune a los 96 años porque la justicia fue retrasando una y otra vez su proceso.

La automotora Mercedes Benz, la empresa alimenticia Molinos Río de la Plata, la transportista La Veloz del Norte, el ingenio La Fronterita fueron algunas otras empresas donde se comprobó la colaboración activa de sus propietarios con el secuestro y desaparición de trabajadores.

El fallo del Tribunal Oral de Rosario, remarcaron integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales, “demuestra las dificultades para juzgar el papel de los civiles en el plan de exterminio de los militantes y dirigentes sindicales”.

“Cuando se trata del poder económico, la justicia tartamudea”, dijo a su vez Victorio Paulón, ex dirigente sindical de Acindar.

El contexto político actual favorece aún más ese trancazo.

Federico Pagliero, abogado de las víctimas de la represión sindical en la metalúrgica, vinculó la decisión judicial con el “clima de época”.

“Está alineado no solo con el escarmiento a los trabajadores y militantes sindicales de 1975, sino con la represión que pretende imponer ahora el poder económico con la reforma laboral proyectada para 2026, que favorece a los mismos sectores que impulsaron la dictadura”, afirmó en declaraciones recogidas por el semanario uruguayo Brecha.

Continuidades, que les dicen.