El caso más reciente y simbólico es el de Whirlpool, que anunció el cierre de su planta en Pilar y el despido de 220 trabajadores.

La fábrica –inaugurada hace apenas tres años con una inversión de 50 millones de dólares y proyectada para exportar el 70% de su producción– dejó de ser viable por la combinación de costos altos, caída del mercado interno y la competencia de productos importados, cuyos precios bajaron en promedio un 20 por ciento.

Este caso se suma a otros como Essen, Color Living y Cramaco, que también cerraron plantas o recortaron personal.

La situación forma parte de una tendencia más amplia: según datos de la SRT procesados por el CEPA, en el primer año y medio del gobierno de Milei cerraron 17.063 empresas más de las que abrieron, lo que equivale a 28 cierres por día y un saldo de 236.845 empleos perdidos.

Otros relevamientos elevan la cifra a más de 19.000 empresas cerradas hasta agosto de 2025.

Los factores que explican esta crisis son múltiples. La apertura de importaciones, junto con la apreciación del peso y el alza de tasas de interés, encareció la producción local y restringió el acceso al crédito.

A esto se suma el derrumbe del mercado interno por la caída del poder adquisitivo, que deja a muchas empresas sin demanda.

Sectores como la construcción y la manufactura continúan muy por debajo de los niveles de 2023, tras el freno de la obra pública y el ajuste fiscal.

La industria textil es la más golpeada: funciona al 44,4 por ciento de su capacidad instalada, incapaz de competir con la avalancha de ropa importada –especialmente de China– que ingresa vía plataformas como Shein y Temu.

Se estima que ya se perdieron 15.000 puestos de trabajo formales en este rubro.

Aunque algunos indicadores macroeconómicos mostraron un repunte en 2025, no se tradujo en recuperación industrial. Al contrario, aumentaron los Procesos Preventivos de Crisis (PPC): solo entre enero y octubre de 2025 se registraron 143, el número más alto desde 2018-2019.