Ardor de garganta y malestar estomacal fueron algunas de las reacciones que sufrieron varios estudiantes de la Escuela Agraria de UTU, tras una fumigación “a escasos 20 metros” del centro de enseñanza, ubicado a unos cinco kilómetros de la ciudad de Guichón, en Paysandú.

El olor fue definido como “insoportable” y varios estudiantes que esperaban el ómnibus para volver a sus casas quedaron expuestos a las sustancias que se aplicaban a pocos metros. Por esta razón, una docente -que sufrió dolor de garganta y de estómago- decidió presentar una denuncia ante el MGAP.

Fue entonces que la Dirección General de Servicios Agrícolas realizó una inspección. El propietario del campo, Juan Andrés Miller, dijo que realizó una aplicación en un sitio cercano al centro educativo sobre las 17 horas del jueves 5 de junio con los herbicidas glifosato, cletodim y clopiralid.

Estos tres plaguicidas fueron analizados en las muestras que tomó el MGAP y dio positiva la presencia de glifosato en una de ellas, que fue tomada del patio de la escuela.

Además, los técnicos encontraron que, al momento de la fumigación, el privado no contaba con el Registro Único de Operadores.

La denuncia afirma que el privado incumplió el artículo 7 del decreto 264/004, que establece que “toda aplicación de productos fitosanitarios que se efectúe, a cualquier título, sea de naturaleza comercial o no comercial, deberá realizarse sin que se produzca deriva, siendo de responsabilidad del aplicador los posibles daños que la misma pudiera ocasionar”.

El 24 de noviembre, la Asesoría Jurídica del MGAP señaló que la empresa “no cuenta con antecedentes respecto de dicha infracción” y sugirió aplicar una multa de 6.518 Unidades Indexadas, una cifra que ronda los 42 mil pesos.

Por su parte, el Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales subrayó que “estas situaciones dejan muy mal parado al Estado e interpela a los ciudadanos que realizan las denuncias”.

“En este caso, las inspecciones detectaron incumplimientos y los testimonios señalan que los alumnos fueron expuestos a estas sustancias”, señala la organización en un comunicado.

Y pide a las autoridades de la educación territoriales y nacionales “más sensibilidad en estos temas y fundamentalmente acompañar a los docentes que con mucha valentía se animan a denunciar”.

“Reclamamos además que la Dirección Departamental de Salud actúe cuando suceden estos hechos donde la salud se puede ver afectada”, concluyó.

El colectivo solicitó al MGAP que “tenga en cuenta los instrumentos de ordenamiento territorial a la hora de realizar las inspecciones” porque estos instrumentos “prohíben explícitamente este tipo de producción en la zona”.

Además, le pide que revise en forma “urgente” la resolución 188, aprobada en 2011, que habilita mediante solicitud “a que se realicen fumigaciones a una distancia inferior a 300 metros de los centros educativos”.

Esta norma prohíbe realizar aplicaciones terrestres mecanizadas a una distancia menor de 300 metros de los centros educativos, pero permite que la Dirección General de Servicios Agrícolas, “previa evaluación técnica”, modifique la distancia en casos “específicos”.

“Es inadmisible que la salud de docentes y estudiantes quede sujeta a un acto administrativo que en la vía de los hechos no da las garantías y el control que requiere. Es necesario que el Ministerio de Ambiente intervenga cuando se afecta el ambiente y la salud de las comunidades y, principalmente, cruce datos con el MGAP para identificar así las trayectorias y los antecedentes de las empresas involucradas”, señalan los vecinos.

El colectivo considera “vergonzoso” el valor de la multa que propone el MGAP.

“Queda claro que hubo incumplimientos y también deja en evidencia la falta de compromiso de las autoridades territoriales -el Municipio y la Intendencia-, que nunca se ponen del lado de los afectados, sino que al contrario toman partido por las empresas. Queremos establecer con firmeza y claridad que vivir en un ambiente sano es un derecho de todos y todas”.