Uno de los mayores “estudios” a favor del glifosato invalidado 25 años después
Un artículo utilizado durante décadas por autoridades reguladoras de todo el mundo para sostener que el glifosato es inocuo para la salud humana fue retirado por la revista que lo publicó debido a numerosos fallos éticos.
Daniel Gatti
8 | 12 | 2025
Imagen: Allan Mcdonald’s – Rel UITA
La nota, difundida en abril de 2000 en la revista estadounidense Regulatory Toxicology and Pharmacology, fue presentada entonces como “una revisión” de los estudios llevados a cabo sobre el glifosato, el principio activo del Roundup, el herbicida más utilizado en el mundo.
Pero la revisión, concluyó ahora la revista, presentaba “varios problemas críticos que socavan su integridad académica y sus conclusiones”.
Las fallas eran muchas y muy graves: por ejemplo, que la investigación, más que por sus tres supuestos autores (dos de los cuales han muerto) había sido elaborada por funcionarios de la transnacional Monsanto, fabricante del Roundup.
Martin van den Berg, coeditor en jefe de la revista en la actualidad, lo dijo de manera más edulcorada: “empleados de Monsanto pueden haber contribuido a la redacción del artículo sin el debido reconocimiento como coautores”.
Los científicos firmantes habrían sido pagados por prestar su nombre. Varios medios quisieron entrevistar al único sobreviviente del trío, Gary M. Williams, profesor emérito del New York Medical College, pero se negó a hablar.
Esa “falta de transparencia”, dijo Van der Berg, “plantea serias preocupaciones éticas sobre la independencia y la responsabilidad de los autores de este artículo y la integridad académica de los estudios de carcinogenicidad presentados”.
En el año 2000 ya existían, además, numerosas investigaciones científicas, esas sí realmente independientes, que tendían a probar los daños del glifosato, pero fueron borradas de un plumazo o minimizadas en la supuesta revisión.
“Varios estudios de toxicidad crónica y carcinogenicidad” que alertaban sobre el glifosato no fueron ni siquiera tenidos en cuenta, admitió Van der Berg.
La decisión de la revista fue saludada por numerosas organizaciones sociales, aunque llega muy muy tarde.
Apenas dos años después de la publicación del artículo, en 2002, una veintena de científicos denunciaron “conflictos de intereses, falta de transparencia y ausencia de independencia editorial” de la revista en relación con Monsanto.
La acusación fue ratificada cuando en 2008 salieron a luz los Papeles de Monsanto, miles de documentos internos de la transnacional en los que, entre otras cosas, quedaba clara la participación directa de la empresa en la (falsa) revisión de comienzos de siglo.
El artículo siguió sin embargo siendo profusamente utilizado -hasta ahora mismo- por quienes defienden la inocuidad del glifosato, trátese de empresas, de gobiernos, de agencias regulatorias o de científicos que a menudo trabajan en laboratorios pagos por compañías del sector.
Y ello a pesar, también, de que en 2015 una agencia de la Organización Mundial de la Salud declarara al glifosato “potencialmente cancerígeno” en humanos, de las decenas de miles de denuncias contra el Roundup formuladas por agricultores y de decisiones de la justicia de Estados Unidos que han llevado a Monsanto, hoy propiedad de Bayer, a transar.
Dos académicos, Alexander Kaurov y Naomi Oreskes, elaboraron recientemente un informe según el cual el trabajo ahora retractado figura entre los más citados por organismos oficiales referidos al glifosato.
Aparece, por ejemplo, mencionado unas 40 veces en un informe regional europeo de 2015 que determinó que dos años más tarde la autorización del uso del glifosato en cultivos fuera prorrogada a nivel de la Unión Europea.
En Brasil fue uno de los más citados durante el largo proceso de evaluación del glifosato entre 2008 y 2019, que culminó con la “absolución” del agrotóxico por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).
Pero son pocos los que creen que la retractación de Regulatory Toxicology and Pharmacology tenga un efecto concreto sobre las agencias regulatorias, penetradas como están por los intereses de las empresas.
El Ministerio de Salud de Canadá, un país en el que se venden unos 50 millones de kilos de Roundup al año, ya anunció por lo pronto que nada hará y lo mismo dejaron entrever funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, una dependencia que por otra parte ha sido casi desmantelada por el gobierno de Donald Trump.
