Las multinacionales Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS obtuvieron de parte del Ministerio de Ambiente autorización para realizar prospecciones sísmicas en una distancia de entre 150 y 300 kilómetros de la costa y a profundidades de entre 50 y 5.000 metros.

El ministerio puso algunos condicionamientos para permitir estas actividades como la prohibición de “activar las fuentes de sonido ante la presencia de cetáceos (ballenas y delfines, entre otros animales), tortugas y pinnípedos (lobos y leones marinos) en un radio de 1.000 metros desde la fuente de sonido”.

Sin embargo, varias organizaciones ambientales y de vecinos están más en alerta que nunca.

La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) elaboraron un comunicado donde ven con “mucha tristeza y preocupación” la decisión de las autoridades del Ministerio de Ambiente.

Estas dos organizaciones recuerdan que existe una medida cautelar “de no innovar” presentada ante el Juzgado Letrado en lo Civil de 8º Turno, a cargo del juez Federico Tobía, que “aún no se ha manifestado al respecto”.

“Las medidas de mitigación y las restricciones que teóricamente se les impondrán a las empresas resultan, además de insuficientes, extremadamente difíciles de implementar y de controlar”, expresan.

“Como es lamentablemente tradición en el proyecto petrolero, el Estado y las empresas llevaron adelante un simulacro de democracia, realizando varias audiencias públicas, pero nunca teniendo realmente en cuenta la voz del pueblo, que desde hace meses viene manifestando su contundente oposición a estos proyectos destructivos y anacrónicos”.

Además, sostienen que las movilizaciones no se detendrán. Una manifestación fue organizada ayer 15 en la puerta del Ministerio de Ambiente.

Por otra parte, la Red Unión de la Costa expresó su “rechazo categórico” a la decisión de la cartera.

“Si bien las resoluciones detallan que el ministerio cumplió con las plazos reglamentarios, instancias formales y consultas interinstitucionales, también dejan claro que la participación de la sociedad civil fue tratada como un trámite, sin demostrar que los aportes realizados por organizaciones, colectivos costeros y actores científicos hayan sido valorados, ponderados o incorporados realmente en el análisis”, dice.

“Las resoluciones se limitan a mencionar que hubo ingresos de comentarios o informes, pero ninguno de ellos incide en la decisión final”, señala un comunicado de esta red que nuclea a más de un centenar de organizaciones de vecinos, sociales y de defensa del ambiente.

La Red Unión de la Costa considera que “esta práctica vacía de contenido las obligaciones del Estado bajo el Acuerdo de Escazú, que exige una participación temprana, significativa y con capacidad real de influencia en decisiones ambientales de alto impacto”.

“Cumplir con el trámite sin asegurar su incidencia no es participación, es apenas un formalismo administrativo contrario al espíritu y la letra del acuerdo”, señala la red.

“Resulta especialmente grave que un gobierno que se presenta como progresista y comprometido con la justicia social y ambiental termine habilitando operaciones sísmicas destinadas a facilitar inversiones de grandes corporaciones transnacionales ligadas al petróleo, priorizando intereses privados por encima de la soberanía ambiental, la pesca artesanal, los ecosistemas marinos y las comunidades costeras”.

Por esa razón, los colectivos lamentan que “pese a que Uruguay ha construido una matriz energética casi limpia, reconocida internacionalmente por su altísima proporción de energías renovables, estas autorizaciones empujan al país en la dirección contraria, reinstalando la lógica fósil”.

Al autorizar la prospección sísmica se “contradice no sólo las políticas nacionales de transición energética, sino también el rumbo global, colocando a Uruguay en una posición incoherente con sus propios logros y compromisos climáticos”.

Sostiene que una transición energética “justa y democrática” debe construirse “priorizando el interés general, asegurando la igualdad intergeneracional y preservando nuestros recursos”.

Además, plantea que “no puede construirse abriendo el camino al extractivismo offshore, con impactos irreversibles sobre la biodiversidad, especies sensibles, incluyendo cetáceos, tortugas y peces de valor comercial y economías locales que dependen del mar”.

Exige la “revisión inmediata” de las resoluciones, la “publicación de la matriz de evaluación que explique cómo fueron considerados o por qué fueron descartados los aportes ciudadanos” y la “apertura de instancias reales de participación, donde la sociedad civil pueda influir efectivamente en las decisiones”.

“La defensa de la vida del mar uruguayo, de sus ecosistemas y de las comunidades costeras no es negociable”, señalan las organizaciones.