La empresa pasará a ser coadministrada por una interventora designada por la justicia por un plazo de 60 días, prorrogable.

El fallo unánime del tribunal, integrado por tres jueces, considera que SanCor incurrió en una “reiterada reticencia (…) a entregar información requerida tanto por el juzgado como por la sindicatura y de importancia para el proceso”.

Entre los “datos clave” que la compañía no comunicó –y que son fundamentales para evaluar su estado real- figuran “contratos en ejecución, actividad productiva y comercial, plantas operativas, recursos humanos, stock y capacidad instalada”.

Tampoco acreditó el pago de salarios y aguinaldos al personal.

SanCor debe a sus trabajadores y trabajadoras parte de sus salarios desde junio de 2025 y no pagó ninguna de las dos cuotas del Sueldo Anual Complementario correspondiente al presente año.

En total, les debe unos 20.000 millones de pesos argentinos (casi 1,4 millones de dólares a cambio oficial).

La deuda total de la empresa llegaría a 400 millones de dólares.

En los fundamentos de su resolución, el tribunal establece que “ha optado por una medida intermedia –ni la más grave, ni la más leve– entre las disponibles”, con el fin de “proteger todos los intereses involucrados en el concurso”.