Unos 3,7 millones de costarricenses acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente y a 57 diputados. La ley prevé la elección en primera vuelta con el 40 por ciento de los votos; de lo contrario, se celebrará una segunda vuelta el 5 de abril entre los dos candidatos más votados.

Laura Fernández, exministra de Planificación y de la Presidencia en el gobierno saliente del ultraneoliberal y exfuncionario del Banco Mundial Rodrigo Chaves, podría cerrar la contienda ya en primera vuelta.

El porcentaje de indecisos sigue siendo muy alto, alrededor del 32 entre los que aseguran que irán a votar. La abstención podría acercarse al 50.

Fernández se presenta como la “candidata de la continuidad” por el Partido Pueblo Soberano, un “partido taxi” como el de Chaves, es decir, de reciente formación, sin ideología ni base sólida, con escasa militancia y sin estructura, creado con el único objetivo de «transportar» un candidato a las elecciones.

Muy lejos en las encuestas se encuentran Álvaro Ramos, del tradicional Partido Liberación Nacional, y el ultraconservador Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República. Prácticamente son inexistentes las posibilidades de una segunda vuelta para los candidatos dizque progresistas del Frente Amplio (Ariel Robles) y de la Coalición Agenda Ciudadana (Claudia Dobles).

Seguridad, reducción del Estado y de las políticas sociales, privatización de servicios, apertura al capital multinacional y venta de bienes comunes, así como una mayor liberalización del mercado laboral y reformas constitucionales que debiliten el equilibrio entre los poderes caracterizan la agenda de Fernández.

La respaldan al menos 17 pequeñas formaciones políticas que le servirán para intentar obtener la mayoría absoluta parlamentaria.

El punto de ruptura fue el progresivo traslado desde un modelo de estado del bienestar (1950-1980) a uno neoliberal.

Esa evolución tuvo como etapas de consolidación la elección de Óscar Arias a mediados de los ochenta, los programas de reestructuración del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los noventa y la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana a principios del nuevo siglo.

Una temporada de luchas ciudadanas permitió preservar una cierta centralidad estatal, contra la que se han lanzado las últimas administraciones.

“Rodrigo Chaves, Laura Fernández y el creciente abstencionismo son producto del desencanto de la población y de una izquierda cada vez más moderada”, explica Allan Barboza, del colectivo LaKanaya.

“Es el mismo programa de Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y de todas las derechas que gobiernan en América Latina y que siguen al pie de la letra las directrices de Washington: privatizar y reducir el Estado a su mínima expresión”.

Para el sociólogo Frank Ulloa, la victoria de Fernández llevaría a una radicalización de las recetas neoliberales.

“Tienen la mirada puesta en los bancos estatales, en la seguridad social y el sistema de pensiones, en la electricidad y el agua, en los derechos adquiridos de millones de trabajadores. Y quieren hacerlo sin tropiezos, por eso apuntan a asegurarse un control férreo de las instituciones”.

La falta de un verdadero programa político alternativo de izquierda resulta aún más discordante.

“El temor de la izquierda a proponer un programa que rompa con la receta neoliberal abre las puertas al ultraconservadurismo político, pero también religioso, verdadero espejismo para las clases sociales más desfavorecidas”, dice Ulloa.

Es en este contexto de regresión social donde el tema de la seguridad cobra protagonismo.

Según el Banco Mundial, con un coeficiente de Gini de 0,509 y una tasa de pobreza del 25 por ciento, Costa Rica figura hoy entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayor desigualdad en la distribución de los ingresos.

“La clase media se ha desplomado y la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado aún más. Se ha dejado de producir alimentos y de incentivar la industria local, privilegiando las zonas con régimen especial y el agronegocio en manos de las grandes empresas multinacionales que disfrutan de enormes beneficios fiscales”, explica Mónica Salas, de LaKanaya.

“Si a esto le sumamos los altos índices de corrupción y la infiltración a todos los niveles del crimen organizado y el narcotráfico no debe sorprender que la expansión de los sectores pobres y la desigualdad social hayan disparado los índices de inseguridad. La derecha aprovecha esto para proponer soluciones represivas y justificar la necesidad de poder actuar sin demasiados obstáculos institucionales”, añade.

Según el último Programa Estado de la Nación, Costa Rica tiene la séptima tasa de homicidios más alta de América Latina y la segunda de Centroamérica (16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes).

La receta de Chaves-Fernández está perfectamente en línea con la gestión bukelista en El Salvador: estado de excepción permanente y suspensión de los derechos constitucionales, detenciones masivas y construcción de megacárceles de máxima seguridad.

Los principales beneficiarios de esta estrategia son la oligarquía nacional y Estados Unidos.

Los acuerdos de patrullaje conjunto con el Comando Sur y las repetidas visitas de su otrora comandante en jefe Laura Richardson, la firma de un convenio de cooperación con la DEA y el FBI y la reciente visita del secretario de Estado Marco Rubio envían señales inequívocas sobre el estado de las relaciones bilaterales.

No pasa desapercibida la decisión de Costa Rica de excluir a las empresas chinas de la posibilidad de implementar la tecnología 5G en favor de la empresa pública de electricidad, ni tampoco la firma, en diciembre, de un tratado de libre comercio con Israel. Decisiones abiertamente aplaudidas por la administración de Donald Trump.

“Nos hemos convertido en un satélite de Washington, un pilar de la geopolítica estadounidense en América Latina. Esa es la realidad”, concluye Ulloa.