En abril de 2022, recién instalado el gobierno de Xiomara Castro, la nueva correlación de fuerzas parlamentarias permitió la derogación de la infausta Ley de empleo por hora. Cuatro años después, las fuerzas conservadoras bipartidistas, impulsan un nuevo proyecto de precarización laboral.

La derogación de aquella ley fue el resultado también de la presión del movimiento social y sindical, que en más de una ocasión demostró como convertía el empleo en una actividad inestable, insegura y frágil, limitando los derechos laborales y sindicales.

Fue un golpe directo a los sectores más pudientes de Honduras, cuya riqueza desmedida hunde sus raíces en los beneficios tributarios concedidos por autoridades complacientes, en la explotación de la mano de obra y en la desregulación y precarización del mercado de trabajo.

Apenas han pasado tres semanas de la investidura de las nuevas autoridades, producto de un proceso electoral sumamente cuestionado, y el bipartidismo quiere imponer un proyecto muy similar al anterior, además en medio de una ola de despidos en el sector público.

“En Honduras ya tuvimos trabajo por hora y solo aumentó la pobreza de las mayorías y las fortunas de unos pocos. La ‘chamba’ sin derechos y sin un salario justo solo genera más pobreza”, aseguró el ex vicecanciller Gerardo Torres en su cuenta de X.

Contra la nueva ley se han manifestado varias organizaciones sindicales de los sectores industrial, comercial y agrícola, algunos de ellos afiliados a la UITA¹.

En un amplio comunicado, las organizaciones manifiestan su rechazo a un proyecto de ley con el que, prácticamente, se estaría derogando el propio código del trabajo, dejando inaplicable el artículo que manda que para toda labor permanente y continua debe haber contrato por tiempo indefinido.

Asimismo, vulneraría otro artículo de la legislación laboral que dispone que, aunque trabajando menos de 44 horas semanales, el trabajador tiene el derecho a percibir íntegro el salario correspondiente a la semana ordinaria diurna.

Para los firmantes del pronunciamiento, el proyecto de ley viene a desregular aún más la relación entre capital y trabajo, es fuente de discriminación y desigualdad laboral, atenta contra el derecho a la libre sindicalización y a la huelga.

También impone el trabajo temporal y tercerizado, apunta contra la estabilidad laboral, concentra aún más la riqueza en pocas manos, atenta contra el empleo digno y fomenta la violencia laboral y antisindical.

Finalmente, las organizaciones consideran que se trata de una ley que mira a los derechos laborales como barreras a la inversión y a la acumulación de riqueza y no como derechos humanos.

“El trabajo temporal genera inestabilidad en lo personal, en lo familiar y en la sociedad. Por todo lo expuesto, solicitamos que se escuche nuestra voz y la voz de los sin voz. Reafirmamos nuestro compromiso histórico con la lucha reivindicativa y con la defensa de los derechos adquiridos”, concluye el comunicado.