Los cambios en la Ronda Uruguay lograron que cuatro empresas se interesaran en volver a buscar hidrocarburos en el mar uruguayo. Aunque estaban supeditadas a la autorización ambiental, el ministerio de Ambiente alegó el respeto de los contratos para aprobar las prospecciones sísmicas, con medidas preventivas de dudosa eficacia. Uruguay pone en peligro su ecosistema marino a cambio de improbables beneficios, mientras el negocio de las petroleras nunca pierde.

Inicialmente, en la Ronda Uruguay de 2019 no se había presentado ninguna empresa.

Entonces, la petrolera estatal Ancap modificó el criterio y, en lugar de que fuera una convocatoria de plazo fijo, la redefinió como Ronda Uruguay Abierta en la que las empresas pueden presentarse en cualquier momento.

De esta manera, entre 2022 y 2024 Ancap firmó siete Contratos de Producción Compartida (CPC) cubriendo, por primera vez, todas las áreas o bloques ofrecidos en el mar uruguayo.

No solo se liberó el plazo, sino que invocando que “es política del Poder Ejecutivo promover las inversiones en exploración de hidrocarburos por la importancia que el éxito tendría para el país”, el Ministerio de Industria, Energía y Minería declaró “promovidas” las exploraciones petroleras en el mar en el marco de la Ley de Inversiones y les concedió un crédito por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las compras de las empresas (Decreto 261/024, 30-IX-24).

Challenger Energy (CEG), en bloques 1 y 3, Shell (BG International Ltd), en bloques 2 y 7, YPF en bloque 5, Consorcio APA/Shell en bloque 4 y APA Corporation en bloque 6 (ver imagen), firmaron los contratos de exploración y producción.

En los contratos CPC, Uruguay conserva la propiedad del subsuelo, la exploración es por cuenta y riesgo de la empresa y, si encuentra petróleo o gas comercializable, con la venta se pagan costos de operación y se dividen las ganancias.

Entre 2024 y 2025, las empresas presentaron los proyectos de prospección sísmica submarina en sus áreas respectivas al Ministerio de Ambiente pues en 2017 se reconoció que estas actividades requieren autorización ambiental.

Este Ministerio tiene la última palabra en las prospecciones y, si las llegara a rechazar, las empresas no podrían alegar un incumplimiento de los compromisos asumidos porque ese requisito se encuentra en los contratos firmados con Ancap.

La Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) asignó a las prospecciones la Categoría C, que corresponde a actividades “cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos”.

Al realizarse la Puesta de Manifiesto y la Audiencia Pública, se manifestó una fuerte oposición a las prospecciones sísmicas. tanto desde la academia como la ciudadanía en general, pero en el Ministerio empezaron a minimizar el alcance de su decisión.

En una reunión previa a la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, que tuvo lugar en Brasil en noviembre de 2025, las autoridades del Ministerio de Ambiente expresaron que “el país tiene larga trayectoria en el cumplimiento de acuerdos, en este sentido en principio se prevé se respeten los contratos de exploración firmados y por tanto se continúe con las actividades” (sic).

Con esta frase pretendían justificar la necesidad de autorizar las prospecciones.

Pocos días después, el ministro Edgardo Ortuño dio su aprobación y lo defendió diciendo que se exigían mayores restricciones y que se trataba de conocer si tenemos o no hidrocarburos.

“De comprobarse ─agregó─, habrá una etapa de diálogo nacional para saber si se explota o no esa riqueza”.

Esto es falso. Si hay un yacimiento, el contrato prevé que esa decisión será tomada por el Comité de Administración integrado en partes iguales por Ancap y la petrolera.

La autorización afirma que no se generarán impactos ambientales negativos irreversibles e incluye medidas de prevención tales como que el barco llevará cuatro observadores para visualizar en un radio de un kilómetro la presencia de cetáceos, tortugas o mamíferos marinos, y dos operadores de un sistema acústico para detectar emisiones de fauna submarina en la noche, si hay neblina o mar agitado, en cuyo caso deberían detener momentáneamente los disparos.

El barco lleva 72 fuentes de sonido con una potencia de 255 decibeles cada una y los disparos se realizan cada 10 segundos, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Esa presión sonora debe penetrar kilómetros bajo el lecho marino, pero por el agua se trasmite a muchos kilómetros más y afecta a todas las especies marinas. El rol en esas condiciones de los cuatro observadores con binoculares y los dos operadores con audífonos es totalmente superfluo.

Esas medidas son un relato para justificar las actividades petroleras submarinas, cuyos impactos negativos se conocen perfectamente, pero son minimizados por un imperativo político.

A pesar de proclamar la transición energética, el modelo de desarrollo basado en los combustibles fósiles y alimentado por las petroleras no ha sido abandonado. Uruguay y los técnicos oficiales no se han planteado ningún cuestionamiento, actúan como simples peones en ese proceso.

¿Por qué las empresas tienen interés en Uruguay?

En primer lugar, porque los gobiernos crearon las condiciones para que vengan.

La Ronda Uruguay fue diseñada por los técnicos de Ancap con esa finalidad, generando expectativas y ofreciendo incentivos económicos.

Aunque hasta hoy no se ha probado una presencia significativa de hidrocarburos en tierra firme o el subsuelo marino, siguen alentando esa posibilidad y los sueños de riqueza y bienestar que le atribuyen.

Justifican las expectativas por los hallazgos de Brasil en aguas profundas (presal) y la similitud de las cuencas submarinas de Uruguay y de Namibia al haber estado unidas antes de la separación de los continentes.

En Namibia, en 50 años, llevan realizadas 43 perforaciones submarinas. Los anuncios de descubrimientos promisorios de petróleo y gas en 2022 generaron un aluvión de inversiones, pero hasta el presente no han puesto en el mercado un solo barril.

A partir de la experiencia y estudios científicos, existen fundadas razones para sostener que la exploración de hidrocarburos en Uruguay no tendrá resultados positivos, pero esto no afecta el negocio de las petroleras.

El mercado petrolero es dominado por grandes empresas que actúan simultáneamente en varios países, tienen calculado el porcentaje de aciertos y fracasos de sus operaciones y participan activamente en la especulación financiera internacional.

Tuvimos un ejemplo de esto último aquí en 2017, cuando Schuepbach dijo que había encontrado petróleo en Cerro Padilla, departamento de Paysandú.

El entonces presidente Tabaré Vázquez convocó a sus antecesores para compartir el “hecho histórico”. Solo el ex presidente Jorge Batlle se animó a decir: “¡Ojalá no haya petróleo!”. Fue un fiasco, pero la petrolera ganó millones de dólares en esos días por el aumento de sus acciones en la Bolsa de Valores de Australia.

Con su poder económico y político, las petroleras nunca pierden, pues los países que las acogen son los que pagan después el costo de los pasivos ambientales y sociales que generan.