Hay una regla no escrita del comercio global que rara vez aparece en los tratados: lo que no se puede usar en casa, se vende afuera. Europa la practica con prolijidad burocrática y América Latina por ahora la recibe con mansedumbre regulatoria. El resultado es una desigualdad tóxica que no figura en el PBI, pero se respira, se come y se filtra en el agua.

Un reciente artículo científico publicado en la revista británica Proceedings of the Royal Society B ⁽²⁾ confirma con números lo que desde hace años advertimos desde esta página así como algunos organismos internacionales: casi la mitad de los plaguicidas autorizados para los principales cultivos de América Latina está prohibida en la Unión Europea.

No por razones ideológicas, sino por evidencia acumulada sobre sus efectos adversos en la salud humana, la biodiversidad y los ecosistemas. La OMS ha señalado reiteradamente que una fracción significativa de los plaguicidas de uso agrícola presenta riesgos inaceptables, especialmente en contextos con controles débiles y alta exposición laboral, como ocurre en buena parte del Sur global.

La FAO, por su parte, ha advertido que América Latina es hoy la región con mayor crecimiento en el uso de plaguicidas a nivel mundial, una tendencia asociada a la expansión del agronegocio, los monocultivos y la dependencia de paquetes tecnológicos químicos. En distintos informes, el organismo subraya que el aumento del rendimiento agrícola no puede evaluarse sin considerar los costos sanitarios y ambientales asociados, costos que rara vez asumen quienes se benefician económicamente del modelo.

El trabajo científico – elaborado por una red de investigadoras e investigadores latinoamericanos y europeos– pone cifras concretas a esa advertencia global. De 523 ingredientes activos aprobados en ocho países de nuestra región, 256 no están permitidos en la Unión Europea. Y aun, muchos de ellos se fabrican o formulan en países europeos y se exportan hacia estas tierras agrícolas, convertidas en laboratorio a cielo abierto del comercio químico internacional.

Uruguay aparece en ese mapa con una incomodidad particular. Ochenta y un ingredientes activos autorizados para cultivos clave – soja, maíz, arroz, trigo, uva– están prohibidos en Europa. Algunos se importan desde allí mismo, otros se producen localmente bajo licencia. El discurso del “Uruguay natural” convive, sin demasiadas preguntas públicas, con un modelo productivo que depende de sustancias vetadas en los mercados que compran sus granos.

La paradoja no es solo ambiental, es política. Europa exige alimentos con menos residuos, certificaciones estrictas y trazabilidad. Pero al mismo tiempo, como han señalado relatorías especiales de Naciones Unidas sobre derechos humanos y sustancias peligrosas, mantiene una práctica sistemática de doble estándar: prohíbe ciertos químicos dentro de sus fronteras mientras permite que sus empresas los exporten a países con regulaciones más laxas. En informes elevados al Consejo de Derechos Humanos, esta dinámica ha sido caracterizada como una forma de injusticia estructural que vulnera el derecho a la salud y a un ambiente sano.

El caso de la soja ilustra el problema con crudeza. Más de la mitad de la superficie cultivada en Uruguay está ocupada por un monocultivo transgénico que depende estructuralmente de herbicidas y otros plaguicidas altamente cuestionados. La pregunta es inevitable: ¿cuánta soberanía real tiene un país para prohibir un insumo cuando su matriz productiva gira alrededor de él? La respuesta no está en los ministerios, sino en el mercado y en el poder de lobby de las cadenas agroexportadoras.

Las consecuencias no se limitan a los campos fumigados. Los plaguicidas no distinguen entre cultivos de exportación y alimentos del mercado interno. Persisten en el ambiente, se bioacumulan y afectan a trabajadores rurales, comunidades cercanas, cursos de agua y polinizadores. La FAO y la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos han advertido que la pérdida de polinizadores representa una amenaza directa para la seguridad alimentaria global. Las abejas, sensibles y esenciales, se han convertido en un síntoma vivo de un sistema productivo que prioriza el rendimiento inmediato sobre el equilibrio ecológico.

Hay también una injusticia discursiva. Quienes producen de forma agroecológica u orgánica deben certificar, pagar y demostrar. Quienes producen con agrotóxicos prohibidos en otros continentes no están obligados a advertir nada. El veneno es invisible en la etiqueta, pero no en el cuerpo. La OMS ha insistido en que la falta de información adecuada sobre la exposición a plaguicidas constituye un problema de salud pública, especialmente en países agrícolas.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur aparece como el escenario donde todas estas contradicciones se ordenan y se legitiman. En nombre del libre comercio, Europa exige estándares sanitarios cada vez más estrictos para los alimentos que importa, mientras al mismo tiempo reduce aranceles y facilita la exportación de productos químicos que su propia legislación considera demasiado peligrosos para su población. No es cooperación, es externalización del riesgo, por decir lo menos.

Relatorías de Naciones Unidas han advertido que los acuerdos comerciales no deberían debilitar la capacidad de los Estados para proteger la salud humana y los ecosistemas. Sin embargo, el acuerdo UE – Mercosur avanza en la liberalización del comercio de productos químicos – incluidos los agrotóxicos– al tiempo que refuerza un modelo agroexportador dependiente de monocultivos y paquetes tecnológicos intensivos en plaguicidas. Se nos pide producir “mejor”, pero con insumos que otros ya no quieren usar.

La asimetría es evidente: Europa discute transición ecológica, mientras América Latina absorbe los costos sanitarios y ambientales de sostener la oferta global de alimentos baratos. La FAO ha sido clara en señalar que no existe seguridad alimentaria sin sostenibilidad ambiental. La OMS advierte que no hay salud pública posible con exposición crónica a sustancias peligrosas. Aun así, el acuerdo corre el eje del debate y no se pregunta qué se produce ni cómo, sino cuánto y cuán rápido.

Si el tratado se firma sin armonizar las normativas sobre plaguicidas, se consolidará un sistema de dos velocidades: derechos ambientales plenos en el Norte, tolerancia tóxica en el Sur. Un comercio que profundiza desigualdades y convierte a nuestros territorios en zonas de sacrificio químico. No es una exageración retórica: es la consecuencia lógica de prohibir en casa y vender afuera.

La discusión, entonces, no es técnica ni marginal, es profundamente política. Se trata de decidir si el desarrollo consiste en aceptar lo que otros descartan o en construir soberanía sanitaria, ambiental y productiva. Porque si un plaguicida es demasiado peligroso para Europa, también lo es para el Mercosur. Todo lo demás es doble discurso. Y el acuerdo, tal como está planteado, amenaza convertirlo en norma.